6 de julio de 2021

Los debates sobre la presencialidad exponen una notable paradoja. El proyecto neoliberal viene defendiendo por razones ideológicas y de negocios la expansión de la modalidad virtual como un fin en sí mismo. La sentencia de Rodríguez Larreta que reza: «Para nosotros, es de vida o muerte el regreso de las clases presenciales» puede tener dos interpretaciones. Una es que la educación resulta una prioridad en el proyecto del Gobierno porteño. Sería muy difícil, a partir de datos objetivos, defender esta interpretación. El presupuesto educativo pasó de 27,8% del total en 2007 al 17,18% aprobado en 2021 convirtiendo a CABA –la jurisdicción más rica del país– en la que menos recursos le aporta a educación. Entre 2015 y 2019 el salario docente cayó 23,9% en términos reales y en 2020 se reorientaron 370 millones de pesos originalmente afectados al Plan Sarmiento para la educación privada. Otra interpretación, inconfesable, es que detrás de afirmaciones rimbombantes se esconde una verdadera política de muerte. En países como Alemania, Francia e incluso Uruguay con indicadores muy inferiores a los de la CABA se han cerrado las escuelas. Es que el problema no está solo en las instituciones educativas sino en la circulación que se produce al abrirlas. Un Gobierno como el porteño, que ha asumido un concepto tecnocrático de calidad educativa y que ha reducido notablemente los recursos tanto para la educación presencial como virtual no puede aducir la prioridad de la educación como eje de su política. Pero lo más grave es que lo que está en debate no es una política educativa sino una política sanitaria en un contexto inédito de pandemia. Y quien no pone en el centro la defensa de la vida, por default, se enrola irresponsablemente en el bando de la muerte. Un drama de época que exige respuestas colectivas que repongan el derecho a vivir.