2 de agosto de 2021

Daniel Víctor Sosa

El encarecimiento de los alimentos está en el centro del debate político y al frente de las preocupaciones sociales. El rol de los grupos oligopólicos y las políticas públicas.

Juan José García

El fuerte encarecimiento de algunos de los principales componentes de la canasta alimentaria es un eje central del debate político. Referentes de la oposición y sus voceros mediáticos agitan consignas referidas al impacto empobrecedor de la inflación. Y vuelven a clamar por fracasadas recetas ortodoxas, cuyo sesgo se deja ver cuando recelan de la reapertura de negociaciones salariales paritarias, repiten la necesidad de eliminar controles y de achicar gastos estatales. Se soslaya así un análisis serio acerca de todos los factores intervinientes y de las responsabilidades que a cada quien corresponden en el fenómeno.
Al ocultar de modo sistemático las prácticas de los grupos oligopólicos formadores de precios, la discusión no ayuda al esclarecimiento. Es notorio además el silencio acerca de las iniciativas gubernamentales y sociales de todo tipo, con claros efectos favorables sobre la alimentación de los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, el impulso a los mercados populares de cercanía y los circuitos cortos de comercialización, por fuera de los canales del gran supermercadismo.
Es obvio que la disputa por la distribución del ingreso pone en tensión permanente el bienestar de los hogares que viven de salarios o jubilaciones, a la vez que condiciona al conjunto del mercado laboral. Y son los trabajadores informales y los desocupados los que figuran entre quienes más sufren esa situación.
Lo cierto es que los aumentos de precios del rubro Alimentos y Bebidas acumularon un 26,4% en la primera mitad del año y 53,2% en doce meses. Las mayores alzas del último año en el Gran Buenos Aires se registraron en Carne y derivados (79,2% en el último año); Frutas (53%) y Aceite y grasas (50,9%). Esos valores, explica Joaquín Belgrano, profesor de Economía en la Universidad Nacional de Luján, «llevan consigo una sumatoria de costos correspondientes a cada etapa del proceso de producción y comercialización». Según estudios privados, los precios se multiplican hasta 4,7 veces desde el productor primario hasta el consumidor final, donde inciden los distintos eslabones de intermediación: procesamiento, transporte, comercio, más la carga impositiva.

En este marco, los balances exhiben la cuota de ajustes abusivos que recae en los grupos empresarios concentrados y en segmentos principales de la cadena comercial, que buscan recuperar rentabilidades menguadas en los últimos tiempos. Los voceros opositores justifican estas prácticas y acrecientan la confusión al presentar el encarecimiento de los productos básicos sin puntos de referencia que aporten a una mejor interpretación. Por ejemplo, se relativiza que las mediciones sobre el alza de los precios reflejan en buena medida hábitos de consumo de capas medias y altas, cuyo mayor poder adquisitivo termina por convalidar los aumentos que mensualmente anota el INDEC. Luego, esos registros, que promedian una coyuntura general, sustentan campañas alarmistas y comentarios interesados.
El profesor Belgrano anota, en cambio, el efecto paliativo de un conjunto de medidas gubernamentales: «Regulación de precios/costos (electricidad, agua, combustible y gas); mayor proporción de deuda en pesos para cubrir desequilibrio de cuentas públicas; administración del tipo de cambio; acuerdo de precios (Cuidados, Máximos y ahora Súper Cerca); Ley de Góndolas; financiamiento para estímulo de la producción; retenciones a la exportación; cierre a los embarques de carne; y mayores monitoreos y controles». Esto último incluye los operativos de la AFIP en frigoríficos y eslabones de las cadenas granarias.
Desde luego, no parece serio sostener que fue y es nulo el efecto de esta batería de acciones, que incluyen además los ajustes en haberes previsionales (y otros beneficios a jubilados) y el adelantamiento en el cronograma de aumentos del salario mínimo vital y móvil. Pese a las evidencias, diversos analistas reiteran argumentos de cuño neoliberal.
La realidad, sostienen desde el Ministerio de Economía, es que «no se mantendrán a lo largo del año» los factores alcistas de la primera mitad de 2021, cuando incidieron cambios en los patrones de consumo de las familias, problemas logísticos y cuellos de botella en la producción mundial. Estos últimos empujaron los precios internacionales de los principales commodities (trigo, maíz, soja, petróleo, acero, entre otros) y provocaron saltos inflacionarios también en países como Estados Unidos, Brasil y Chile. Se observaron a la vez subas en servicios locales relacionados con el turismo y la recreación, luego de varios meses de menor actividad por restricciones debido a cuestiones epidemiológicas.

