27 de abril de 2016
El nuevo presidente del INAES, Marcelo Collomb, destaca la importancia de implementar políticas que impulsen la capacitación, la modernización y el acceso al crédito.
Con extensa trayectoria en la función pública vinculada con el sector de la economía social, Marcelo Collomb fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes), el organismo que, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de regular, controlar y promover a las asociaciones mutuales y cooperativas. Collomb, que antes de asumir estaba a cargo de la coordinación técnica del directorio, presentó recientemente a las nuevas autoridades que conducirán el organismo y, en ese marco, expuso los principales ejes que piensa impulsar desde su gestión: reorganización administrativa, promoción y desarrollo, control público y revalorización de los canales institucionales. En diálogo con Acción, el funcionario profundizó algunos de esos lineamientos y analizó la actualidad del sector.
–En la presentación del nuevo plan de acción del inaes manifestó que los ejes trazados para su gestión estarán acordes a los nuevos desafíos que debe afrontar el Estado, ¿cuáles son esos desafíos?
–Por un lado, tienen que ver con el trabajo que debe hacer el Instituto como autoridad de aplicación junto con los Estados provinciales para atender las necesidades de las cooperativas y las mutuales. Puntualmente me refería a la reorganización administrativa y a la resolución de temas que a veces parecen menores pero que no lo son. Creemos que es fundamental el buen desarrollo institucional de las entidades, tanto en lo prestacional y el desarrollo de los servicios como en la generación de la producción, todo es importante y todo es complementario. Esto significa que el Estado tiene que estar mucho más cerca de las necesidades de las cooperativas y las mutuales y tiene que tratar de resolver todas sus problemáticas, levantar todas las barreras para que las entidades puedan sortear los obstáculos que se les presentan en su camino. Al mismo tiempo, es imprescindible darle al sector, y también al Instituto, una visibilidad diferente. Queremos que la sociedad vea al inaes como un organismo técnico y que sus funcionarios tengan la capacidad para asistir a las entidades y las ayuden a desarrollarse. Es decir, tenemos que calificar al organismo, lo que también significa calificar a las entidades. Por otro lado, queremos desarrollar políticas públicas que favorezcan al sector y, fundamentalmente, debemos velar por preservar la figura cooperativa y mutual, y la manera más activa para preservarla es fomentando la participación, que los asociados intervengan en sus órganos de administración y de fiscalización, en las asambleas, porque cuanta más participación haya y más debate se genere, menos situaciones conflictivas se van a presentar en el desenvolvimiento de las instituciones. Otra de las cuestiones que tenemos que favorecer desde el Estado es la integración del sector cooperativo y mutual en distintas actividades que pueden ser comunes y que pueden llevarse adelante de manera conjunta para permitir una potenciación de los actores. Pero no se trata solo de fomentar la integración federativa, donde las entidades se asocian en la defensa de intereses compartidos, sino también de integrar a las entidades de primer y segundo grado en el desarrollo de sus acciones, de sus servicios, de su producción. Por ejemplo, que puedan articularse una cooperativa de servicios públicos y una mutual para el financiamiento de emprendimientos de bien público, y que también se sume, si es necesario, una cooperativa de trabajo para llevar adelante la obra. El inaes tiene que generar mecanismos para hacer atractivas este tipo de propuestas y las entidades se tienen que comprometer y participar, nosotros no podemos forzar la integración.
–¿Cuáles serían en concreto las políticas públicas que impulsará el organismo en este sentido?
–Por ejemplo, vamos a subsidiar tasas a una mutual que brinda servicio de ayuda económica o a una cooperativa de crédito que atiendan proyectos productivos. Otra forma es flexibilizarle las relaciones técnicas a las entidades que puedan financiar iniciativas que favorezcan el desarrollo local y comunitario. Es importante que los recursos circulen dentro de la misma región, en la misma localidad donde se generaron. Se trata de promover un proceso virtuoso de desarrollo solidario y nada mejor que las cooperativas y las mutuales para llevar adelante este tipo de acciones. Sabemos que hay muchos recursos dentro del sector que pueden facilitar el acceso al crédito a las mismas entidades solidarias. Nuestro trabajo es favorecer esas líneas de crédito porque no es lógico que los fondos que las cooperativas y mutuales tienen estén depositados en entidades financieras cuando podrían utilizarse para asistir emprendimientos del mismo sector. Entonces, la idea es diseñar un programa de créditos con bajas tasas de interés. Los recursos del organismo no son suficientes para atender a todos los proyectos del sector, pero si nosotros financiamos tasas estamos subsidiando el uso de esos recursos a favor del mismo sector, orientado más que nada al área productiva. Del mismo modo, si les facilitamos a las entidades el desarrollo del servicio financiero, adecuándoles o flexibilizándole determinadas relaciones técnicas, también vamos a aportar en este sentido. Más allá de esto, estamos pensando en tratar de trabajar con otros organismos financieros, como el Banco de la Nación Argentina, para darle acceso al crédito a cooperativas o mutuales en otros niveles de proyectos que no estén al alcance de estas propuestas; pero tengamos presente que no son pocos los recursos que hay en el sector y hay que aprovecharlos.
