Especialista en derecho y género destaca el proceso de movilización y acumulación de conciencia social sobre los femicidios y consigna el negativo rol que juegan los medios de comunicación y su forma de abordar estos hechos. La responsabilidad del Estado y la necesidad de un cambio cultural.
25 de enero de 2017
Sin lugar a dudas, el movimiento de mujeres ha sido uno de los hechos políticos más trascendentes del año pasado. La masividad alcanzada por la consigna «NiUnaMenos» impulsó el protagonismo de las demandas de género, pero sobre todo ubicó en el centro de la escena pública un sujeto novedoso, cuya capacidad de supervivencia dependerá de las posibilidades de su articulación y permanencia. ¿Estamos ante la puerta de un cambio cultural?; ¿cuál debe ser el rol del Estado en este contexto?; ¿cómo capitalizar los logros alcanzados y evitar la dispersión?, son algunas de las preguntas sobre las que avanza Ileana Arduino. Especialista en derecho y género, fue asesora del Consejo Nacional de las Mujeres y subsecretaria de Articulación con los Poderes Judiciales, cargo desde el cual coordinó el desarrollo del primer protocolo de investigación de femicidios. Docente y actual integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa tuvo en sus manos nada menos que las políticas de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. En este sentido, advierte sobre lo que caracteriza como «la criminalización de la política», que en su opinión no solo significa la corrosión de derechos sociales fundamentales, sino también una centralización excesiva en la Justicia, «el menos democrático de los tres poderes».
–¿Cuáles cree que son las consecuencias más importantes del movimiento NiUnaMenos?
–Me parece que, claramente, hay un proceso de acumulación en términos de conciencia muy interesante. En la última movilización hubo un gran cuestionamiento en primera persona, que logró trascender la atribución de responsabilidades y pensó más allá del hecho convocante. Nos empezamos a preguntar colectivamente y en primera persona cómo es que las relaciones en términos de género llegan a estas expresiones tan extremas. Esta cuestión quedó clara el día de la última movilización pero, como decía antes, solo puede entenderse como proceso de acumulación. Es decir, no se limita a un año o a la reciente emergencia del NiUnaMenos, sino que tiene atrás quince encuentros nacionales de mujeres, conquistas fundamentales que han permitido y habilitaron otras discusiones, el avance de la comunidad LGBT que pudo ir planteando agenda, etcétera. Por otro lado, me parece que todo esto se transforme en un tema visible en un contexto de retroceso de otros derechos y de avance de políticas neoliberales, lo hace aún más destacable, porque muchas veces las agendas de género se ven retraídas en estas condiciones.
–Ahora bien, este proceso de acumulación que menciona parece haber cosechado durante este último año un capital imposible de imaginar tiempo atrás. ¿A qué se debe?
–Puede ser por cierto recorte mediático, con casos que resuenan mucho. No olvidemos que el NiUnaMenos surge tras el caso de Chiara Páez, la niña de 14 años asesinada por su novio, que seguro muchos ya ni recuerdan. Y semanas atrás de ese había sido el crimen de Melina Romero, y un poquito antes el de Ángeles Rawson. Todos han sido hechos que produjeron escándalo, y lo cierto es que asistimos a abordajes donde la víctima no es la víctima correcta…
–¿A qué se refiere?
–Hay niñas cuyo crimen aparece en los medios como una vida truncada. Pero hay otras en donde la explicación elude completamente al violento y es trasladada a la víctima. Encontramos la variable explicativa en su propia conducta. En términos de clase, y en términos de qué hizo y qué no hizo para protegerse. Tenemos que entender, no solo hay una dinámica de violencias menores que sostienen estas formas extremas de violencia, sino que también tenemos un conjunto de prácticas pasivas, restricciones que nos dicen cómo vestirnos, cómo salir a la calle o cuán responsables somos de nuestra propia seguridad o no. Y eso ha empezado a ser visibilizado como parte del problema. Quedó en evidencia que no importa cuánto hagas. Si la matriz de relaciones sigue siendo violenta y jerarquizada en términos de género, hay un punto donde no hay nada que podamos hacer nosotras para evitarlo. Con correr no alcanza. Y esto en términos políticos es una oportunidad enorme para poder plantear propuestas que exceden el reclamo por las responsabilidades individuales que hay detrás de cada crimen. En este sentido, lo que también me parece interesante de la última manifestación es que no hubo un tono punitivo del reclamo. Es decir, direccionado al castigo, al aumento de penas y todas esas cosas que suelen asociarse a las demandas de seguridad frente al delito. Por el contrario, se ha planteado una agenda mucho más sofisticada que la demagogia punitiva.