Ganadores concentrados
Belgrano define: «Hay ganadores y perdedores cuando los precios de los bienes y servicios aumentan; aquellos que pueden modificar precios son los triunfadores». Agustín Pineau, investigador del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), hace notar al respecto que «20 firmas explican alrededor del 75% de la facturación de productos básicos del presupuesto de los hogares». Cita en ese sentido distintos estudios que hacen referencia al limitado número de megagrupos empresarios que concentran la oferta de bienes y servicios elementales. A lo cual añade que «apenas seis cadenas concentran más del 80% de las ventas del sector de supermercados, amplían su oferta en tiendas de cercanía y controlan el 35% del expendio total de consumo masivo».
La fijación de precios de forma cartelizada y los abusos de posiciones dominantes potenciarían y, eventualmente, retroalimentarían otros factores inflacionarios. El mismo Pineau resalta el caso de las reiteradas presiones especulativas sobre el tipo de cambio. A lo que puede agregarse, en el mismo sentido, la suba en la cotización internacional de los granos, en especial el maíz (120% más que hace 15 meses) y el trigo (45% de alza en diez meses), insumos básicos de gran cantidad de alimentos. No hay ninguna regla económica, sin embargo, que diga que los precios internos deben seguir, necesariamente, a los internacionales.

Frente a esta tendencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinará este año, a través de la tarjeta Alimentar, 184.800 millones de pesos para cubrir las necesidades más elementales de 4,2 millones de niñas, niños y adolescentes. A comienzos de mayo pasado el Gobierno nacional anunció la decisión de prácticamente triplicar el universo asistido en la compra de alimentos, que hasta entonces alcanzaba a 1,6 millones de personas y se amplió a fin de cubrir a familias con hijas e hijos de hasta 14 años.
Adicionalmente, para combatir el hambre y garantizar el derecho de acceso a la alimentación, se dispuso actualizar en 50% el valor de la prestación, teniendo en cuenta la cantidad de hijos/as. Para hogares con un hijo/a se mantiene en 6.000 pesos; con dos hijos/as se elevó el monto a 9.000 pesos; y hogares con tres o más hijos/as reciben hasta 12.000. Deben sumarse el bono de 15.000 pesos para la Asignación por Hijo y por Embarazo, y monotributistas del AMBA; el refuerzo para comedores; la devolución del 15% sobre consumo con tarjetas de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH/AUE; y el refuerzo del programa Becas Progresar.
Esas y otras medidas, con un impacto estimado del 0,5% del PIB, suelen aparecer en los grandes medios como muestras de «clientelismo» o el «gasto público indebido». El compromiso solidario del plan oficial, sin embargo, tiene un efecto tanto asistencial como de impulso al compre local, mediante la utilización de la tarjeta en comercios pequeños y de barrio.
En ese mismo sentido van un conjunto de disposiciones en provincias y cientos de municipios de todo el país. Buenos Aires, el distrito más extenso y poblado, lanzó el SIMAP (Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios), para que consumidores y comerciantes denuncien sobreprecios o situaciones de desabastecimiento. Adicionalmente se puso en marcha el programa «Comprá más cerca», un acuerdo de precios trimestral de productos esenciales y sin marca entre comercios de proximidad, municipios y el Gobierno bonaerense, con participación de distribuidores, mayoristas, pequeños y medianos productores y cooperativas locales. Ya están adheridos 400 comercios de 43 municipios bonaerenses.

Factores múltiples
Existen otros impulsores de la carestía. Pineau menciona el componente inercial en la aceleración inflacionaria: «Las expectativas juegan un factor fundamental y se conforman a partir de los precios pasados, los cuales terminan siendo proyectados hacia adelante, manteniéndose de esa manera una tendencia ascendente». Por su parte, Andrés Asiaín, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), coincide en que «la indexación de los contratos, sea formal o informal, genera una inercia que proyecta la inflación del pasado hacia adelante».
La economista y diputada nacional Susana Landriscini (Frente de Todos-Río Negro) destaca a su vez el impacto favorable del congelamiento (y los limitados aumentos recientes) en las tarifas de servicios públicos. Los tarifazos, recuerda, fueron la opción elegida en años anteriores para reforzar la rentabilidad de los prestadores, con los argumentos falaces de «sincerar costos», «pagar lo que valen» y «evitar despilfarros». Según la legisladora, en los últimos años la menor oferta de bienes públicos (educación, salud, agua, electricidad, gas), a medida que se consolidaron los concesionamientos monopólicos, disminuyó el bienestar de la población. «Esta escasez, asociada a la mercantilización de la vida, fue una de las causas de la inflación», definió Landriscini.
Federico Glodowsky, economista y profesor de la UBA, entiende por su parte que el aumento de precios «es un mal inevitable cuando hay crecimiento con inclusión en el consumo, incluso en países desarrollados, pero un mal menor en definitiva». Alerta además que, si se generan las condiciones para el repunte de la economía, «la disputa por la remuneración a los factores productivos será una causa adicional a la actual inflación». En definitiva, concluye Glodowsky, el desafío es «que los incrementos salariales sean superiores a los aumentos de precios, para que la distribución del ingreso opere en forma progresiva y genere la movilidad ascendente que reduzca la pobreza».