Querellante desde hace años en juicios por delitos de lesa humanidad, el abogado y periodista se enfrenta hoy a un escenario inédito: esclarecer graves violaciones a los derechos humanos en democracia, como en la recuperación militar tras el copamiento del regimiento de La Tablada.
9 de mayo de 2019
Luego de participar como querellante en distintos juicios por delitos de lesa humanidad por hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar argentina, desde diciembre de 2018, Llonto, junto con sus colegas Liliana Mazea y Eduardo Lombardi, participaron de un juicio que tuvo características particulares. En primer lugar, el equipo jurídico representó a la familia de José Díaz, integrante del Movimiento Todos por la Patria, desaparecido durante la recuperación militar del Regimiento 3 de la localidad bonaerense de La Tablada en enero de 1989, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Por otra parte, en este juicio, que buscó establecer la responsabilidad del exgeneral Alfredo Manuel Arrillaga, a cargo del operativo para recuperar el regimiento, en la desaparición de Díaz, se rompió el pacto de silencio que sostienen los militares, a más de tres décadas de finalizada la dictadura. Y como consecuencia de esto, puso en evidencia la complicidad de representantes del Poder Judicial de la democracia para encubrir las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la recuperación del regimiento. Cabe recordar que el 23 de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria (MTP) copó el Regimiento 3 de La Tablada bajo el argumento de que lo hacía para frenar un golpe de Estado contra el gobierno de Alfonsín, que dos meses antes había afrontado en Villa Martelli el tercer alzamiento carapintada. En La Tablada murieron 32 miembros del MTP, nueve militares y dos policías. Fotografías tomadas luego de la rendición de los atacantes mostraron vivos a integrantes del MTP que continúan hoy desaparecidos: José Díaz, Francisco Provenzano, Iván Ruiz y Carlos Samojedny. Como corolario de 30 años de lucha, a mediados de abril el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua al exgeneral Alfredo Arrillaga por la desaparición de Díaz, uno de los cuatro militantes desaparecidos.
–El Tribunal de San Martín condenó a Arrillaga, sin embargo, en la sentencia, los jueces se pronunciaron en contra de catalogarlo como un crimen de Estado.
–El Tribunal lo definió como graves violaciones a los derechos humanos. Hacia afuera son líneas finas de diferencia. Nosotros queríamos que se lo considerara crimen de Estado, en consecuencia, nuestra construcción se basó en que el terrorismo de Estado puede ser cometido aun en democracia y que ese terrorismo de Estado va a depender del grupo, aparato, porción del Estado que puede decidir en forma autónoma de la cabeza del Gobierno, llevar adelante dichas acciones que configuran terrorismo de Estado.
–¿De espaldas al Gobierno?
–Son construcciones nuevas y, sobre todo para la Argentina, son difíciles de comprender, porque el país viene ya de todas sentencias sobre crímenes de lesa humanidad donde el concepto es mucho más claro. Pero como se construyó una forma distinta del concepto de terrorismo de Estado en los hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976, ahora lo que necesitamos construir es hacia adelante, después del 10 de diciembre de 1983.
–¿Esto hablaría de las continuidades del aparato represivo durante los gobiernos posdictatoriales?
–La idea del Tribunal es que, aun en gobiernos democráticos, puede haber un sector –todo el Ejército, toda la Marina, una parte del Ejército, una de la Marina– que decide cometer terrorismo de Estado a partir de la utilización del Estado. Todavía no están los fundamentos del Tribunal, pero lo que sí se dijo en el veredicto, en la síntesis, es que se lo califica como graves violaciones a los derechos humanos. O sea que personas pueden cometer graves violaciones a los derechos humanos y la gravedad de dichas violaciones obliga al Estado a investigarlas y sancionarlas. Ese sería el marco en que quedaría inscripto el fallo de Arrillaga.
–¿Hay antecedentes de esta construcción en otros casos ocurridos durante gobiernos democráticos?
