13 de junio de 2022
La detención del presidente de la cerealera abrió un nuevo capítulo en el conjunto de irregularidades y sospechas en torno a los grandes exportadores de granos.
Vicentin. El grupo cerealero está denunciado además por triangulación comercial con sus filiales de Uruguay y Paraguay.
TÉLAM
Acostumbrados a actuar al filo de la legalidad, o de acomodar las reglas de juego a su favor, con el concurso de Gobiernos de compartidas tendencias neoliberales, los grandes operadores de los agronegocios recibieron en los últimos días dos malas noticias. Una del exterior: el grupo suizo Glencore (dedicado a la comercialización de materias primas y alimentos e igualmente propietaria de minas de cobre y de carbón) admitió dos semanas atrás su culpabilidad en casos de corrupción en África y en Sudamérica y de manipulación de los mercados petroleros. En ese marco, la empresa deberá pagar 1.020 millones de dólares a Estados Unidos y 40 millones de dólares a Brasil, mientras resta definir el monto del resarcimiento al Reino Unido.
En el país, en tanto, policías de la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe arrestaron a Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin, el grupo cerealero en default. Esta vez el ejecutivo, ya imputado el año pasado por estafas multimillonarias, no logró eludir el pedido de detención, aunque, finalmente, el juez lo excarceló y le impuso una caución de 500.000 dólares.
Donde los episodios de Vicentin y Glencore se tocan es en la fábrica de biodiesel Renova. Precisamente, la fiscalía santafesina detectó maniobras para vender de manera ilegal acciones de esa empresa, pese a la existencia de una medida cautelar que prohibía la operación. De este modo, Scarel pretendía inducir al error a los acreedores del concurso, al ofrecer una propuesta de pago con el producido de esa transacción ilegítima.
Suizos
En 2019, antes de declararse en default, Vicentin vendió el 16% de Renova a Glencore. Con el correr de los meses, la firma suiza fue aumentando su participación hasta llegar al 50%, y se aprestaba a elevar su cuota al 66%, poco antes de que el Gobierno argentino anunciara, en junio de 2020, la (fallida) expropiación del grupo.
El irregular traspaso total de las acciones de la aceitera Renova fue denunciado por uno de los acreedores, la firma Olzen. De este modo, Glencore (que a fines del año pasado cambió de nombre por Vinterra) sería la gran beneficiaria del proceso de vaciamiento de la firma concursada. Mientras, los perjudicados directos serían la masa de acreedores, unos 2.500 productores agropecuarios, en particular. La deuda total ronda los 1.500 millones de dólares y afecta también al Banco Nación(que espera recuperar parte de los 300 millones de dólares prestados durante la gestión de Mauricio Macri) y al de la provincia de Buenos Aires.
La maniobra fraudulenta, al parecer, prosperó incluso a pesar de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se presentó en el concurso y advirtió hace dos meses la obligación de no innovar ni disponer de los activos interdictados.
Después de declarar ante la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario, Scarel fue imputado por «desobediencia en grado consumado de dos órdenes judiciales de 2020». El fiscal Miguel Moreno, en tanto, consideró que el directivo «debe ser detenido por el riesgo procesal» que representa. En su defensa, Vicentin rechazó anormalidades en el proceso y sostuvo que ya se alcanzó la mayoría de cápitas necesarias para aprobar la propuesta de pago. «El concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras (acreedores del 66% del capital concursado) para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido», adujo la cerealera. En este marco, el juez Civil y Comercial de Reconquista que tramita el concurso, Fabián Lorenzini, extendió hasta el 30 de junio el plazo para el cierre del concurso.
Irregulares
El caso de Vicentin, denunciada además por triangulación comercial con sus filiales de Uruguay y Paraguay, se suma a múltiples sospechas de irregularidades de grupos medianos y grandes de la comercialización agrícola. Por ejemplo, la fuga de cargamentos de soja a través de camiones que cruzan de contrabando por el noreste hacia Brasil o Paraguay, a fin de evitar el pago de retenciones.
Otros casos refieren a moliendas clandestinas de granos y a evasiones millonarias en dólares por divisas no declaradas. Esto último, mediante la llamada «planificación financiera creativa», apoyada en normas vigentes. Esa vía les permite «jugar» con las declaraciones juradas de ventas de granos y subproductos al exterior para especular con los precios futuros.
También se registró, en algunos casos, la creación de empresas fantasmas con el objetivo de ingresar granos no declarados en el circuito formal. Y se detectaron otros en que, para evadir impuestos, dentro de un mismo grupo algunas compañías se relacionan comercialmente como clientes y proveedores entre sí.
El débil control y la ausencia de participación estatal directa en los agronegocios, incluido el transporte por la Hidrovía, sigue dejando un amplio margen de maniobras –como lavado de dinero, fraude, facturación apócrifa, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, entre otros– de las que se benefician principalmente grandes operadores, nacionales y extranjeros.
