29 de abril de 2020
La muerte de un detenido de la U-23 de Florencio Varela y otro en Corrientes, el penal de Devoto tomado, las protestas en las 300 cárceles de la Argentina para solicitar libertades anticipadas, conmutación de penas y arrestos domiciliarios recomendadas por organismos internacionales son algunas expresiones de la grave situación que se vive entre rejas por el COVID-19. Las cárceles están superpobladas y más de la mitad de los detenidos no tiene sentencia firme, la mayoría por delitos contra el patrimonio o infracción a la ley de drogas. De allí surgen los pedidos de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre casos puntuales como los de mujeres embarazadas o con hijos prisionizados, o personas en edad de riesgo o con enfermedades previas agravante, como tuberculosis, VIH o asma. «No morir en la cárcel» es el lema del reclamo masivo que se inició en el penal porteño con quema de colchones y batucadas. En prisiones bonaerenses había cerca de 1.200 detenidos en huelga de hambre. Muchos de los contagios fueron producidos por el personal con contactos con el exterior, como los guardiacárceles.
