16 de septiembre de 2022
Al clima represivo, expresado en las incontables causas contra Milagro Sala, se suma el intento de criminalizar la disidencia desde la propia Constitución.
Morales. El gobernador presentó su proyecto de reforma, resistido por organizaciones sociales.
Foto: Télam
La criminalización de las disidencias políticas y sociales que ejecuta desde hace años el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y que se multiplicaron en los últimos meses podría ser legalizada de prosperar el proyecto de modificar la Constitución local, una pretensión del oficialismo y sus aliados repudiada por las organizaciones que representan a los excluidos que han formulado reiteradas denuncias sobre espionaje, detenciones arbitrarias y amedrentamiento.
El propio carcelero de Milagro Sala anunció abiertamente los alcances y propósitos de su propuesta: «Necesitamos urgente esta reforma, necesitamos urgente poner restricción al indulto, necesitamos urgente regular los cortes de ruta, regular el derecho de protesta en el marco de los preceptos de las Naciones Unidas. Necesitamos urgente la vía ejecutiva para el cobro de las multas por aquellas contravenciones que afecten la paz social. Necesitamos dar certeza de que reafirmamos que lo que hicimos hasta acá no se va a modificar en las próximas décadas», afirmó.
Uno de los métodos utilizados por el mandatario jujeño para perseguir a sus enemigos es el armado de causas con el auxilio de un Poder Judicial que se le subordina incondicionalmente. Hace algunos días fue declarado «insano» e internado contra su voluntad en un establecimiento psiquiátrico uno de los testigos de la propia Fiscalía en las causas contra Sala tras haber asegurado que fue extorsionado con el ofrecimiento de un ascenso si declaraba contra la líder de la Tupac Amaru.
También se recurre con frecuencia a operaciones de espionaje como la infiltración de agentes policiales en emisoras radiales de baja frecuencia (Caso Radio Pueblo) o a la identificación sistemática y a menudo clandestina de quienes asisten a distintas actividades políticas sociales o culturales. En tal sentido, miembros de la Asamblea Trabajo y Dignidad denunciaron que personal policial sacó fotos de una reunión que se realizaba en un salón de la ciudad de Palpalá y se acercó a preguntar quiénes eran y por qué estaban reunidos, pese a que trabajan en ese espacio hace más de dos años.
Casualidades
Otro hecho de gravedad tuvo como víctima a un referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien fue secuestrado y estuvo cautivo durante más de 10 horas. Cuando caminaba por la colectora de la ruta 66 frenó violentamente un vehículo policial, al que lo subieron encapuchado y con las manos atadas para después trasladarlo a un lugar oscuro donde permaneció hasta que fue devuelto –sin sacarle la capucha– al mismo lugar donde había sido levantado.
La brutal represión que se ha cobrado decenas de heridos y detenidos ha generado la reacción unánime de un conjunto de organizaciones sociales y políticas jujeñas que denunciaron haber accedido al contenido de expedientes judiciales donde queda en evidencia la infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales en sus filas, a partir de lo cual se obtiene información y se la envía a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública N° 2, a cargo de Diego Funes. Con esos elementos y actuando de oficio, el funcionario arma imputaciones por «asociación ilícita» y «extorsión» contra dirigentes y militantes de las agrupaciones que molestan al poder, en abierta violación a las leyes nacionales de Inteligencia y de Seguridad Interior.
Con referencia a las atrocidades cometidas en la provincia, el equipo de abogados de Milagro Sala elaboró un documento en el que se exponen los detalles de la persecución que sufren ella y sus colaboradores. Allí se destaca, por ejemplo, la enorme presión que se ejerció mediante amenazas sobre Mirta Guerrero (Shakira) para que declarara contra Milagro, a quien había elogiado y reivindicado poco tiempo antes.
Pero una precisión contenida en el documento es la que permite determinar el tipo de testigos utilizados por la fiscalía. «Pilo» Mansilla –que dejó la Tupac en 2010 y actualmente está contratado por el Gobierno provincial para actos oficiales– fue preso pocos años después por abuso sexual con empalamiento. Cuando se le levantó la preventiva, tras encontrarse «casualmente» con un abogado de Morales, lo primero que hizo fue presentarse «espontáneamente» a declarar contra Milagro en una causa que se había cerrado en 2012, por el supuesto robo de un expediente. Su testimonio es la única prueba. Por esas cuestiones del azar, al mismo tiempo que se iniciaba el juicio se elevaba la causa de Mansilla por el empalamiento, no fuera a ser cosa de que el hombre se arrepintiera.