–Así es, el caso de Walter Bulacio en la Argentina y en otros países ha sido usado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay cuestiones prácticas, que tienen que ver con la imprescriptibilidad fundamentalmente. Si lográs la calificación de graves violaciones a los derechos humanos, como dice la CIDH, de carácter imprescriptible, el Estado tiene la obligación de investigar, aunque le lleve toda vida, lo tiene que hacer. No está mal, porque eso permite que el concepto de grave violación a los derechos humanos y su aplicación sea utilizado en casos de secuestro y tortura policial, a los casos como este de La Tablada, a desapariciones. Es una puerta importante que se abre o que continúa abriéndose y no está mal. Te repito, en las sentencias anteriores al 24 de marzo de 1976, a los jueces se les hizo más fácil porque había decretos de aniquilamiento, porque efectivamente desde el Ejecutivo había apoyo a la Triple A y hasta propias expresiones de las conducciones del Ejército, de la Policía. En el caso de La Tablada era más complicado, estaba Alfonsín de por medio, llevarlo a la calificación de crimen de Estado implicaba involucrar al Ejecutivo. No era fácil, era una vara alta para saltar. Lo interesante hubiese sido que la construcción del Tribunal dejara implicado por lo menos al Ejército, ese era nuestro objetivo.
–En tu alegato final citaste varios documentos desclasificados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que tienen que ver con los días del copamiento, que contradicen las pruebas fotográficas del momento de la rendición. ¿A qué se refieren específicamente estos documentos?
–El grueso de la documentación está focalizado en los días del ataque al regimiento y en los días del juicio en octubre de 1989 contra los integrantes del MTP. Hay mucha data, data de inteligencia, que se compone de la información que aparecía en los medios de comunicación. Era un barrido, sobre todos los diarios, las radios. Después están los PPMM– por propios medios– en los que no figura quién es, pero dice tal información la tenemos por PPMM, y en otro caso, ponen la fuente. Ahí figura que José Díaz estaba abatido. Y de Provenzano dice que estaba abatido y desaparecido.
–Pero allí figura –con fecha posterior a la rendición– que Provenzano también estaba abatido.
–Ese es un tema que lo vamos a trabajar mejor en la parte de instrucción, porque este era un juicio oral que tenía como objetivo a la víctima José Díaz, desaparecido y asesinado. Quedan tres casos: Provenzano, Samojedny y Ruiz. Toda esa investigación va a continuar en el Juzgado Federal de Morón, hay que ver qué decide este juzgado.
–¿Qué debe decidir?
–El Tribunal de San Martin resolvió, en una medida extraña, que dejamos pasar porque no queríamos meternos en una discusión ya que estaba terminando el juicio, que a los documentos de la AFI no se los podía fotocopiar ni fotografiar. Para consultarlos teníamos que ir a una oficina, dejar los teléfonos afuera y solo podíamos anotar. Toda esta documentación va a ir al Juzgado de Morón y vamos a ver si resuelve lo que resuelve la mayoría de los juzgados, que es parte de la prueba y en consecuencia las partes tienen acceso a fotografiarlos, escanearlos. Ahí vamos a hacer un análisis más detallado. Incluso estamos pensando pedir a la AFI alguna explicación de, por ejemplo, las fechas, porque hay informes que son de febrero, de marzo, de septiembre. Que expliquen el origen de esa información, cómo la tomaron, de qué manera. Es difícil llegar a una explicación de documentos de tanta antigüedad, pero vamos a hacer el intento.
–Uno de los datos salientes de este juicio fue que dos testigos, exmilitares, rompieron el pacto de silencio que desde hace más de 40 años mantienen las Fuerzas Armadas.
