12 de diciembre de 2018
Con la esperanza de que la omnipresencia del tema de la inseguridad en la agenda mediática oscurezca los efectos de la política económica y social de su gobierno y le permita así aspirar a la reelección, Mauricio Macri decidió aferrarse al «manodurismo». Para intentarlo, cuenta con el protagonismo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –quién acredita el mérito de haber salido indemne de innumerables papelones– y con la permanente incondicionalidad de la prensa hegemónica.
El protocolo sobre el uso de armas de las fuerzas policiales federales anunciado por la funcionaria, y resistido incluso por importantes dirigentes de Cambiemos, constituye –en opinión de los expertos– un verdadero mamarracho jurídico, crea figuras absurdas como la de la «fuga en forma amenazante» y pretende garantizarles impunidad a los cultores del «gatillo fácil» en abierta violación a disposiciones constitucionales, pactos internacionales y a los códigos Civil y Procesal, por lo cual quienes se atengan a él se exponen a condenas judiciales.
A lo expuesto se añade que, para justificar su decisión, Bullrich ha recurrido una vez más a afirmar un dato falso: que «el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en la Argentina lo hace a manos de un delincuente». Trabajos académicos, entre ellos uno de la Universidad de Lanús, determinan que solo un tercio de esos casos corresponde a muertes por agresión y el resto a suicidios o accidentes. Más aún, entre las primeras, las principales causas son los incidentes familiares o vecinales y los femicidios.
En un país donde la mitad de los niños son pobres y la mayor inseguridad es no poder llevar un plato de comida a la mesa, sostener que los hechos delictivos se enfrentan metiendo bala implica apoyarse en el fundado temor de los ciudadanos para convertirlo en un instrumento de control social que consolide el ajuste.
