Con una caída sostenida en las ventas desde 2015, la industria editorial atraviesa una crisis que busca paliar con un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Los sellos multinacionales y la concentración del mercado. El rol del Estado.
26 de junio de 2019
El departamento había sido puesto en venta por una investigadora del Conicet. Las consultas y los pedidos de informes son de rigor en esos casos, pero a veces surgen dudas que resultan inesperadas: uno de los interesados, sorprendido al ver la biblioteca que ocupaba uno de los ambientes, le preguntó a la dueña para qué necesitaba tantos libros. «El interrogante es significativo. Hace un tiempo era impensable, pero hoy la cultura del libro se está perdiendo», dice el sociólogo Alejandro Dujovne.
Investigador especializado en estudios sobre el libro y la edición, Dujovne trabajó en la elaboración del proyecto del Instituto Nacional del Libro Argentino, presentado por Daniel Filmus en la Cámara de Diputados. «Es imprescindible que el derecho de acceso a los libros esté garantizado por el Estado, que el libro sea una política de Estado más allá del gobierno de turno», dijo el diputado de Unidad Ciudadana en un acto realizado en la última Feria Internacional del Libro.
Las estadísticas de la Cámara Argentina del Libro registran una caída acumulada del 35% en las ventas desde 2015, mientras la cantidad de ejemplares impresos se redujo en un tercio en el mismo período. El impacto de la crisis se verifica en el cierre de pequeñas y medianas librerías y la pérdida de empleo directo e indirecto en todos los sectores relacionados con la actividad (entre ellos, 5.000 puestos en la industria gráfica).
Ante semejante cuadro, el proyecto de un Instituto Nacional del Libro se propone replantear el rol del Estado, el gran ausente en el debate actual, y conformar un ente que diseñe políticas de largo plazo, para enfrentar problemas estructurales y recuperar una industria sujeta «al azar del mercado», dice Javier Marín, director de Ediciones Desde la Gente y de las Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.
La consigna del proyecto, «con libros hay futuro», apunta a pensar en el lugar social de la lectura. «Si se deja a la cultura y al libro librados al mercado hacemos que los desequilibrios se agudicen y que no haya un acceso igualitario, democrático, ni bibliodiversidad, más en situaciones de crisis como las que vivimos», enfatiza Dujovne.
Dos problemas
Las regulaciones que dieron forma al universo del libro en Argentina tienen una historia que se remonta a 1870, cuando el presidente Domingo Sarmiento promulgó la ley de protección a las bibliotecas populares, y llega hasta 2001, con la sanción de la ley del libro, que determinó la normativa de precio fijo para los libros en todo el territorio nacional, un recurso para evitar la competencia desleal de grandes empresas.
La ley del libro preveía ya la conformación de un consejo asesor que no se puso en marcha. En 2009, el diputado Jorge Coscia presentó el proyecto de un Instituto del Libro, que quedó bloqueado en el Senado. En 2014 hubo una nueva presentación, que perdió estado parlamentario al año siguiente. «El proyecto actual es la creación de un ente dentro de la Secretaría de Cultura, en el que estarán representados los distintos actores. Nosotros planteamos objetivos y misiones, pero la política y las medidas concretas son las que ese instituto va a generar una vez que funcione», aclara Dujovne.
Entre esos objetivos, Dujovne destaca la necesidad de actuar ante dos problemas estructurales. La concentración geográfica de las librerías: el 70% se encuentra en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, por lo que amplias zonas del país tienen dificultades de acceso a los libros. Y la reducción y concentración editorial, un proceso que comenzó hacia fines de los años 90 con la extranjerización de editoriales emblemáticas, como Emecé, Paidós y Sudamericana, absorbidas por empresas transnacionales.
Los sellos independientes y alternativos deben lidiar con la baja del consumo y el aumento de costos. «Las condiciones en que se producen libros en Argentina hacen difícil proyectar un trabajo sostenible a mediano y largo plazo», señala Javier Marín. «En una economía en inflación hay muchos factores que repercuten en el libro rápidamente. Si sube el dólar, aumentan los insumos importados, como el papel, y al incremento de los combustibles le sigue el de transportes».
Clara Anich, de la Unión de Escritoras y Escritores, comparte el diagnóstico: «El mercado editorial argentino es chico, las tiradas de la mayoría de las editoriales son muy acotadas. Si bien tenemos una bibliodiversidad muy rica, la cantidad de proyectos independientes, autogestivos, cooperativos, fanzines, digitales, no llega a compensar, y eso repercute en todos los eslabones de la cadena», dice. El Instituto del Libro, puntualiza, debería proteger la creación «de manera explícita» y promover, entre otras medidas, programas de fomento a la lectura, ya que «ampliar el mercado es hacer crecer la cantidad de lectoras y lectores, pero no solo de librerías sino también reforzando los vínculos con las bibliotecas populares, con docentes y escuelas».
«¿Qué hacen los municipios, las provincias, el Estado nacional, para promover un desarrollo editorial y librero en las provincias?», se pregunta Alejandro Dujovne. «El mercado no soluciona ese problema. En un momento inicial necesitás apoyo, acompañamiento, acuerdos con el Correo para una distribución más eficaz. El librero que está en una zona alejada de Buenos Aires se ve económicamente en desventaja con los costos del trasporte. Es necesario el fomento de librerías en pueblos y ciudades donde no existen».
Para Javier Marín, también está en juego «una cuestión de soberanía idiomática, porque cuando las empresas transnacionales dominan la mayor parte del mercado lo que se produce en Argentina queda muy de costado». En ese sentido, dice el director de Desde la Gente, «el Estado no solo es responsable con las editoriales sino también con el público lector, que tiene derecho de acceso a esos bienes culturales».
A la deriva
En la inauguración de la última Feria del Libro, la mayoría de los asistentes se volvió de espaldas ante el discurso del secretario de Cultura, Pablo Avellutto. «No hay nada sobre lo que el Gobierno nacional pueda mostrar una política, sino una deriva empobrecida, sin recursos y sin imaginación, de lo que se venía haciendo antes», dice Dujovne.
La experiencia internacional demuestra que los mercados nacionales del libro se desarrollan con la participación de «un Estado inteligente, sensible, que actuó acompañando al sector no de una manera paternalista, ni replegándose, sino tratando de construir canales y ámbitos de negociación», agrega Dujovne. Algo que en la coyuntura argentina parece difícil de conseguir, «pero no queremos hacer de la experiencia una fatalidad. Es necesario sustraernos de los conflictos para pensar políticas de largo plazo, porque Argentina fue perdiendo su lugar en la producción de libros, incluso frente a países que no tienen una tradición editorial comparable, como Colombia. Y de seguir ese proceso de declive, en unos años vamos a terminar homenajeando a lo que fue alguna vez el libro argentino».
Si bien Daniel Filmus se manifestó optimista respecto de una próxima aprobación del proyecto, ya que todos los partidos con representación parlamentaria expresaron su apoyo, Dujovne anticipa algunos obstáculos: «El oficialismo tiene otras prioridades, claramente la cultura no está entre ellas. Que el proyecto se debata y apruebe dependerá del consenso y del apoyo de los sectores de la cultura», dice. Marín observa el mismo escenario: «En principio es auspicioso que haya un proyecto presentado en la Cámara de Diputados. Habrá que dar la pelea para que tenga un contenido real y ayude a todos los interesados en la suerte del libro argentino».