–¿En esta línea entra la política de microcréditos que viene desarrollando la conami y en la cual participan numerosas entidades de la economía solidaria como organizaciones administradoras y ejecutoras?
–Sí. Ya nos pusimos en contacto con la Comisión Nacional de Microcrédito para continuar desarrollando esta línea de financiamiento; la comisión quiere que las cooperativas y las mutuales sigan formando parte de esta iniciativa porque lo vienen haciendo muy bien. Al mismo tiempo, como anunciamos, también vamos a flexibilizar las relaciones técnicas en aquellas entidades que por su cuenta implementen programas de microcréditos. No se trata solo de aportar recursos, sino de colaborar con medidas que hagan atractiva para la entidad la aplicación de esos programas; queremos desarrollar a pleno las potencialidades de las entidades. Es importante señalar que muchas cooperativas y mutuales ya llevan adelante este tipo de prácticas, quizás con otro nombre y ni se dan cuenta que están haciendo lo mismo.
–Un tema pendiente es la reglamentación e implementación del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional que establece la incorporación de los principios del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza, ¿qué acciones se van a promover para lograr este objetivo?
–La educación cooperativa y mutual es una antigua deuda que tiene el sector y queremos que, dentro del ámbito de las comisiones temáticas, se debata de qué modo puede reglamentarse este artículo y, paralelamente, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación el cómo implementarlo y efectivizarlo. Entonces, tenemos que generar el debate, trabajar sobre un proyecto concreto, estudiarlo de manera conjunta con el Ministerio y luego impulsarlo. Nosotros creemos que la mejor manera de trabajar es con hechos concretos. Asimismo, hay que articular con otros organismos y ministerios. Cuando se avanza sobre cuestiones concretas, aunque no se logre el objetivo final, se está dando un paso más para alcanzar el objetivo propuesto; aun cuando haya cambios de gobierno, siempre hay que ir adelantando un poco más. Con esa finalidad, recientemente nos reunimos con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio para delinear los principales ejes de la convocatoria 2016 del Programa Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, destinado al financiamiento de proyectos de investigación aplicada, que busca acercar a las universidades y a las entidades de la economía social para la solución de problemas concretos a partir de la investigación y la generación de conocimientos útiles para las empresas cooperativas y mutuales. Esa es una de las tantas propuestas que queremos trabajar en conjunto con la universidad.
–En los últimos años el movimiento cooperativo viene expresando la intención de lograr un mayor peso político y una incidencia económica más fuerte. ¿Están dadas las condiciones para efectivizar estos anhelos?
–En primer término, tenemos que contar con datos estadísticos ciertos para saber la incidencia que tenemos realmente en el Producto Bruto Interno. Eso requiere de un trabajo conjunto entre el Estado y las entidades, ya que el Estado tiene ciertos parámetros y las cooperativas y las mutuales tienen sus propios datos. Estamos convencidos de que sobre la base de datos estadísticos ciertos podremos empezar a trabajar políticas concretas. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en las empresas de la economía social no se mide solamente la incidencia económica en el pbi, también se evalúa el desarrollo integral que éstas generan en las comunidades. No se calcula solo la renta que percibe cada una de las personas sino que también se contemplan las posibilidades que tiene una persona de acceso, a través de una cooperativa o una mutual, a una atención digna a la salud, a la educación y a una participación cultural, entre otros aspectos.
–Se evalúa la incidencia social.
