25 de diciembre de 2022
La AFIP podrá empezar a cerrar uno de los canales de evasión de impuestos y salida ilegal de capitales a partir del intercambio de información con su par norteamericana.
Destino. Además del 20% destinado a pagos al FMI, otro 20% se destinará a subsidios a pymes; 20% para becas del plan Progresar; y el 40% restante para proyectos energéticos.
Foto: Horacio Paone
A comienzos de 2023 entrará en vigencia el Acuerdo suscripto por Argentina con Estados Unidos en Materia Tributaria (TIEA, por su sigla en inglés) que prevé el intercambio de información financiera de cuentas individuales y beneficiarios de sociedades de ambos países. El ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que el acuerdo supone un «cambio sustantivo» respecto a otros convenios bilaterales previos, dado el modo de funcionamiento previsto. El intercambio informativo se hará «de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS (la agencia recaudadora estadounidense) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial», precisó. Como complemento del nuevo entendimiento, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para promover la exteriorización de esos capitales, que incluirá un capítulo para castigar «con toda la fuerza de la ley» a aquellos que no blanqueen sus tenencias de dinero en el país del norte.
Entre los acuerdos posibles de celebración, el ahora firmado es «el más amplio en cuanto a compromisos y obligaciones de ambas partes», destacaron fuentes del Palacio de Hacienda. El objetivo perseguido es cerrar (o al menos entornar) la ventana abierta hacia guaridas fiscales como las existentes en los estados norteamericanos de Delaware, Nevada, Montana, Wyoming y Dakota del Sur. El acuerdo excluye, sin embargo, a los «territorios» estadounidenses: Samoa Americano, Islas Marianas del Norte, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes americanas. En procura de esos «refugios» y gracias a diversos mecanismos de elusión que favorecen la fuga de capitales, se estima que salieron del país hacia esas plazas un monto estimado, como mínimo, del orden de los 100.000 millones de dólares. De esa suma, según calculan analistas privados, podría recuperarse no menos de la mitad.
En rigor, antes de este convenio regía uno previo suscripto en 2016, por el cual Estados Unidos comenzó a enviarle a la AFIP información «a requerimiento». Es decir, caso por caso, sin necesidad de una orden judicial, y sobre esa base ya se intimó a 68 contribuyentes a regularizar su situación frente al órgano recaudador. El nuevo sistema será «masivo», dijo el ministro de Economía, y le transferirá a Argentina precisiones acerca de las tenencias en cuentas, como también sobre las utilidades o rentabilidades que hayan percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, por regalías o dividendos, por hipotecas o por alquileres de propiedades. La información comenzará a llegarle a la AFIP en el próximo mes de septiembre y esos indicios le permitirán profundizar en la averiguación de los saldos y transferencias entre cuentas, la integración de capital de sociedades y el conjunto de tenencias vinculadas con actividades reguladas por el sistema financiero.
Con datos concretos las identidades de aquellos (personas y empresas) que fugaron capitales, montos brutos de intereses cobrados, inversiones realizadas, dividendos obtenidos y otras rentas de fuente estadounidense, la administración tributaria nacional podrá intimar a quienes actuaron ilegalmente. Por esta vía, según estimaciones de funcionarios locales, se generarán nuevas condiciones de inversión en el país, de fortalecimiento de las reservas monetarias y, obviamente, de recaudación impositiva. Al respecto, Massa acotó, «quienes eluden sus obligaciones también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita».
En el Palacio de Hacienda apuntan a los contribuyentes que eludieron el blanqueo implementado durante la administración de Mauricio Macri, cuyo resultado fue una exteriorización de capitales por 115.000 millones de dólares. En aquel momento, los fugadores que no aceptaron la invitación para regularizarse se refugiaron en el vacío de intercambio de información con Estados Unidos, pero ahora estarán comprendidos en el acuerdo intergubernamental y serán objeto de investigación por parte del fisco. Distintos sectores empresarios confiaron en que el blanqueo del patrimonio de argentinos, hoy radicado en Estados Unidos y no declarado ante la AFIP, implicará un importante paso en el combate a la evasión tributaria.
En cualquier caso, y en función de las actuaciones que corresponden realizar cuando se detectan maniobras evasivas o elusivas, se estima un refuerzo recaudatorio no inferior a los 1.000 millones de dólares anuales. La mayor base imponible proyectada redundaría oportunamente en una reducción de la carga que actualmente pesa sobre la actividad formal, es decir, los contribuyentes cumplidores con sus obligaciones. Otro impacto favorable sería un importante ingreso de divisas, lo cual ensancharía el margen para implementar un paulatino relajamiento de las restricciones actualmente vigentes en materia cambiaria en general y de comercio exterior en particular.
Alícuotas
El acuerdo para el intercambio automático de información financiera se suscribió en el marco de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), promulgada en Estados Unidos en 2010 con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal en el extranjero. Desde entonces las autoridades de Washington concretaron 113 convenios con otros tantos países. La AFIP, por su parte, arribó a similares acuerdos con un centenar de administraciones tributarias del mundo.
En este nuevo caso, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos y su par estadounidense (IRS, por su sigla en inglés) se reunirán en los próximos días para analizar los mecanismos de resguardos que requiere la seguridad informática.
A la vez, los bancos y aseguradoras con sede en Argentina tendrán que adaptar sus sistemas para contestar los eventuales requerimientos que formulen las autoridades estadounidenses sobre ciudadanos de ese país. Si bien aún quedan por definir detalles del acuerdo, todavía no publicado en el Boletín Oficial, otro efecto inmediato será que, desde ahora, todo argentino que quiera abrir una cuenta en Estados Unidos deberá hacerlo formalmente, ya que ninguna entidad de ese país se expondría a abrir una cuenta que se encuentre sin declarar.
En cuanto al proyecto de blanqueo, que todavía no ingresó al Parlamento, prevé alícuotas crecientes en función del tiempo de la exteriorización (los capitales podrán seguir fuera del país, pero ahora pagando aquí los impuestos correspondientes). Hasta fines de marzo se establecería un pago «bajo», que será el doble para el tramo abril-junio y se cuadruplicará para julio-septiembre. Según la iniciativa, el 20% de lo obtenido se destinará a pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI); otro 20% se destinara a subsidios a pymes; 20% para becas del plan Progresar; y el 40% restante para proyectos energéticos.
