1 de junio de 2021
Un recurso que puede ser estratégico por su uso en baterías para vehículos eléctricos y teléfonos celulares, con un modelo de explotación en debate: entre su potencial relevancia económica y la necesidad de generar actividad local, mayor cuidado ambiental y participación del Estado.
En el camino. Un camión atraviesa el salar de Uyuni, en el altiplano boliviano. Es el desierto de sal más grande del mundo. (Cozzaglio/AFP/Dachary)
El futuro iba a ser brillante, una línea ascendente de altas ganancias y ambiente más limpio a medida que rodaran por el planeta los autos eléctricos y se encendieran las nuevas generaciones de teléfonos celulares. Eso pregonaban las mineras del litio, aun en los cálculos que se hacían en marzo de 2020, cuando ya había estallado la pandemia de coronavirus. Pero el mundo se detuvo y obligó a repensarlo todo. Inclusive el modelo de explotación del «oro blanco», que en la Argentina (uno de los mayores productores mundiales) venía reproduciendo una lógica de asalto a los recursos naturales y apropiación privada de beneficios, al calor de las políticas del Gobierno de Cambiemos, finalizado en diciembre de 2019. La pausa obligada en la actividad extractiva reabrió el debate sobre el estratégico mineral y su rol, tanto en la incipiente recuperación económica como en el esquema viable de desarrollo postneoliberal.
El sociólogo Federico Nacif, becario del Conicet en Temas Estratégicos, alerta que hasta fines de 2019 se notaba un claro «avance en el saqueo del litio en el Noroeste». Bruno Fornillo, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IELAC-UBA), cuestiona «la ausencia de un proyecto litífero nacional» y señala que «sin política, el recurso no tiene sentido». Melisa Argento, coautora del libro La geopolítica del litio, alerta a su vez sobre «el riesgo último de un nuevo etnocidio, la muerte de una identidad», si no se tiene en cuenta que el mineral «está ubicado en territorios que tienen otras lógicas y formas de vida» y se desconocen derechos de comunidades originarias.
En todo caso, las posiciones de mineras y grandes inversores son confrontadas por actores sociales, políticos y académicos que alientan una modificación en la matriz vigente, cuestionan la voracidad de las formas de consumo y la mercantilización de la energía y sostienen la defensa del medioambiente, afectado por este tipo de explotación.
Transición energética
El carbonato de litio, obtenido a partir de un metal blando de color blanco plata, es un insumo básico para la fabricación de las baterías, cada vez más indispensables a partir de la expansión de celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos portátiles, así como para almacenar energías renovables (eólicas y solares). Su demanda, además, exhibe tasas muy elevadas en los últimos años, ante el creciente mercado de rodados eléctricos, como automóviles y motocicletas, pero también de vidrios, cerámicos, grasas y lubricantes.
Jujuy. Bombeo de salmuera para la extracción del litio en el salar de Olaroz.
Los salares de la Argentina, Chile y Bolivia concentran casi el 70% de las reservas globales de litio. Es el famoso triángulo en el que se cruzan intereses contrapuestos de las cadenas de valor locales y de los países más desarrollados. Principales consumidores y sedes de las mineras instaladas en la región, ávidas de aprovechar el nuevo paradigma que plantea, como un vector de desarrollo, la transición energética (de los países industrializados) hacia fuentes menos contaminantes que los hidrocarburos convencionales.
Los recursos de nuestro país representan un 10% de los existentes en el planeta. Los costos de producción, en tanto, son de los más bajos del mundo, entre 3.000 y 4.500 dólares por tonelada, frente a precios de mercado que rondan, a comienzos de 2021, los 6.750 dólares (contra 11.750 dólares doce meses atrás), según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.
Son más de 40 los proyectos en marcha, distribuidos en tres provincias: Catamarca, Jujuy y Salta. Los emprendimientos de litio en 23 salares incluyen dos minas ya en producción, la jujeña Olaroz (de la australiana Orocobre, la japonesa Toyota y en menor medida, 8,5%, de la estatal provincial Jemse); y Fénix en Catamarca, operada por la estadounidense FMC, hoy renombrada Livent Corporation. Ambas iniciaron procesos de expansión: su capacidad instalada combinada es de 42.000 t LCE (toneladas de carbonato de litio equivalente) y las ampliaciones proyectadas estimaban triplicarla, hasta las 129.000, hacia 2022.
Sin cambio de agenda
Esos planes, por cierto, sufren los efectos de la pandemia, al igual que la mina en construcción Cauchari-Olaroz, en Jujuy, de la canadiense Lithium Americas, y la china Ganfeng y Jemse. Otro emprendimiento en curso, Centenario-Ratones, en Salta, de la francesa Eramet, fue directamente desistido ante el actual contexto de crisis. También quedaron congelados otros 16 proyectos en etapas de factibilidad o exploración avanzada, y una veintena en fase temprana de exploración.
Nacif. Análisis de una explotación estadounidense en Catamarca.
De todos modos, Argentina ya es el tercer productor mundial, detrás de Australia y Chile. Y un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario estimó meses atrás que las exportaciones de litio podrían llegar a ser en 2025 cuatro veces superiores a las actuales. El sector, según el estudio, aportaría entonces el 10% de las divisas generadas hoy por el campo y la agroindustria.