–Exacto. Se tiene en cuenta el desarrollo integral de las personas. En ese marco, ¿cómo se puede tener mayor incidencia? Del modo que lo vinimos diciendo, tratando de generar políticas públicas que favorezcan el asociativismo. Los beneficios que ofrece el asociativismo han quedado demostrados no solo en la Argentina sino también en el mundo entero. Estas políticas se tienen que generar desde el Estado pero con una participación activa del sector. Las cooperativas y las mutuales deben tomar conciencia de que tienen que ocupar determinados espacios y trabajar en ellos para ir abriendo caminos que permitan afianzar el desarrollo del sector.
–En su discurso de asunción habló de la necesidad de una mayor federalización. ¿Cómo se llevaría a cabo?
–Dentro de la estructura del organismo está el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, en este ámbito está representado el Instituto y los órganos locales provinciales, el fin que persigue este espacio es la fijación de políticas públicas para el sector de manera federal y para todo el territorio nacional; nuestra intención es tener un trabajo más activo, coordinado y conjunto con ellos porque los órganos locales poseen un conocimiento más acabado e inmediato de las problemáticas que tienen las cooperativas y las mutuales, simplemente por su cercanía territorial. Obviamente, en las cuestiones prácticas que hacen a las funciones de cada uno de los organismos hay que fijar parámetros mínimos, que en algunos casos se podrán desplegar más y en otros, menos, dada la estructura que cada gobierno provincial le haya dado al órgano local. Hay provincias que mencionan al cooperativismo y al mutualismo en sus constituciones provinciales y que tienen una gran estructura, y hay otras que no les han dado tanta importancia y la estructura administrativa es más pequeña. Entonces, veremos cómo vamos a interactuar con unos y con otros, pero la idea es darles participación porque para nosotros es muy importante la relación con los gobiernos provinciales y la participación que ellos puedan tener a partir de ese conocimiento directo que tienen con las cooperativas y las mutuales.
–¿Se van a incentivar las alianzas entre otros organismos del Estado y las entidades cooperativas y mutuales?
–Siempre tiene que haber una colaboración activa entre distintos organismos públicos. Si bien es cierto que hay cuestiones que escapan a la competencia y a las funciones del organismo, al promover el funcionamiento de comisiones temáticas estamos colaborando en la resolución de numerosas problemáticas que nosotros podemos resolver. La idea es hacer de puente y de nexo con otros organismos del Estado. En las comisiones temáticas se van a debatir claramente cuáles son las problemáticas que tienen las entidades en sus diversos rubros, lo vamos a discutir con el Estado y vamos invitar a otros organismos a participar.
–En la última década hubo una fuerte expansión de las cooperativas de trabajo, en particular de las entidades vinculadas con los programas sociales, ¿qué políticas se prevén para el sostenimiento y el crecimiento de este rubro del sector?
–Por un lado, vamos a acompañar las políticas que en este sentido lleve adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, nosotros proponemos medidas de acompañamiento y fortalecimiento a todas aquellas cooperativas que necesiten de asistencia técnica permanente; queremos apuntalarlas y también generar un sistema de tutorías integradas con cooperativas que tienen en las comunidades un mayor desarrollo que estas nuevas entidades. La idea es generar un intercambio de experiencias que sea enriquecedor tanto para la una como para la otra.
–¿Esto va en línea con el trabajo de integración entre cooperativas ya mencionado?
–Sí. Estamos muy interesados en favorecer todo tipo de sinergias, por eso cuando hicimos los anuncios citamos dos casos que estamos apoyando y que son modelo de integración. Por ejemplo, sería bueno que si una cooperativa que necesita algún material o servicio que otra entidad produce, le compre a esa empresa de la economía social. También se puede dar el caso de que si una cooperativa tiene una máquina ociosa, esa máquina pueda ser utilizada por otra entidad hermana. De todos modos, creemos que en los últimos años se avanzó bastante en la integración, hay muchas redes, aunque todavía falta; falta porque la integración es algo que se construye día a día y no es fácil, es una cuestión de confianza, de ir probando acciones conjuntas, una cosa es la participación federativa que reúne intereses comunes y otra cosa es la integración económica y el desarrollo de servicios concretos entre las entidades. Esto también aporta al concepto de eficiencia que deben tener en cuenta las entidades porque las empresas solidarias salen al mercado a pelear poder económico real, con solidaridad y con una ética de la responsabilidad que las diferencia claramente de las empresas con fines lucrativos. Es decir, tienen que ser eficientes para generar su propia sustentabilidad pero también tienen que tener un fuerte compromiso social.
—Silvia Porritelli
Fotos: Horacio Paone