–Todo eso es parte de un avance enorme de la sociedad argentina, que es una de las cosas más hermosas que se ha podido construir, que viene del arrastre de la lucha de Madres y Abuelas en esos años. Hoy la sociedad argentina está atravesada muy fuertemente por varios factores que te hacen decir en algún momento de tu vida: yo no puedo seguir sosteniendo graves violaciones a los derechos humanos. Porque aunque tengamos hoy un país gobernado por un partido de derecha, de centroderecha, ultraconservador, a su vez, con estas historias de las violaciones a los derechos humanos, recibe a Obama en el principio de su gestión y lo lleva al Parque de la Memoria, viene el primer ministro francés y lo lleva al Parque también, se mueren por ir a una entrega de documentos desclasificados de los Estados Unidos sobre violaciones a los derechos humanos, sacarse la foto, volver con los documentos y entregárselos a los organismos. Obviamente hay cuestiones, como el 2×1, pero ojo, la Corte Suprema cambia su fallo. La última instancia de la Justicia dicta un fallo que beneficia a un genocida por 3 votos a 2 en 2017, hay una movilización popular, un repudio total, el Congreso Nacional por unanimidad vota una ley para que no se aplique el 2×1 y la Corte modifica su fallo. 4 a 1 es el nuevo fallo.
–¿Te referís a determinado consenso social en cuanto al tema derechos humanos?
–Me pregunto en ese contexto qué fue lo que pasó en el juicio de La Tablada. Me pregunto, yo no lo sé. Todo esto tiene que ver con la conciencia de este suboficial César Ariel Quiroga, que se sienta a declarar como testigo de la defensa y lo primero que dice cuando empieza a contar es: señores jueces, yo quiero decir que llevo esta mochila desde hace 30 años, se quiebra, llora. Es decir, me parece que es también para ponerlo en este aspecto del análisis. Tanto él como el suboficial José Alberto Almada, quien hace declaraciones periodísticas en los años 90 y principios de 2000 sobre que efectivamente estaban desaparecidos Iván Ruiz y José Díaz, pero que ahora había que ver cómo actuaba con el inicio del juicio, con Arrillaga ahí, con presiones del Ejército. Y no solo reafirmó, sino que también contó mucho más, dio detalles, estuvo muy comprometido. Entonces, uno se tiene que preguntar si esa autenticidad tiene que ver con la conciencia de un pueblo.
–Quiroga, testigo de la defensa, declaró que pocos días después de recuperado el regimiento, fue llevado al Juzgado de Morón, que dirigía Gerardo Larrambebere y cuyo secretario era Alberto Nisman, y lo hicieron firmar una declaración que nada tenía que ver con los hechos ocurridos y estaba en línea con lo declarado por el Ejército.
–Sí, el nombre es Larrambebere, el otro era Nisman, por ahí vamos a ir ahora. Es una apuesta fuerte, porque hay que ver si el Poder Judicial se mete con el Poder Judicial de la democracia, porque a algunos jueces meterse con sus pares de la dictadura les es más cómodo. Acá hay que meterse con un juez federal de Morón, que tuvo su sostén político en el peronismo. Ya estamos solicitando medidas en primera instancia para ver el rol que cumplió Larrambebere, porque todo esto que se dijo en el juicio hay que profundizarlo.
–¿Cómo sigue La Tablada II?
–La idea es seguir imputando a Arrillaga por los tres casos y seguir trabajando lo que surgió ahora con más claridad, como el rol de los grupos de inteligencia que vinieron desde La Plata y que son los que hicieron los interrogatorios y los que evidentemente tienen participación en ese último tramo, que serían los autores directos. Al empezar todo esto de La Tablada, la defensa era argumentar que los cuatro desaparecidos se habían fugado, lo que figuraba en las declaraciones oficiales en el Juzgado. Hoy esa era una apuesta muy audaz. Era un discurso que en los primeros años pos-La Tablada podía sostenerse. Pero se dieron cuenta de que con lo que se había dicho en los 90 y primeros años de 2000 no podían sostenerlo más, entonces la defensa de Arrillaga fue por otra línea, «yo cumplí órdenes de la democracia, todo eso fue un desorden con mucha gente donde cada uno hacía lo que quería, y estos dos suboficiales están mintiendo». Eligieron esa línea de defensa muy endeble. Pero obviamente el pacto de silencio de la dictadura acá también se plasmó. Pensábamos que iba a ir por el lado de desligar responsabilidades e ir directamente sobre el grupo de Inteligencia y tratar de despegarse. Le iba a resultar difícil, pero era una línea más seria que decir que Almada y Quiroga eran dos mentirosos.