–En este punto lo que se pone en juego es a qué sujeto se está interpelando, si al Estado solamente o al conjunto de la sociedad.
–Creo que la interpelación debe seguir siendo hacia el Estado. Eso sí, el Estado malversaría esta demanda si la respuesta pasa a ser solo aumento de penas o encierro, medidas que hablan de un Estado que llega cuando el conflicto ya pasó y el daño está hecho. El Estado debe anticiparse. Y para ello hay que pensar en otras políticas. Hoy claramente está yendo en otra dirección, por ejemplo desmantelando el programa de Educación Sexual Integral. Por eso hay que insistir en reclamar políticas que contribuyan a modificar la matriz.
–No obstante, muchos se animan a hablar de la posibilidad de un cambio cultural.
–Como cualquier proceso político, no se avanza en línea recta. No obstante, estoy de acuerdo con que el tono que alcanzó la última manifestación y el impacto que tuvo a nivel mundial se debe a cierta capacidad de articular la demanda de forma más sofisticada, deteniéndose en todos sus correlatos. Y esos son caminos que no se han intentado nunca. Porque vivimos en un contexto violento donde el aborto no es un derecho o donde no se ejercita la educación sexual integral, que –esto hay que aclararlo– no es solo educación sobre métodos anticonceptivos. Se trata de educarnos desde chicos sobre la vida sexual, sobre qué lugar ocupa cada uno, sobre el respeto por el cuerpo del otro y el respeto de las propias decisiones sobre el cuerpo de uno… Pero, ojo, antes del NiUnaMenos el movimiento también era masivo. La convocatoria de los encuentros nacionales de mujeres creció muchísimo. Creo que no hay que confundir masividad con difusión, porque lo que no tuvieron estos encuentros antes es la atención mediática que sí tuvo esto.
–Y hoy se habla de femicidio, una palabra que hasta hace muy poco solo circulaba en ámbitos muy específicos.
–Esto es muy interesante. En nuestro país se ha instalado una discusión que antes no tenía peso: si debemos hablar de «femicidio» o «feminicidio». Sin ánimo de entramparnos en discusiones semánticas, lo importante de esto es que la idea de feminicidio se emparenta con la de genocidio, colocando la responsabilidad estatal en el medio. Es decir, con independencia de las responsabilidades individuales, hay algo en la sistematicidad, en la recurrencia, que plantea una serie de complicidades o responsabilidades por parte del Estado que no se dirimen solo en la ejecución material del hecho, sino en perpetuar condiciones para que ese hecho se desarrolle. Lo mismo pasa con los «travesticidios», que es una expresión que apareció y creció rápidamente. Muchas veces son los hechos los que producen definiciones que no existían, y que pasan a visibilizar un fenómeno. En cuanto al femicidio, todavía hace falta dar un salto enorme. Aún le falta procesarlo a un sistema judicial que sigue anclado en prácticas profundamente patriarcales, que hasta hace muy poquito tiempo funcionaba, y aún en gran medida, bajo lógicas que expulsan los casos de violencia de género, que son casos jurídicamente relevantes.
–Usted citaba los medios. ¿Pudo verse algún cambio en la cobertura que realizaron del caso de Lucía?
