12 de julio de 2019
«Por cuestiones técnicas». Esa fue la razón que esgrimieron los empresarios argentinos al abstenerse en la votación del Convenio contra la Violencia de Género y Acoso Laboral elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de constituir un marco jurídico para la gestión de herramientas y políticas locales que permitan hacer frente a las situaciones de desigualdad en los lugares de empleo.
La postura sostenida por el sector patronal recibió duras críticas desde distintos ámbitos, nacionales e internacionales, sobre todo por la debilidad de los argumentos. El documento –que cosechó 439 votos a favor, 7 abstenciones y 30 en contra– establece que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo «pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos», reconociendo al «hostigamiento psicológico en forma sistemática» como una forma de violencia. También contempla la protección de terceros, sobre todo pensando en el sector de servicio doméstico y las prácticas de abuso por parte de familiares o conocidos de los empleadores.
