13 de febrero de 2025
La venta de la empresa estatal con criterios de mercado pondrá en riesgo las metas de universalizar el servicio y atender urgencias ambientales.
Recortes. La reducción presupuestaria provocó la postergación de proyectos de agua potable y desagües cloacales.
Foto: Jorge Aloy
El agua potable como mercancía transable y sujeta a los vaivenes del mercado es el paradigma que sostienen los proyectos neoliberales y que el gobierno libertario se prepara para consagrar en la zona metropolitana (con una «clientela» de 14 millones de habitantes), mediante la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos (AySA). La decisión, de previsibles consecuencias sociales y ambientales, se apoya en motivos tanto ideológicos como fiscales, es decir, de recorte de recursos presupuestarios.
De hecho, desde el comienzo de la gestión actual, se recortaron más del 50% de los gastos corrientes, lo que incluyó la desvinculación (datos hasta septiembre pasado) de 1.240 trabajadores, el 16% del personal que tenía la empresa. Más extrema aún fue la reducción en los gastos de capital (inversiones), que insumieron el año pasado un 82% menos que en 2023.
Así, el éxito del que se jactan funcionarios y aplauden organismos acreedores tuvo como contrapartida la insatisfacción de necesidades populares, al postergarse obras de agua potable y desagües cloacales en el área de concesión de AySA. Esto es, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 partidos de la Provincia: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Desde la Casa Rosada se atribuyó la suspensión de esos trabajos, que habían sido programados en beneficio de millones de bonaerenses, a que se trataba de meros acuerdos entre la empresa y los intendentes del conurbano «con fines políticos», según aseguro el oficialismo.
A fin de allanar el camino a los futuros concesionarios privados, la «racionalización» de gastos (que incluyó el cierre de oficinas de atención al público ubicadas en el Gran Buenos Aires), se complementó con la actualización tarifaria mensual de los servicios de AySA. En ese proceso se eliminaron subsidios y se acotó el número de beneficiarios del régimen de tarifa social. Desde abril del año pasado, además, los usuarios reciben facturas ajustadas según una fórmula que considera los índices de precios (minorista y mayorista) y de salarios. Un reciente informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y del Conicet calculó que el valor del servicio aumentó el 331% en un año.
Denuncias y futuro
La consecuencia fue el crecimiento en la cantidad de usuarios en mora, que llegó a alcanzar a uno de cada seis de los domicilios que forman parte de la red. En ese marco, el juzgado contencioso de Morón concedió un amparo a solicitud del intendente de Hurlingham, Damián Selci, que exige retrotraer las tarifas y devolver a los contribuyentes los aumentos cobrados. Previamente, a fines de noviembre, la empresa había anunciado que comenzaría a cortar el servicio a los morosos.
Tras la denuncia de los primeros casos de reducción del flujo de agua domiciliaria, entidades de defensa del consumidor recordaron que el corte total está prohibido por ley. De todos modos, «teniendo en cuenta que el nivel de presión en muchas zonas del Gran Buenos Aires es muy bajo, la reducción del caudal termina siendo en realidad una interrupción del servicio para los hogares», advirtió Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. «El acceso al agua y cloacas es un derecho humano básico y como tal debería ser respetado», agregó.
Obras. El año pasado, el monto de las inversiones fue un 82% menor que en 2023.
Foto: Archivo/Télam
El gobierno nacional exhibe un criterio opuesto, por lo cual AySA fue incluida en la lista de «privatizables» de la ley Bases, junto con Intercargo, Correo Argentino, Enarsa, SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria), Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica, YCRT y Corredores Viales.
El presidente de la compañía, Alejo Maxit (exdirector de Telecom), confirmó que la intención es «vender el 90%» que hoy depende del Estado nacional (el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria)». Para eso, precisó, «se necesita un nuevo contrato de concesión, un nuevo marco regulatorio, un estatuto que permita que al final se deje una empresa ordenada y que el Estado se retire».
El procedimiento de traspaso mantendría el esquema actual que tiene a la empresa como «concesionaria y operadora» de los servicios y al Estado como dueño de los activos y de la infraestructura. Lo que resta definir es la forma de venta: por medio de una licitación pública nacional e internacional o de una subasta de acciones en la Bolsa local.
El valor de la empresa y la perspectiva de la futura prestación de los servicios dependerá de algunos aspectos, por ejemplo: ¿quiénes definirán los planes de expansión de las redes de agua potable y de las cloacas? ¿Cómo se van a financiar y repagar las obras? ¿Cuál será el cuadro tarifario inicial y los mecanismos de actualización que tendrá el nuevo concesionario?
Según proyectan los directivos de AySA, con el Estado nacional prescindente, el financiamiento de las próximas obras deberá surgir de los aportes de cada intendencia, de la provincia de Buenos Aires y de los propios frentistas (con tasas o tarifas diferenciales).
El primer experimento privatizador del servicio data de hace tres decenios, cuando la ex Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue transferida en 1993 a Aguas Argentinas, controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez), que durante su gestión incumplió metas de inversiones y obras, pese a la recomposición tarifaria que elevó su rentabilidad. La creciente desatención a usuarios y los desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en el agua suministrada a varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.
Sobre el nuevo intento privatizador, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, señaló que eso «ya sucedió y salió mal, muy mal. No hubo obras durante años, pidieron créditos que nunca utilizaron para inversión, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable».
Funcionarios e inversores aguardan detalles para participar en el nuevo y lucrativo «negocio». Para cientos de miles de familias (especialmente en el segundo cordón metropolitano), en tanto, lo que está en riesgo es la universalización de los servicios de provisión de agua potable y la ampliación de la cobertura de desagües cloacales. Con una incertidumbre adicional sobre los planes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el AMBA.
