23 de febrero de 2016
Con el despido de casi la mitad de sus trabajadores, el Programa Nacional de Salud Sexual, creado en 2003, ve tambalear su continuidad. El futuro de los derechos de millones de mujeres.
Propuestas. Como parte de su trabajo educativo, el programa presentó en 2014 un juego de mesa con información y materiales didácticos para trabajar en talleres. (Télam)
A casi 60 años de la creación de la primera píldora anticonceptiva de la historia, pareciera que aún hoy persisten las dificultades para que todas las mujeres ejerzan su sexualidad libremente, con la posibilidad de decidir si quieren o no procrear, y cuándo y con quién hacerlo. Para muchas, acceder a los métodos anticonceptivos tradicionales –preservativos, pastillas, DIU, anticonceptivo subdérmico– puede resultar sencillo, sobre todo si se cuenta con obra social o prepaga, pero sin dudas aquellas otras que no disponen de recursos económicos y se hallan en una situación social vulnerable deben contar con la asistencia del Estado, garante de los derechos humanos, que incluyen también los derechos sexuales y reproductivos.
En 2003, no sin una ardua lucha de muchas organizaciones sociales, se creó a través de la ley 25.673 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (pnssypr), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Desde ese año, millones de mujeres pudieron acceder al sexo seguro ya que desde el programa se lleva a cabo la entrega de insumos anticonceptivos a las provincias para su distribución gratuita en los centros de atención primaria y hospitales públicos, a solicitud de las/os usuarias/os, con asesoramiento o consejería especializada. Estos insumos van desde preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental para su colocación. Por otra parte, se brinda asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales para la implementación de programas locales y se da capacitación a los equipos de salud mediante la articulación con el Programa de Médicos Comunitarios. Fue desde este programa que se realizaron las guías para la atención de abortos no punibles y también aquellas destinadas a que se cumpla con la Ley de Identidad de Género. De hecho, ni bien sancionada la norma, desde el ámbito del programa se implementaron líneas de acción para la provisión gratuita de los tratamientos hormonales para las personas trans.
Recientemente, y como consecuencia directa del llamado «proceso de organización», así denominado por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, fueron despedidos del programa una veintena de trabajadores de un total de 55 que desempeñaban funciones en diversas áreas, con el argumento de que se puede seguir con la misma tarea con tan solo 15 personas.
«El programa tiene que seguir avanzando, tiene que tener continuidad en el tiempo, claridad, no solo no hay que achicarlo y desmantelarlo sino que hay que garantizar que se cuente con el presupuesto para seguir adelante con las tareas. Con 15 personas trabajando pasaría a ser una oficina administrativa, es imposible, y grave además con la relevancia que tiene la temática», aseguró, en diálogo con Acción, Pedro Lynn, delegado gremial de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Políticas de género
Por su parte, Marta Alanis, referente de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien además desde hace 8 años integra el consejo asesor del programa, ve con temor la actitud de los actuales funcionarios de la cartera sanitaria y específicamente la concerniente a la salud sexual y reproductiva. «El programa es un logro que les llevó 10 años a los movimientos de mujeres. Primero lograr una ley y luego un programa, con una gran oposición de la jerarquía católica. Luego de 12 años, que el programa se reduzca a su mínima expresión no nos gustaría para nada y no dejaremos de hacer todo lo posible para que siga con todos sus contenidos. No se tiene que volver atrás con las políticas de género, se tiene que seguir trabajando en el tema de la violencia, ya sea simbólica, obstétrica, institucional, en la trata de personas; queremos que no nos reduzcan el contenido de las políticas de género a su mínima expresión, este es el deseo de todas las personas que tenemos compromisos con los derechos humanos de las mujeres; no queremos retroceder 30 años», enfatizó consultada por Acción.
Recursos. Historietas de la vida real,elaborada por especialistas del
Ministerio. (Ministerio de Salud)
Quien también expresó su preocupación frente a la posibilidad del desmantelamiento del PnSSyPR fue la diputada socialista Silvia Augsburger, una de las impulsoras de la ley que permitió su creación. «Desde principio de año las organizaciones estamos en alerta debido al decreto 114/16 del 13 de enero, que modificó y reorganizó distintas áreas del Ministerio de Salud, lo que vimos con gran preocupación debido a que no quedaba clara la estructura, el personal ni el financiamiento del programa de salud sexual», indicó en declaraciones a un medio parlamentario.
La legisladora planteó la necesidad de que «el programa se mantenga vigente, lo que significa que lo doten de personal y recursos suficientes para seguir interviniendo en el campo. Exigimos al gobierno nacional que sostenga una acertada política que garantice derechos, porque al no hacerlo viola no solo la legislación nacional, sino tratados internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra La Mujer (CEDAW) y va en contra de los objetivos propuestos por la OMS para luchar contra enfermedades de transmisión sexual».
