16 de julio de 2023
Mientras se estima que quedó atrás la falta de humedad en los campos que diezmó las cosechas, apuran inversiones para mitigar el impacto del cambio climático.
Sin agua. Producto de la sequía, presente desde 2020, fueron afectadas más de 175 millones de hectáreas.
Foto: NA
La escasez de lluvias durante las tres últimas campañas graníferas afectó al conjunto de la economía, a partir del recorte en las cosechas que redujo en 20.000 millones de dólares el ingreso de divisas por exportaciones. Se tornó así más delicada la situación del sector industrial, en gran medida dependiente de moneda dura para importar equipos, insumos y materias primas e intermedias.
Los pronósticos meteorológicos para las zonas agrícolas anticipan un ciclo inverso, con las precipitaciones invernales ligadas al fenómeno de El Niño. Hay coincidencia, sin embargo, en que no basta con mirar al cielo y esperar la acumulación de nubes, toda vez que la inseguridad hídrica es la principal amenaza para el desarrollo rural. Al punto que, sin inversiones en adaptación, el país podría perder hacia 2050 el 5% de su PIB y 10% de ingresos fiscales, según estimaciones del Banco Mundial.
Para reforzar las medidas de mitigación del cambio climático, también en áreas urbanas, el Gobierno nacional recibió recientemente un crédito de 350 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sumará recursos a los que ya destina el Tesoro, con el fin de abordar la problemática de modo integral.
Los técnicos y funcionarios del área advierten, por lo pronto, que salir de una sequía tan prolongada será un proceso lento, que requerirá de varios eventos de precipitación normales y que transiten en el tiempo.
Un riesgo cierto radica en eventuales lluvias intensas, frente a suelos con una menor capacidad de absorción. «Si precipita mucha cantidad de agua en poco tiempo se transforma en escorrentía que erosiona el suelo, quita sus nutrientes y arrasa cultivos», evalúan desde el Servicio Meteorológico Nacional en referencia al Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que el déficit en los requisitos hídricos de cultivos y pasturas, por la sequía iniciada en 2020, llegó a afectar en diciembre pasado (en distintos grados) a más de 175 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Aún en mayo último la seca castigaba a 151 millones de hectáreas.
Entre las medidas de pronta aplicación a fin de paliar esa situación crítica se pondrá en marcha el uso de incentivos para promover la adopción de prácticas innovadoras. El objetivo, con foco en pequeños y medianos agricultores, es aumentar la eficiencia hídrica en cuencas con escasez de agua, mediante el uso de herramientas digitales.
El plan tiene en cuenta los limitados niveles de eficiencia actuales en el riego, tanto en los sistemas de distribución como en la aplicación a nivel parcelario, debido al mal estado de la infraestructura, la baja incorporación de tecnologías intrafinca y los modelos de gestión que no promueven la mejora tecnológica y el ahorro del agua. Para paliar esos déficits se implementará un proyecto piloto de Pagos por Servicios Ecosistémicos, que se enfocará en agricultores de áreas rurales en provincias del oeste argentino. Esos agricultores recibirán pagos por adoptar y utilizar prácticas avanzadas de gestión del riego que los ayudarán a optimizar el uso del agua, reducir las pérdidas y aumentar su resiliencia a los desafíos relacionados con el clima. La iniciativa se enmarca en dos programas ya en ejecución, el de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y el de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas (PROVIAR), y cuenta con un aporte no reembolsable del BID de 200.000 dólares.
Vulnerables
Según los estudios preliminares, las provincias del oeste son altamente vulnerables al cambio climático. Entre los impactos proyectados se observan el aumento y prolongación de los periodos de escasez hídrica, las restricciones en la disponibilidad de agua para el riego olivícola, vitivinícola y frutihortícola (en Cuyo), la reducción de caudales de ríos y la disminución de la disponibilidad de agua y un incremento de sequías, mayor evapotranspiración e intensificación del proceso de desertificación (en la Patagonia).
Se estima que, por el incremento de temperatura y la disminución de precipitaciones níveas, los caudales de los ríos de Cuyo y Patagonia se reducirían entre un 7% y 29%. A la vez, el aumento de la temperatura también traerá aparejado un incremento de la necesidad de riego: de no realizarse inversiones en los sistemas actuales las pérdidas totales de producción ascenderían al 24% de la superficie irrigada.
Las sequías también agravaron los incendios forestales en los últimos dos años: las áreas afectadas por el fuego aumentaron 62% en 2022. Los modelos de cambio climático proyectan un aumento de las precipitaciones y de temperatura hacia finales del siglo (0,5 a 1°C), con fuertes consecuencias para el sector productivo.
A fin de mitigar esas consecuencias, la tecnología a promover para la mejor gestión hídrica se basará en el uso de herramientas de big data e inteligencia artificial que, combinadas con datos satelitales, climáticos y de suelo, harán entrega de recomendaciones de riego precisas.
Como resultado de la iniciativa se prevé una mayor eficiencia en el uso del agua de los agricultores participantes, gracias al uso de tecnologías afines, con una meta inicial de 80.000 m3 anuales ahorrados, en un área total de 900 hectáreas. Se espera así generar aprendizajes para escalar modelos de incentivos a la adopción de técnicas, prácticas, políticas públicas y herramientas de gestión que favorezcan el ahorro de agua de riego como medio de disminución del riego agrícola.
