12 de diciembre de 2019
La controvertida decisión del Tribunal de Justicia que le otorgó la libertad a Keiko Fujimori abre un nuevo escenario en Perú, aunque la situación de la líder derechista sigue siendo crítica. Acusada de encabezar una organización de lavado dinero destinado a financiar su campaña presidencial de 2011 (en forma oculta mediante la constructora brasileña Obredecht), Keiko y otro conjunto de empresarios enfrentan un juicio que va sumando elementos en su contra. Dionisio Romero, jefe del holding que forma parte del Banco de Crédito de Perú, reconoció que apoyó con 3.650.000 dólares la campaña de la líder de Fuerza Popular porque podía derrotar «al partido financiado por Venezuela», en relación a la formación liderada por Ollanta Humala. Sin embargo, y según sondeos previos al comicio, Keiko no figuraba como favorita. A ello se suman otras confesiones de aportes empresarios, por caso la de José Graña Miró Quesada al señalar que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) hizo un aporte de 240.000 dólares. Desde el fujimorismo creen que la decisión de la Justicia podría revitalizar el espacio político de cara a las legislativas de enero de 2020. El partido de los Fujimori atraviesa una de sus peores crisis debido a las denuncias de corrupción y al rechazo popular a Keiko. Pese a ello, sigue siendo un actor político influyente.
Keiko. Rodeada por policías al salir de prisión. (Gonzales/AFP/Dachary)
