7 de febrero de 2022

Daniel Víctor Sosa

El principio de acuerdo con el organismo despierta controversias entre los distintos actores políticos y económicos nacionales. Evasión fiscal en la mira.

Aun en el marco del próximo programa de facilidades extendidas pactado con el Fondo Monetario, será posible una mejor distribución de los ingresos, mientras se pudieron esquivar las clásicas reformas neoliberales reclamadas por el organismo (como la laboral y la jubilatoria), afirman en el Gobierno. Exhiben además los respaldos de China y Rusia, entre otros, a fin de generar nuevos canales de financiamiento para los proyectos públicos y privados, cuyo desarrollo dará pie a la gradual recuperación del empleo, del salario real y de los ingresos de los sectores populares.
Los detalles de la hoja de ruta definitiva están aún supeditados a tratativas con el organismo comandado por Estados Unidos (y en menor medida por países de Europa y Asia), para ser luego plasmados en la Carta de Intención y en los Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y de Entendimiento Técnico. Esos textos deberán ser aprobados en marzo por el Congreso Nacional. De todos modos, lo que ya se sabe abrió un amplio debate que promete extenderse durante largo tiempo, básicamente en torno del concepto de «ajuste». Un término que en Argentina se vincula tradicionalmente con el padecimiento de las mayorías y el achicamiento estatal, mientras se mantienen o se agravan inequidades en beneficio de grupos monopólicos y oligárquicos.
La complejidad de la coyuntura es consecuencia del megapréstamo de 57.000 millones de dólares otorgado por el FMI al Gobierno anterior. Con el agravante de que los desembolsos realizados (de 45.000 millones de dólares), solo sirvieron para asegurar fugas de capitales, mientras se pactaron compromisos impagables. Cuatro años después, la mayor parte de los analistas coincide en que podría estar abriéndose un camino de salida, si bien las controversias persisten sobre cada punto del preacuerdo.
Lo que quedó claro, según afirmó el diputado nacional Hugo Yasky, en su rol de titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), es que la decisión oficial «evitó que el país cayese en default y quedase a expensas de una corrida cambiaria y de presiones económicas y financieras de los sectores dominantes, que el campo popular difícilmente habría podido neutralizar».
En tanto, desde el flanco de los negocios, Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, evaluó que «el primer resultado es que comienza a bajar el riesgo país». Hoy las empresas argentinas «pagan 20 puntos por encima de cualquier otro exportador en el mundo para tener un crédito y esto significa perder mercados o vender más barato», agregó. Cerrar con el FMI, se esperanzó el empresario, «empezaría a implicar que se abran carteras de crédito privados y de organismos hacia empresas argentinas».

Definiciones
Una definición clave en las tratativas con el Fondo indica que el déficit fiscal para este año debe ser 0,5% del PIB menor que el de 2021. Esa meta es muy inferior al shock que Cambiemos aceptó en 2018, cuando optó por un recorte de 3 puntos del Producto para 2019. El diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, destacó que «la convergencia fiscal se alcanzará de forma gradual». De 2,5% en 2022, el déficit de las cuentas públicas bajará a 1,9% el año próximo, a 0,9% en 2024 y se eliminará en 2025. A juicio del dirigente, el equilibrio será producto de los mayores ingresos fiscales vinculados con la actividad económica y con las mejoras en la administración tributaria, incluyendo la lucha contra la evasión. A su vez, la política energética y de subsidios continuará según lo previsto por el Gobierno.
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que el entendimiento «reduce incertidumbres» y permitirá que Argentina crezca «sustentablemente». No menos de 4% este año, según se proyecta oficialmente, aunque pronósticos privados estiman que será posible una expansión de dos o tres puntos más.
Esa es la chance que, según la visión más optimista, dejaría el nuevo programa de Facilidades Extendidas, que establece un período de repago de 10 años en 12 cuotas semestrales, con cuatro años y medio de gracia. En la práctica, esto significa que no se empezará a pagar la deuda con el Fondo hasta septiembre de 2026. El negociador argentino Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el FMI, lo resumió de este modo: «El préstamo de 2018 tiene tal gravedad que se termina de pagar, si todo sale bien, en 2034».
Superada la opción del «no acuerdo», que según Guzmán habría implicado un faltante de dólares para el aparato productivo, con el consiguiente freno en la reactivación, «se irán construyendo las condiciones para pagar». Todo ello en el marco de una desaceleración inflacionaria a la que contribuirán tanto los acuerdos de precios como la reducción del déficit fiscal. El esquema diseñado se completa con una menor asistencia del Tesoro al Banco Central y con una suba en las tasas de interés, a fin de fortalecer el mercado local de capitales.
El programa acordado, amplió Chodos, «evitó la interrupción del crédito bilateral, no solo con los países centrales sino también con Rusia y China. Habríamos tenido también un problema adicional con el Club de París, y una pérdida de flujo de los organismos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)». El nuevo panorama debería sustentar niveles de importaciones acordes con el crecimiento previsto. De todos modos, para flexibilizar las regulaciones cambiarias hay que esperar hasta que se verifique una fuerte mejora de las exportaciones.
Las expectativas sobre la evolución de las variables, por supuesto, no son unánimes, lo que se tradujo en las tensiones en el interior del Frente de Todos. La letra definitiva del acuerdo con el FMI terminará de definir el contexto económico y político del país en los próximos años.

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