31 de marzo de 2016

Por las graves consecuencias que acarrea la implantación de barrios cerrados en el Delta del Paraná, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que ordene la paralización de estas obras en la zona y solicitó que se exhorte a las autoridades a que «instaure un plan integral de contingencias con el propósito de disminuir y/o prevenir los extensos daños provocados por las intensas precipitaciones». Entre otros efectos de la construcción de urbanizaciones cerradas sobre tierras inundables, el fiscal señala el impacto sobre el medio ambiente, los estragos a la propiedad pública y privada e, incluso, la pérdida de vidas humanas.