29 de agosto de 2023
El Gobierno nacional dispuso refuerzos en ingresos de trabajadores y jubilados, medidas de apoyo para las pymes, y estímulos a la actividad productiva.
Fortalecimiento. En la emergencia, el Gobierno decidió destinar recursos por cerca del 0,5% del PIB, unos 740.000 millones de pesos.
Foto: Jorge Aloy
La búsqueda de un nuevo equilibrio macro y microeconómico incorporó un conjunto de paliativos en beneficio, principalmente, de los segmentos más vulnerados de la población. Al mismo tiempo mantiene dos de los objetivos centrales de los últimos meses: sostener hasta donde se pueda el ritmo de actividad productiva y el empleo; y seguir engrosando el volumen de las reservas monetarias internacionales. Las prioridades oficiales tuvieron en cuenta el estrecho sendero derivado de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (herencia a su vez del megaendeudamiento de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri), a lo que se sumó la merma de la cosecha granaria, consecuencia de la peor sequía en un siglo.
Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, puso en marcha, en primer lugar, medidas para reforzar los ingresos de trabajadores privados y estatales (60.000 pesos en dos cuotas, suma no remunerativa y por única vez, para quienes ganen menos de 400.000 pesos mensuales). El bono mejoraría en un 11% el nivel salarial para 5,5 millones de trabajadores (según se espera para septiembre) y no implicará mayores costos empresarios, ya que será a cuenta de futuros aumentos pactados en paritarias. Los empleadores de menor tamaño contarán con el respaldo del Estado, que asumirá el mayor costo laboral transitorio mediante al pago a cuenta de las cargas sociales de micro (100%) y pequeñas empresas (50%).
A su vez, los jubilados que perciben haberes mínimos recibirán refuerzos de 37.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre, 10.000 pesos más de lo que se había programado (con lo cual ningún jubilado o pensionado cobrará menos de 124.000 pesos). Obtendrán además hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan con tarjeta de débito, y tienen a disposición (al igual que los trabajadores) créditos de hasta 400.000 pesos con un cuarto de la tasa de interés bancaria, a pagar en 24, 36 y 48 meses.
Por su parte, los beneficiarios del Programa Alimentar tendrán en septiembre y octubre refuerzos de 10.000 pesos (familias con un hijo); 17.000 (dos hijos); y 23.000 (tres hijos), al cual se añadirá en noviembre un alza del 30%. Mientras que para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo habrá un refuerzo de 20.000 pesos que se pagará en dos cuotas de 10.000 en septiembre y octubre.
A su vez, las y los trabajadores de casas particulares tendrán un refuerzo de 25.000 pesos por única vez en dos cuotas (septiembre y octubre), en proporción a las horas trabajadas.
El esquema se completa con acuerdos de precios en los que participan más de 400 empresas que elaboran unos 50.000 productos básicos, y que comprometen alzas no superiores al 5% (a cambio de recortes en sus obligaciones de pago de IVA y Ganancias), mientras se congelaron hasta el próximo 1° de noviembre los valores de combustibles y medicamentos (para familias con ingresos inferiores a 2 millones de pesos mensuales).
Por su parte, los monotributistas de las categorías A, B, C y D gozarán de un alivio fiscal consistente en la eximición, durante seis meses, del componente tributario, y tendrán acceso a créditos de hasta 4 millones de pesos a pagar en 24 cuotas, a la mitad de la tasa bancaria, con garantía 100% del Estado.
Divisas
En tanto, para sostener la actividad y el ingreso de divisas se eliminaron los derechos a la exportación para productos de las economías regionales (vino, mosto, arroz, tabaco, producción forestal, y cáscara de citrus, entre otros). También habrá ayudas para productores en situación de emergencia y para industriales que procesan soja.
A esto se agregó un nuevo programa de siembra para trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria, a partir de un convenio con la compañía YPF Agro.
Se lanzó, asimismo, un Programa de Incremento Exportador para los productos como la harina, el aceite y el pellet de soja, con la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de la oleaginosa para procesar. De este modo se mantendrán los puestos de trabajo de las plantas industriales y se generará valor agregado en ese complejo industrial. Por último, para fortalecer las exportaciones se dispuso un nuevo programa de prefinanciación de 770 millones de dólares de los bancos Nación y BICE.
En resumen, el Estado nacional dispuso en la emergencia destinar recursos por cerca del 0,5% del producto bruto (unos 740.000 millones de pesos, con una recuperación prevista de 400.000 millones por mayor liquidación de exportaciones). Lejos de las propuestas de violento ajuste, recorte de gastos estatales y remate del patrimonio público, en las que coinciden el FMI y los candidatos neoliberales, la opción gubernamental apunta a amortiguar el impacto de la inflación en los segmentos menos favorecidos de la población y morigerar el riesgo recesivo, así como su incidencia en el empleo. Todo ello como puente a un 2024 de fuerte recuperación, una vez superado el salto en los precios (en agosto-septiembre) y con perspectivas mejoradas de producción y superávit comercial (por mayores envíos energéticos, agropecuarios, minerales, etcétera).