Si bien persisten aún incertidumbres varias para el corto plazo, todos coinciden en que las baterías de ion-litio serán claves para lidiar con la intermitencia de las energías eólica y solar, y para la expansión de las industrias llamadas a dominar los ciclos económicos venideros: electromovilidad, telecomunicaciones, nueva infraestructura energética, redes inteligentes, generación distribuida y desconcentrada, y renovación del hábitat.
Fornillo. Alerta por condiciones ventajosas para las corporaciones globales.
Bruno Fornillo, con todo, observa la ausencia de reglas y políticas en el país que regulen los beneficios que reciben las empresas y atiendan los intereses nacionales. El litio, resalta un análisis del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC) de Ielac-UBA y la Fundación Rosa Luxemburgo, ni siquiera se encuentra jerarquizado como «recurso natural estratégico» a escala nacional. En el país (salvo en Jujuy) se lo considera un recurso minero ordinario, factible de ser entregado en concesiones legales a cualquier agente privado nacional o extranjero.
La Argentina, sintetiza Fornillo, «ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales se instalen en el territorio, con amplias facilidades y garantías, regalías exiguas y sin restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Por eso todos los salares del país tienen pedimentos (término técnico para un pedido de permiso solo de exploración), aunque no estén explotados. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro».
Un foro que congregó en el Consejo Interuniversitario Nacional a los actores de 30 líneas de investigación en materia del litio hizo notar que los concesionarios privados se garantizan amplias facilidades arancelarias, desgravaciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y regalías provinciales limitadas al 3% del «valor en boca de mina». La falta de regulación pública, además, dificulta, o directamente impide, el control económico, ambiental y social sobre el litio que, no por casualidad, en Estados Unidos figura entre los 35 minerales críticos para su propia seguridad nacional.
Fornillo advierte sobre la formación de enclaves productivos y compara la situación local con la de Chile, que «cobra regalías de 40%; invierte 24 millones de dólares en la investigación y otro tanto en las comunidades aledañas a los salares; mientras 25% de lo extraído debe ser vendido en el país a precio preferencial para generar procesos de incorporación de valor».
Producción local. Argentina es el primer destino de proyectos exploratorios. (Marta Díaz)
En la Argentina, en tanto, no se ven mayores cambios en la agenda del extractivismo neoliberal clásico, con expansión de proyectos, territorios mercantilizados e intercambio desigual entre el centro y la periferia. La pandemia (además de la necesidad de divisas) obligó a postergar la revisión de ese rumbo, alentada por quienes apuestan a la expansión y soberanía de las capacidades productivas, como los analistas del GYBC.
Materia prima y tecnología
El sociólogo Federico Nacif, también integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes, analizó el caso de la corporación química norteamericana FMC (hoy Livent), «que hace 20 años explota el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, sin generar ningún beneficio palpable para la comunidad, y ahora busca duplicar su capacidad productiva para seguir controlando buena parte del mercado mundial del litio en plena expansión».
La carrera que corren desde hace unos años algunas megamineras, al igual que las automotrices de Japón, Estados Unidos y Europa, no parece que vaya a detenerse, más allá de la pausa productiva global. Los Gobiernos de países con reservas del metal, por su parte, se ven obligados a aplicar políticas que eviten prácticas predatorias y distribuyan beneficios en forma pareja, para modificar su rol tradicional de proveedores de materias primas. Lo cual se graficaría con la exportación de litio y la importación de autos eléctricos.
Por lo pronto, el foro que nuclea a 30 expertos de una docena de universidades públicas, el Conicet, el INTI y la Comisión de Energía Atómica fijó algunas pautas. En principio, la preocupación ante el rumbo seguido hasta 2019, orientado a afianzar al país como exportador neto de la materia prima, «sin incorporar conocimiento local ni propiciar un entramado productivo nacional». Un detalle ilustra el concepto de factoría diseñado por la administración anterior: para realizar sus investigaciones, los especialistas deben adquirir las muestras del recurso en el exterior, las cuales en más de una ocasión provienen originalmente de yacimientos locales. Según los académicos, ya que la tecnología del litio se abre en un abanico muy diverso de desarrollos y aplicaciones, resulta relevante pensar las oportunidades que surgen en cada dimensión. Para ello, el país cuenta con un amplio sistema de investigación y desarrollo en torno al litio en los diferentes organismos de ciencia (Universidades, Conicet, Y-TEC, CNEA, INTI, Invap, entre otros).
Mercado. Teléfonos de última generación y autos eléctricos impulsan la demanda. (Télam)
Sobre esas bases se abre la oportunidad para un Plan Estratégico Nacional que priorice la agregación de valor, respaldada por las capacidades científico-tecnológicas, industriales y público-sociales. En esa línea, los académicos sugirieron crear «una Comisión Nacional del Litio, inclusiva, democrática y federal, que integre a expertos, diversos sectores y escalas de gobierno a las que atañe el recurso».
El documento de los investigadores, inspirado en el cercano próximo centenario de la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), hito de la soberanía energética, considera necesario «erigir el soporte institucional-productivo» que impulse esa política. Y afirma que «una Agencia Nacional de Energías Alternativas es uno de los formatos posibles que podría asumir la aplicación y utilización del conocimiento y las capacidades científico-tecnológicas argentinas».
