27 de septiembre de 2023
El Estado trabaja en una oferta para hacerse cargo de la cerealera agroexportadora, tras el fallo judicial que rechazó la propuesta de la firma y abre la concurrencia de acreedores.
En problemas. La firma está en concurso de acreedores por una deuda de 1.500 millones de dólares.
Foto: Télam
La titular del Banco Nación, Silvina Batakis, anticipó a mediados de septiembre que un equipo está diseñando una propuesta en conjunto con capitales privados para hacerse cargo de la cerealera luego de que la Justicia ordenara la apertura del período de concurrencia para los acreedores o cramdown. «Lo que no queremos es que la empresa se desguace», advirtió la funcionaria. Estos dichos tienen luego tras la decisión del juez civil y comercial de segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, de rechazar la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso de acreedores. Si bien la directora del Nación aseguró que no se adquirirá la totalidad del paquete accionario, adelantó que otras empresas nacionales podrían incorporarse a la compra de acciones. «Venimos trabajando en una oferta», puntualizó Batakis, quien comunicó la intención del Ejecutivo a horas de que la Justicia rechazara la propuesta concursal de la firma.
La deuda de la agroexportadora es de 1.300 millones de dólares. De ellos, 300 millones de dólares le corresponden al Banco Nación, su principal acreedor. También adeuda a la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Banco de Inversión y Comercio Exterior SA (BICE), además de a varios acreedores nacionales e internacionales.
Batakis reconoció que «puede ser que otras privadas quieran quedarse con la empresa», pero arriesgó que, en caso de que esto ocurriera, «tiene que estar la acreencia del Banco Nación». Por ese motivo, la intervención del Gobierno en este caso debe «ser un juego muy equilibrado y armonioso», agregó.
El juez Lorenzini, a su vez, extendió hasta el 17 de octubre el plazo para la presentación de propuestas de pago en el marco del cramdown o salvataje de la empresa. En la resolución, el magistrado argumentó que con la ampliación del plazo busca favorecer que «las personas o empresas interesadas en competir» no dejen de hacerlo «por cuestiones no esenciales» al proceso.
El fallo y la propuesta
Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi 1.500 millones de dólares. Para evitar la quiebra, la empresa presentó algunos acuerdos con privados. Si bien el fallo de Lorenzini rechaza las impugnaciones presentadas por actores en el proceso como el Banco Nación, la AFIP, el banco Provincia, el BICE y Commodities −un acreedor granario privado−, tampoco homologó el acuerdo como se planteaba.
La resolución de Lorenzini «encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta». Para el juez, la propuesta presentada por Vicentin, que cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de 30.000 dólares, no contempla sin embargo en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto. «No ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar doce años para cobrar el saldo de sus créditos», señala el fallo. De ese modo, el magistrado dio por caída la propuesta de pago presentada por la agroexportadora santafesina que incluía la transferencia de acciones a los denominados «interesados estratégicos»: Bunge; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (ex Glencore, con la que Vicentin aún es socia en la planta de crushing de Renova).
Detalles de la operación
«Fue una estafa enorme para el Banco Nación. La empresa estaba en quiebra y el día anterior de que se la formalice, la gestión anterior le prestó 300 millones de dólares», recordó Batakis. En ese momento, al frente de la entidad bancaria estaba Javier González Fraga. Hasta el momento, no hay procesados.
Por el escandaloso préstamo, se denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri −durante su gestión−, a González Fraga y a Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción, en todos los casos por «defraudación al Estado». Por su parte, las autoridades del Banco Nación investigaron las responsabilidades internas en las operaciones de crédito realizadas con la aceitera Vicentin, ya que la anterior gestión le otorgó un préstamo millonario a «la empresa amiga» a pesar de las advertencias por el riesgo crediticio. La cantidad de los montos excede los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II. Tal es así que la deuda de Vicentin significa tal exposición, que compromete el 20% de su responsabilidad patrimonial computable, un porcentaje que pone en riesgo sus finanzas.
El monto otorgado por el Nación (18.182 millones de pesos) representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía, lo que refleja la llamativa prudencia del resto de las entidades financieras a la hora de autorizar préstamos a esta firma. La otra entidad bancaria que le sigue en acreencia es el Provincia (1.623 millones), mientras que más atrás figuran el Hipotecario (721 millones), Macro (540 millones), Nuevo Banco de Entre Ríos (427 millones) y otros siete bancos que en su conjunto apenas reúnen una deuda de 1.600 millones de pesos.
A esto se suma que el Banco Nación financió a gran parte de la cadena de proveedores de la industria, que también se vieron afectados por el default de Vicentin.
La firma había presentado en octubre el 2020 pasado su balance, el cual aseguraba que en 2019 había perdido 52.500 millones de pesos y responsabilizaba al macrismo (y al contexto internacional) por su sorpresivo resultado negativo, tras décadas de acumular ganancias y erigirse como la sexta mayor agroexportadora de Argentina. Este año, por primera vez en más de 90 años, la cerealera Vicentin anunció que parará sus plantas de molienda ubicadas en el sur de Santa Fe. La decisión se tomó debido a la falta de soja por la sequía para procesar, según indicaron fuentes de la compañía que también admitieron que la medida obedece a las dificultades derivadas de la demorada homologación judicial de la propuesta de pago.
