18 de enero de 2022
Cada año, los países dejan de recaudar impuestos debido al fraude fiscal mundial que practican principalmente las empresas multinacionales.
Sede de la OCDE en París. Un informe revela que la organización favorece a las grandes compañías en perjuicio de los Estados.
MY SOCIETY (CC BY 2.0)
Los 483.000 millones de dólares no abonados por las empresas transnacionales (ETN) y los dueños de grandes fortunas a los respectivos Estados, según estimó la reciente edición 2021 del «Estado de la Justicia Fiscal», hubieran sido suficientes para vacunar a la población mundial contra el COVID-19 entre tres y seis veces. El estudio documenta cómo un reducido club de países ricos, con control real sobre las normas tributarias mundiales, es el responsable de la mayoría de las pérdidas fiscales sufridas por el resto del mundo, en particular de los países de menos ingresos. El informe –publicado por Tax Justice Network, la Alianza Global por la Justicia Fiscal y la federación mundial Public Services International (que agrupa a más de 700 sindicatos de 154 países)– indica que la mayor parte de las sumas no tributadas, casi dos tercios, 312.000 millones de dólares, corresponden al fraude del impuesto de sociedades transfronterizo por parte de las compañías multinacionales.
La información financiera país por país es una norma internacional de rendición de cuentas diseñada para exponer e impedir el traslado de beneficios de las multinacionales, desde el país donde se generan, hacia paraísos (guaridas) fiscales, en los que los rangos impositivos son bajos o inexistentes, con el fin de declarar menos ganancias que la realmente generada y así pagar menos impuestos de sociedades. En 2015, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dictó una norma para la presentación de informes financieros por país, pero tras múltiples retrasos se puso en marcha recién en julio de 2020. Y solo de modo parcial, ya que únicamente se exigió a las multinacionales que remitieran sus informes de forma privada a las autoridades fiscales de sus países sedes. Dichas declaraciones después se agregaron y se hicieron anónimas por los miembros de la Organización, antes de que los datos se compartieran y se publicaran. De este modo, «resulta imposible identificar cuáles son las empresas multinacionales responsables», advirtió el informe.
Cómplices y herramientas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 2015 que el fraude fiscal mundial de las empresas multinacionales es al menos tres veces mayor que las pérdidas directas. De todos modos, no existe ninguna estimación acerca de las pérdidas indirectas causadas por la evasión fiscal extraterritorial. El científico de datos de Tax Justice Network, Miroslav Palansky, cree que «la pérdida anual de 483.000 millones de dólares transferidos a paraísos fiscales es solo la punta del iceberg, pero sabemos que hay mucho más fraude fiscal bajo la superficie».
«Los miembros de la OCDE, que no son islas rodeadas de palmeras, permiten la mayoría del fraude fiscal mundial», constata el informe. Más del 99% de las pérdidas fiscales que sufren los países, continúa, son producto del uso que las empresas multinacionales y las fortunas privadas hacen de las normas tributarias, y de los vacíos legales abusivos existentes en los países de rentas altas.
La OCDE es un reducido club de países ricos que actúa como legislador mundial en términos de fiscalidad internacional. Y a pesar de los compromisos de sus miembros de frenar el fraude fiscal mundial, lo cierto es que facilitan el 78% de esas pérdidas. Concretamente, los principales países del grupo «permiten cada año la transferencia de 378.000 millones de dólares desde las arcas públicas en todo el mundo a las empresas multinacionales y personas más adineradas», precisa el informe. El mayor responsable entre los miembros de la OCDE, agrega, es el Reino Unido, causante de más de un tercio (39%) de las pérdidas fiscales en el mundo. «El Reino Unido es de lejos el mayor facilitador del mundo de fraude fiscal global, que maneja a través de la red que forman los territorios británicos de ultramar como las Islas Caimán, y las dependencias de la Corona como Jersey y la City de Londres». Otras guaridas son las de Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Gibraltar, Bermudas, Isla de Man, Anguilla, Islas Turcas y Caicos y Montserrat. El Gobierno británico tiene plenos poderes para imponer o vetar la formulación de leyes en esos territorios y dependencias, y la Reina nombra los cargos clave de sus Gobiernos. Esas áreas, más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza «son los causantes de más de la mitad de las pérdidas fiscales del mundo (55%), y por eso son conocidos de forma colectiva como el Eje de la Evasión Fiscal, que cuesta al mundo más de 268.000 millones de dólares al año». La Unión Europea (UE), sin embargo, limitó su «lista negra» de refugios fiscales (actualizada en octubre pasado) a: Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de EE.UU. y Vanuatu. La realidad es que, en su conjunto, esas jurisdicciones facilitaron apenas 0,51% del fraude fiscal internacional, lo que cuesta al mundo 2.470 millones de dólares de pérdidas fiscales al año.
Según el informe, el reciente acuerdo fiscal mundial, que incluye un impuesto mínimo global, recuperará solo una parte de los ingresos fiscales perdidos en los paraísos fiscales. Y la mayor porción se redistribuirá entre los países ricos miembros de la OCDE, en lugar de beneficiar a aquellos donde se deberían haber pagado en origen.
Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, resumió: «Los países más ricos, al igual que sus antepasados coloniales, se han nombrado a sí mismos como los únicos capaces de gobernar la fiscalidad internacional. Para resolver las desigualdades en el mundo, tenemos que resolver la desigual influencia que se ejerce sobre las normas tributarias internacionales. Las normas sobre dónde y cómo pagan impuestos las empresas multinacionales y los súper ricos deben definirse en el seno de las Naciones Unidas a plena luz de la democracia, y no por un reducido club de países ricos a puerta cerrada».
