18 de mayo de 2021

Daniel Vilá

Disputas políticas y posicionamientos antagónicos en el contexto del avance de la vacunación para frenar el COVID-19, no exenta de dificultades, especialmente en el acceso al stock de dosis necesario para proteger a la población de riesgo.

Ciertas actitudes políticas asumidas ante la pandemia y la campaña de vacunación programada para combatirla son un claro reflejo de posicionamientos antagónicos respecto de la vida en sociedad, de la equidad, del valor de lo público, de la empatía con los más desfavorecidos. Ante una catástrofe que involucra a todos –un terremoto, masivos incendios forestales o el COVID-19– se da por supuesta una reacción colectiva y solidaria que relegue a un segundo plano las diferencias partidistas y las especulaciones electoralistas. Sin embargo, algunas fuerzas respaldadas por medios de comunicación que amplifican sus posturas han incorporado cuestiones que son de vida o muerte a las campañas con las que suelen especular para alimentar el odio y el resentimiento.
Simultáneamente, como sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se insiste en adoptar medidas diferenciadas en lo que hace a la estrategia para combatir el virus, que impiden u obstaculizan los intentos por lograr la reducción de los casos. Un ejemplo concreto es la insistencia marquetinera por generalizar y apurar la presencialidad en las escuelas sin que todavía haya sido inmunizado el personal que en ellas trabaja. Las consecuencias han comenzado a advertirse. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ha denunciado recientemente que el Gobierno porteño actúa con laxitud ante la cantidad de infectados que se han registrado en las aulas. Según el gremio que agrupa a los maestros, en pocas semanas se verificaron casos en 160 de las 800 escuelas del distrito con más de 300 contagiados. Lo más grave sucede en los jardines de infantes donde además de los docentes a cargo de cada burbuja hay otros que comparten grupos. Resulta evidente, además, que dada la edad de los niños –de 2 a 5 años– se hace imposible evitar contactos estrechos o mantener el protocolo. La solución aportada por las autoridades es aislar las burbujas donde las y los docentes dieron positivo y continuar como si nada hubiese pasado.

Perros y gatos
Hubo otras situaciones en la CABA que atentaron contra una rápida inmunización de la mayoría de los ciudadanos: no se abrió un registro para vacunarse como sí se hizo en la mayoría de las provincias y solo los mayores de 80 pudieron inscribirse a partir del 19 de febrero, les fueron entregadas centenares de vacunas a las prepagas y obras sociales mientras se le negaba al PAMI la vacunación de sus afiliados, la página web y el 147 colapsaron y se redujeron al mínimo los centros de vacunación hasta que el caos generado en el Luna Park y en San Lorenzo de Almagro forzó la apertura de otros nuevos.
En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales resolvió adoptar el mismo mecanismo que Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, y entregó vacunas a los privados, pero terminó admitiendo que, mediante ese procedimiento, se habían vacunado sin esperar su turno «hasta los perros y los gatos». En Corrientes, en tanto, el descontrol llegó al punto de que el responsable del área, Ricardo Cardozo, sufrió un accidente cardíaco mientras manejaba su automóvil en el que trasladaba 900 dosis de Sputnik V sin cumplir con ningún protocolo ni poseer documentación. Impávido, el gobernador Gustavo Valdés, alegó: «No voy a echar a un ministro porque tuvo un infarto».
Basada en estas experiencias y en busca de llevar agua para su molino, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, difundió una propuesta para acabar con la escasez que dice a las claras cual es la concepción de su partido respecto de la igualdad de posibilidades y el rol del Estado en la asignación de recursos escasos. Para acelerar el proceso vacunatorio postuló: «Dejemos que los privados compren las vacunas. Que la pague quien pueda hacerlo», al tiempo que calificaba de «soviética» su adquisición por parte del Estado argentino. En la misma sintonía, los diputados radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley por el cual se habilita a las provincias y a la CABA para adquirir vacunas en sus respectivas jurisdicciones y se autoriza a cualquier privado –farmacias, laboratorios, etcétera– para importarlas y venderlas en todo el territorio nacional. De esta manera el Estado perdería el monopolio en la materia, lo que se intenta compensar disponiendo que el 10% de las dosis adquiridas por los privados sean destinadas al sistema público de salud.

Distribución injusta
Además de que estas iniciativas instalan la idea de que el que tiene más dinero acredita mayores derechos, parten de una ingenuidad, la de ignorar que si los económicamente menos favorecidos no acceden a la inmunización, aquellos que han sido vacunados siguen corriendo riesgos.
El mundo entero ha podido comprobar que las fronteras del virus son lábiles y que ningún país está a salvo si sus vecinos no han tomado las decisiones apropiadas. En América Latina, por ejemplo, solo se han recibido poco más de 40 millones de dosis que apenas alcanzan para inmunizar al 3% de la población. Hace pocas semanas, científicos de la Universidad estadounidense de Duke señalaron que la situación en Brasil es una amenaza global. «¿Qué sentido tiene luchar contra la pandemia en Europa o en Estados Unidos si Brasil sigue siendo un caldo de cultivo del virus?», se preguntó el neurocientífico Miguel Nicolelis. Por otra parte, aquellas pocas naciones que, como la Argentina, han firmado contratos por grandes cantidades no cuentan con la disponibilidad prevista debido a los problemas de producción de los laboratorios involucrados y a que las grandes potencias económicas han acaparado un volumen mucho mayor del que en realidad necesitan.
En cuanto al Covax, que procura distribuir vacunas entre los países más pobres, está concebido como un mecanismo filantrópico que no ataca a fondo la mala distribución ni impide que los monopolios de la industria farmacéutica sigan haciendo su agosto a costa de las víctimas de la pandemia. Según Amnistía Internacional, nueve de cada diez personas no recibirán dosis en 2021 en los países de menores recursos.
Una de las empresas más poderosas del mundo, la multinacional Pfizer, solo con la venta de su vacuna obtendrá este año un beneficio de 4.000 millones de dólares. Ante el interés del Gobierno argentino por contar con su producto, la empresa exigíó inmunidad frente a eventuales reclamaciones por daños. En octubre se votó una ley que lo haría posible, pero a Pfizer no le satisfizo y rompió las negociaciones. Dos meses después planteó una exigencia adicional: Argentina debería ofrecer como garantía a posibles reclamos, bases militares, embajadas y reservas del Banco Central. El acuerdo no se concretó.
El microbiólogo belga Christophe Callewaert afirma en una nota publicada por De Wereld Morgen, que Pfizer, junto con los otros gigantes farmacéuticos, está haciendo todo lo posible por mantener las patentes en sus manos, ya que países como Sudáfrica e India con apoyo de otras decenas, intentan obtener una flexibilización a través de la Organización Mundial del Comercio. Un grupo de presión estadounidense financiado por Pfizer y Johnson & Johnson –dice– pasó inmediatamente al contraataque presionando a su Gobierno para que no cediera.

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