Por su parte, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta publicó un comunicado en el que sostienen que «el vaciamiento del Programa continua día a día y no hay mensajes que nos indiquen que el Programa continuará sosteniendo los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de las políticas de salud pública desde un enfoque centrado en el marco de derechos y equidad de género».
Desde el sector de los trabajadores, a los cuales en su mayoría al cierre de esta edición ya les había llegado el telegrama de despido, se responsabilizó por esta medida a la recientemente asumida subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Dora Saráchaga, quien, señalan, «sin ningún criterio» tomó la decisión de echar a los trabajadores del programa. «La reunión con Saráchaga fue terrible, la responsabilizamos a ella por la decisión de los despidos, algo que hizo de forma absolutamente irracional, sin ningún criterio; ahora la responsabilidad de resolver esto es de Néstor Abel Pérez Baliño. La funcionaria dijo que los 19 despidos eran solo el comienzo, y que su decisión era que el Programa de Salud Sexual tenía que funcionar con 15 personas, lo que representaría 20 despidos más de un total de 55 trabajadores que se desempeñaban allí», indicó Lynn.
En concreto, lo que le advirtieron los trabajadores a Pérez Baliño, actual secretario de Promoción de Programas Sanitarios y Salud Comunitaria de la Nación, es que el desmantelamiento del Programa pondría en riesgo la prevención de embarazos no deseados, de abortos y muertes de mujeres, el acceso a tratamientos de fertilidad, la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos en todo el país, la capacitación de equipos de salud, el acceso a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva, la formación de promotoras y promotores de salud, la multiplicación de actividades de prevención en la comunidad y la posibilidad de acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal para personas trans.
Prioridades
Sin embargo, no todas parecen ser malas noticias. Según las organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, la llegada de Silvia Oizerovich como coordinadora del programa abriría una luz de esperanza para la continuidad del trabajo que se venía llevando a cabo. Oizerovich fue presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, es médica ginecóloga del Hospital Pirovano y también supo presidir la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.
«Oizerovich es parte del Consejo asesor desde hace muchos años, viene de la época de Ginés González García. La conocemos, es una mujer muy comprometida, recta, muy capaz. Ahora bien, ella podrá ir hasta donde la dejen, si no tiene presupuesto ni métodos anticonceptivos no podrá. En cambio, si le facilitan la gestión con presupuesto y con personal capacitado hará una trabajo excelente; le damos un voto de confianza a su persona, pero sabemos que muchas cosas no van a depender de su buena voluntad», manifestó Alanis.
Quien también se mostró entusiasta con la designación de Oizerovich es Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), aunque abogó por que haya más información sobre la actividad que se realiza en el ámbito ministerial. «Creo que Oizerovich es la garantía de que no se desmantele el programa. Respecto al personal no es posible saber cuántas personas había, por eso, ante las denuncias de que han sido desplazados, me parece que sería necesario poder tener información respecto de cuántas personas había y la situación en que revistaban. En general, en la página del programa desde hace bastante tiempo no se tiene información actualizada y es así que no nos podíamos enterar de esto ni tampoco de las actividades que realizaban. Esperemos que se acabe la falta de información y que incluso se difunda el personal, sus funciones y quienes continúan o no», señaló.
Consultada respecto de si considera que las políticas y las líneas de acción del Programa de Salud Sexual son una prioridad para la actual gestión, respondió que «no sabe, porque no se habló de prioridades en Salud, es un tema que no ha sido prácticamente mencionado en la campaña ni ahora. El ministro Jorge Lemus, ante preguntas que le hicieron en distintos medios, siempre dijo que iba a respetar la ley y este programa lo estableció una ley nacional, así que debemos entender que le caben las generales de la ley. Debemos estar atentas y monitorear».
La realidad es que hasta el momento, los trabajadores desplazados cuentan únicamente con la casi promesa de Pérez Baliño de que «se iban a corregir los errores», en referencia a los despidos decididos por Saráchaga, pero al cierre de esta edición todavía no se había dictado la pertinente resolución para dar marcha a atrás y reincorporar a los trabajadores.
«Todavía no podemos denunciar, está por verse lo que va a pasar. Lo que sí estamos viendo es que se achica el Estado y hay quienes hacen la lectura de que está muy expandido, pero lo cierto es que hemos vivido 12 años de un Estado mucho más presente, ocupándose más de las personas, de los sectores vulnerables; sin el Estado no podemos garantizar la igualdad de las mujeres para acceder a la salud reproductiva o de las trans para acceder a derechos conquistados. No nos queremos anticipar, vamos a ser convocados a una próxima reunión en los próximos días, escucharemos y estaremos atentas», finalizó Alanis.
—María Carolina Stegman
