6 de junio de 2022
La Prestación Alimentaria cumple, en un contexto de suba de precios, su misión de garantizar la adecuada nutrición de millones de personas.
Comedores comunitarios. Durante la pandemia, fueron asistidos junto con sus pares escolares y los hogares con vulnerabilidad social.
TÉLAM
El 20 de diciembre de 2019, apenas diez días después de asumir la presidencia, Alberto Fernández participó en la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Fue allí que se estableció la entrega de aportes del Estado para la compra de todo tipo de alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas. La Tarjeta Alimentar alcanza desde entonces a madres o padres con hijos/as de hasta 6 años y también a embarazadas a partir de los tres meses, como refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Se buscó así paliar una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica desencadenada en los dos últimos años de la gestión macrista, a la espera de reiniciar un proceso productivo virtuoso para superar esa emergencia. Pero lo que sobrevino fue la recesión provocada por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus.
Casi dos años y medio después, la urgencia permanece, ahora por el brote inflacionario global de fuerte impacto local, incentivado por la guerra en Ucrania. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar, en ese contexto, mantiene su condición insustituible. En 2021, inclusive, se extendió a hogares con niños/as de hasta 14 años perceptores de la AUH; hogares con hijos/as con discapacidad que percibe el beneficio; mujeres embarazadas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE); y mujeres perceptoras de la pensión no contributiva (PNC) para madres de 7 o más hijos/as.
El impacto de estas medidas fue detallado en un reciente análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional. Según ese estudio, de no existir la asistencia financiera en el marco de la Tarjeta Alimentar, las tasas de pobreza e indigencia en hogares resultarían un 2,2% y un 10,7% mayores a las registradas, respectivamente. Mientras que, al medir el efecto sumado de la Tarjeta, la AUH y la PNC de madres, se constató que, de no mediar la ayuda estatal, las tasas de pobreza e indigencia en hogares resultarían un 5,2% y un 39,4% mayores. El estudio parlamentario resalta la relevancia de los tres canales de asistencia, teniendo en cuenta que demandan solo cerca del 1% del producto de la economía. En su origen, la Tarjeta Alimentar procuró paliar las consecuencias sociales derivadas del deterioro económico y social observado a partir de 2018. Al momento de las elecciones presidenciales del año siguiente, cerca del 26% de los hogares se encontraba en situación de pobreza (sin cubrir sus necesidades básicas) y alrededor del 6% padecían la indigencia (no cubrían sus necesidades básicas alimentarias). En ese marco, agravado por el COVID-19, se pudo asistir a los hogares en situación de vulnerabilidad social, comedores escolares (con transferencias a provincias), comedores comunitarios (a cargo de entidades de la sociedad civil) y se entregó el módulo alimentario complementario (a organizaciones sociales). Durante la cuarentena, junto con medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, se redefinió el universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Por un lado, a fin de atender a un mayor número de familias, se incluyó a los hogares con hijos/as de hasta 6 años de edad que recibieran la AUH; con hijos/as con discapacidad beneficiarios de la AUH (sin límite de edad); y a mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que perciben la AUE. Se reforzaron a la vez los montos de la prestación para contribuir a la seguridad alimentaria. Ambos efectos (mayor cobertura y mayores montos) aumentaron la importancia de la Tarjeta dentro del presupuesto nacional. En 2020 esta política significó erogaciones por un 0,41% del PIB, es decir, 20 veces más que en 2018.
Impactos
En 2021 se volvieron a reforzar los montos de la Tarjeta y se amplió su alcance. Fueron incluidas como beneficiarias las mujeres que perciben la Pensión no Contributiva para madres de 7 o más hijos/as. Y se extendió de 6 a 14 años la edad de los niños y niñas perceptores de la AUH como criterio para acceder a la prestación alimentaria. De este modo la cobertura se amplió a 2,4 millones de familias. Según la Oficina del Congreso, sin la Tarjeta se añadirían 405.000 personas más al conjunto de pobres, mientras 558.000 engrosarían los actuales niveles de indigencia. El impacto es más evidente cuando se considera cuál sería el escenario de no mediar el conjunto de las políticas asistenciales mencionadas. En esa hipótesis, los niveles de pobreza se engrosarían con 936.000 personas adicionales, mientras el número de indigentes se elevaría en casi 2,1 millones. El repunte reciente de la inflación, advierten algunos observadores, puede haber incidido negativamente en esos indicadores. Fuentes oficiales, sin embargo, relativizan ese impacto, en función de dos fenómenos confluyentes. Por un lado, la paulatina reactivación productiva está aumentando el empleo formal. Y por otro, a comienzos de abril el Gobierno dispuso aumentar en un 50% la ahora denominada Prestación Alimentar. Medida que alcanza en la actualidad a 4,1 millones de personas. Los nuevos montos quedaron en 9.000 pesos para las familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o con discapacidad; 13.500 pesos en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con discapacidad; 9.000 pesos para quienes perciben la asignación por embarazo; y 18.000 pesos en el caso de familias con tres hijos, o más, menores de 14 años.
Desde luego, existe coincidencia en que la atención de la prioridad alimentaria evita consecuencias extremas en una franja de la población. Pero es apenas un paso en el combate contra la pobreza. El investigador del CONICET Martín Maldonado recuerda que «en la actualidad dos salarios mínimos registrados no alcanzan a cubrir la línea de pobreza y la informalidad laboral alcanza a más del 45% de los empleos». Por otro lado, añade que el enfoque de derechos incorporó nuevas dimensiones a las definiciones de pobreza que exceden ampliamente el mero ingreso monetario familiar. Por ejemplo, los derechos a un medio ambiente sano, a la participación comunitaria, del consumidor, la alfabetización digital, el acceso y la calidad de la información, los derechos culturales, la tolerancia a la diversidad, el reconocimiento a los pueblos originarios, la equidad de género, entre otros. «Como consecuencia de esta heterogeneidad creciente del fenómeno, la medición de pobreza por ingresos va perdiendo de a poco su poder explicativo», señaló Maldonado. Por su parte, Mariana González, de la Universidad Nacional de San Martín, señala las dificultades para aumentar la masa laboral formal y recuperar los ingresos perdidos durante el macrismo. «Este escenario social crítico se refleja en los elevados niveles de pobreza. Y no caben dudas respecto de la necesidad de políticas activas de recuperación de ingresos, y de creación de empleos de calidad, con derechos, tanto por razones sociales como económicas», afirma. Solo así, con una economía creciente y mejor distribución de ingresos, podrá empezar a reducirse la necesidad estatal de asistencia alimentaria a grupos vulnerables.
