24 de octubre de 2023
Las concesiones de tres de las cinco centrales de Neuquén y Río Negro, que vencían este año, se prorrogaron hasta un día antes de la asunción del nuevo Gobierno. Propuestas de continuidad y reversión.
Arroyito. Emplazado sobre el Río Limay, es el dique compensador de la central El Chocón.
Foto: Prensa Argentina.gob.ar
Las concesiones de tres de las cinco usinas hidroeléctricas asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, privatizadas hace 30 años, expiraron en agosto de este año. Se trata de las usinas que conforman los complejos El Chocón-Arroyito (que cuenta con una potencia instalada de 1320 MW), Cerros Colorados-Planicie Banderita (450 MW) y Alicurá (1.000 MW). Mientras que los contratos de concesión de la central Piedra del Águila (1.400 MW) y Pichi Picún Leufú (261 MW) finalizan en 2029.
Con la marea neoliberal de los años 90, todas ellas dejaron de estar en la órbita del Estado y fueron concesionadas a operadoras privadas. En la previa al vencimiento de las concesiones, se presentaron varias alternativas. Una de ellas, planteada por integrantes del plantel técnico de la secretaría de Energía, consiste en volver a concesionar las centrales, con la obligación de las nuevas operadoras de llevar adelante las inversiones necesarias para modernizar y extender la vida útil de las turbinas y los equipos generadores. Otra variante es la que impulsan los gobiernos y legisladores de Neuquén y Río Negro, para que las centrales sean transferidas a esas provincias. Los gobernadores que defienden esta última postura prevén crear una nueva empresa estatal para asumir la operación de las usinas y encarar la construcción de nuevos proyectos con las utilidades que deje la venta de energía al sistema eléctrico nacional.
Por su parte, los actuales concesionarios privados fomentan como opción la posibilidad de una prórroga contractual para poder continuar al frente de las centrales por un período de cinco años más.
Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los Gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del «Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas» y del «Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados».
Los dueños de la energía
La suerte de las tres centrales hidroeléctricas del Comahue quedó definida para los próximos 90 días, ya que a principios de octubre se prorrogó la Resolución 574 de la Secretaría de Energía que resolvió que por ese lapso la operación quedará en manos de sus actuales concesionarios privados. El 11 de agosto vencieron las concesiones de las centrales Chocón y Arroyito (en manos de Enel, la misma dueña de Edesur, que las tiene en venta), Alicurá (del grupo norteamericano AES) y Planicie Banderita (Orazul Cerros Colorados, integrada por exejecutivos de Morgan Stanley). Por su parte, Pichi Picún Leufú, bajo el control del grupo local Pampa Energía, conducido por Marcelo Mindlin, y Piedra del Águila, en manos de la compañía local SADESA, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany, aún tienen por delante seis años más de concesión.
La Secretaría de Energía, junto con la doble prórroga de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas, rubricó la continuidad de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedor para las tres represas. La decisión se tomó en base a informes de Enarsa y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) «a los fines de realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales», aclara en sus considerandos la resolución, en la que también se advierte que la Secretaría de Energía mantiene la facultad de ampliarla «hasta el plazo máximo fijado en los contratos».
Para el extitular de Energía y timonel del Instituto General Mosconi, el exfuncionario radical Jorge Lapeña, la reversión de las concesiones debería dar paso a un nuevo esquema que incluya la creación de una Agencia Nacional de Desarrollos Hidroeléctricos. Ese nuevo organismo se haría cargo de las centrales y podría subcontratar la «operación y mantenimiento» con compañías privadas por períodos de 10 años. También tendría la misión de llevar adelante las obras e inversiones necesarias para expandir la capacidad instalada de las usinas y construir nuevas represas.