–El de los medios es un tema central. Hay una lógica muy presente en lo comunicacional, donde siempre se intenta explicar rápidamente y saldar el caso. Y culturalmente nosotros tenemos proyectado que la primera barrera de protección está en nuestras manos, nos es exigido a las mujeres no ponernos en riesgo. Aun cuando tengamos un ejercicio de revisión de estas premisas, desde el sentido común está impuesta esta idea desde que somos niñas: La idea del cuidado, la no salida al espacio público, la evitación del riesgo como una cuestión básica de la femineidad. Entonces, cuando salen los medios, como hicieron frente al crimen de Melina, a decir «iba a los boliches», tiene que ver con estas lógicas. No obstante, frente a ese crimen hubo una irrupción, algo que socialmente dijo: «No, de ninguna manera. No hay una correlación causal entre aparecer muerta en una bolsa de nylon e ir a bailar». Hace años no se hubiera producido ningún tipo de cuestionamiento social, solo se realizaba en un nivel más marginal. Sin embargo, así y todo, siguen habiendo líneas de fuga que intentan ir para ese lado. De hecho, en el caso de Lucía: ¿qué explica que ella haya ido a buscar un poco de droga? Y supongamos que fue a buscar mucha droga, ¿eso explica lo que le hicieron? ¿Por qué es relevante ese dato? Entonces acá nos volvemos a enfrentar con la necesidad de correr la atención hacia la víctima para explicar el hecho violento. Es decir, en definitiva, se sigue explicando el crimen desde las condiciones de la víctima, desde su biografía.
–Uno de los grandes temas pendientes para avanzar en otra dirección, como bien mencionaba, es la Justicia.
–Es interesante preguntarse cuánto se puede cambiar cuando lo que es puesto como llave mágica para resolver el problema es la intervención de un sistema punitivo que tiene una configuración y una cantidad de actores que expresan una matriz que es básicamente machista.
–De hecho, en varios artículos viene alertando sobre la intervención de la Justicia no solo en este tema, sino en el propio espacio de lo político.
–Creo que hay un coqueteo exagerado de parte de los poderes políticos, que están dejando un capital demasiado importante en manos del menos democrático de los poderes. Porque lo que está en juego a partir de esta dinámica de criminalización del debate político es justamente dónde se discute la política, dónde se construye. Y si la respuesta es en manos de fiscales que no hemos elegido y jueces que no hemos elegido… En fin, hay una especie de captura por parte de una elite, judicialización mediante, de aspectos centrales de la vida política. De hecho, cuando los temas de corrupción se trasladan a la retórica dominante, lo que se está haciendo es elegir tres o cuatro casos, y abandonar el resto. Con independencia de la corrección o no que tengan, ¿quién decide que los que no figuran en agenda son menos graves?
–Además del riesgo que supone que un gobierno lo utilice como estrategia para construir su propia legitimidad.
–Creo que es algo que excede al gobierno nacional. Pienso que es un poco simplificador creer que es un pacto maléfico entre ciertas estructuras judiciales y el poder político de turno. También están los factores de poder que exceden al gobierno, y que han hecho esos pactos con el poder judicial antes del macrismo. Tal vez en otro sentido, en el sentido de dejar hacer y no avanzar con una reforma democratizadora del poder judicial en serio. Es cierto que el kirchnerismo intentó algunas cuestiones pero recién hacia el final. Por otro lado, hoy se habla de «operaciones» como si nada, cuando eso es un escándalo. Y tenés jueces que van a hablar a la televisión. Eso no puede ser entendido como una apertura o una democratización. Es una captura del debate, una reducción del conflicto en lo que un puñado de actores dentro del poder judicial dicen que es la corrupción. En definitiva, lo que tenemos es una legitimación de las estrategias de criminalización en nombre de la corrupción, que avanzan sobre el campo popular de una forma en la que rápidamente vamos a emparentar lo popular con lo delincuente.
–¿Avanzan contra el campo popular o contra el kirchnerismo?
–Bueno, el kirchnerismo, pero en tanto alternativa de poder real en un sentido popular. A lo que me refiero es que en tanto ha sido la única experiencia histórica y concreta que apareció, entonces es esa la que hay que neutralizar. Es esa la que se ha postulado como amenaza para determinados intereses. La intervención o persecución en nombre de la corrupción está sectorizada en determinadas expresiones políticas. El ejemplo más claro es el de Milagro Sala. Si Milagro cometió algún delito, ninguna de las estrategias hoy empleadas conducen a su esclarecimiento. Por otro lado, las formas matriciales del Estado corrupto siguen vigentes. Veamos lo que pasa en materia de desregulación de la actividad financiera, de la Unidad Antilavado. Las cosas que están haciendo en ese ámbito muestran que no hay un tono tan monocorde de lucha contra la corrupción. Esa es una contradicción que nadie puede negar.
