Dirigente de vasta trayectoria, sostiene una mirada del sector agropecuario vinculada a la defensa de los pequeños productores rurales, destaca el rol regulador del Estado, promueve la agricultura familiar y critica la acción de las compañías multinacionales. El problema del latifundio.
13 de enero de 2021
El exdirector titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, se afilió a la entidad hace más de 40 años, ni bien comenzó su actividad como productor agropecuario en Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Exsecretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur y cofundador de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del bloque regional, actualmente es referente del Movimiento Arraigo. Defensor de los pequeños productores, Peretti se empeña en marcar diferencias entre los distintos sectores del mundo agrario, ya que, a su juicio, representan intereses contrapuestos.
Asimismo, el referente de Arraigo presentó recientemente un nuevo libro, Olvido y falsificación en la historia del Grito de Alcorta. «Es un buceo en la historia agraria argentina, para tratar de entender lo que nos pasa en el tema agropecuario, la invisibilización del latifundio como problema y el posicionamiento de los partidos políticos que tuvieron actuación en esa época: el radical, el socialista y los anarquistas», resume Peretti.
–En su último libro analiza temas estructurales como el latifundio. ¿La coyuntura es propicia para profundizar esos debates?
–Estos son debates que tienen que estar asociados con la práctica diaria del Gobierno. El ministro de Economía, Martín Guzmán, discute la liquidación de dólares, pero asociado a eso hay que debatir cómo se hace la venta de la exportación de granos en la República Argentina. Allí hay que hacer un debate con la participación de todos los sectores para que en cada puerto haya una balanza controlada por el Estado nacional y se sepa fehacientemente qué entra y qué sale. Esa información es clave y, con ello, también lo es prohibir que las grandes trasnacionales les compren directamente a los productores. Hay que disociar. El productor no puede vender directamente. También es necesaria la implementación de estadísticas en el marco del INDEC para saber cómo está el campo. Porque los últimos datos que tenemos son de las cámaras o de la Bolsa de Rosario. Cuando el Estado va a negociar con CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), que quiere imponer un plan económico a la medida de lo que pide la derecha neoliberal agraria argentina, de la cadena agroindustrial, debe tener datos certeros. Entonces le decís: «¿Querés que te baje tres puntos de retenciones? Te bajo tres puntos, pero te voy a poner una balanza en el puerto y a partir de ahora vamos a pesar las exportaciones». Y que los datos no me los dé la Bolsa. Como decía Arturo Jauretche: es como ir al almacén con la lista de compras anotada por el almacenero.
–¿Y en cuestiones más estructurales?
–Después vendrá lo otro: una junta nacional de alimentos, una política para que el Estado se quede con el puerto y la aceitera de Vicentin, que son dos bienes estratégicos y que ya pagamos con creces, y cómo armamos una flota mercante. Si estamos tan necesitados de divisas, no puede ser que paguemos 3.500 o 4.000 millones de dólares al año a compañías navieras extranjeras, cuando la mitad de la carga la damos nosotros, cuando tenemos la mercadería que sale con los barcos, los puertos de donde salen los barcos, el agua por donde navegan los barcos, los marineros y los astilleros. Tenemos todo eso, pero no tenemos los barcos y les pagamos a otros.
–Una parte del sector agroexportador asegura que falta un programa consistente.
–Creo que se debería capacitar más a los productores. El latifundio existe, la concentración económica es brutal y la evasión impositiva es brutal. El control del Estado es necesario. Solo el 0,06% de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva de esa provincia, y apenas 5.678 personas que representan el 2,49% del total de los propietarios son dueños de 80 millones de hectáreas en todo el país. La concentración de tierras es impactante y bestial.
–¿Cómo evalúa la reciente decisión del Gobierno de suspender temporalmente las exportaciones de maíz?
–El maíz y la soja son parte de la dieta de los animales que producen leche, huevo y carnes de pollo, porcina y vacuna, cinco componentes esenciales. Estos han tenido un aumento descomunal. En julio el maíz valía 9.000 y hoy vale 19.000. La soja valía 14.000 y hoy 28.000. Eso significa que ese aumento desproporcionado en los costos de producción de las materias primas que surten la mesa de los argentinos se termina trasladando en los precios internos. Si no tomamos decisiones importantes en materia de regulación del comercio de granos, estamos importando la inflación que nos introduce el mercado internacional. Entonces, el aumento del maíz lo terminan pagando los hogares argentinos. Como sucede también con el aceite. El Gobierno tomó la medida de prohibir la exportación por 60 días. Pero no prohibió la venta en el mercado interno. A las únicas que se les frenó el negocio es a las diez o doce grandes exportadoras de granos. El productor que tiene el maíz, lo ofrece, lo vende en el mercado interno y lo cobra de contado. Hay una distorsión en el debate. La Argentina tiene que discutir necesariamente una nueva manera de producir alimentos, y va a tener que tomar medidas porque la soja toca su pico y hay que desacoplar los precios internacionales de los nacionales. Porque si no va a ser imposible frenar los efectos inflacionarios que traen los alimentos.
–¿Qué diferencias hay en la actual disputa? Parece haber una menor homogeneización de la protesta respecto de las ediciones anteriores.
–Hay muchas diferencias respecto a la última gran pelea, en 2008. Para esta oportunidad el campo nacional y popular aprendió muchísimo. Hoy nadie discute la necesidad de que haya que segmentar retenciones, de que todo el campo no es lo mismo y que no se puede tratar como iguales a actores tan distintos.
–Durante el lockout de 2008 se intentó encontrar una solución vía segmentación, pero eso no destrabó la situación de conflicto. ¿Por qué ahora sí lo haría?
–Este esquema de ahora está muy bien. El primero que abre el tema de la segmentación es Axel Kicillof. En 2015 pone 3.000 millones de pesos en fondos como ministro de Economía para segmentar las retenciones. Lo hace tan bien que Mauricio Macri copia el esquema para devolver retenciones, pero no a los pequeños y medianos, sino a los grandes. Luego, en 2017 y 2018, devolvió una cifra superior a los 1.000 millones de pesos del Presupuesto nacional a grandes productores que sembraban soja en el área geográfica más rentable del país. Así se usó el mecanismo para pagar menos retenciones, y ahora se quejan. En 2008, por las devoluciones de retenciones, se trabajó mucho. Lo trabajó mucho Agustín Rossi como mecanismo de devolución. Él lo entendió en un momento político muy difícil.
–¿Alcanza con el esquema de devoluciones a pequeños productores para revertir la transferencia de ingresos a las grandes empresas?
–Ayuda muchísimo, pero es necesario que se apliquen bien, es decir, que haya una buena y correcta aplicación desde el punto de vista burocrático, que se pongan en marcha y que la gente las reciba, que estén en una página por distrito y por provincia. No solo hacerlo, además comunicar bien cómo y dónde. En esto es importante la batalla cultural para conquistar a una parte de la pequeña burguesía nacional. La comunicación es una parte del debate ideológico sobre la agricultura y ganadería que queremos para el campo nacional y popular. Es una parte que hoy no estamos resolviendo. No nos estamos parando en ningún lugar diciendo dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Ese es el debate.
–¿Cómo analiza el rol del Consejo Agroindustria Argentino?
–Hay mucha ingenuidad informativa acerca de esto. En ese consejo están los que quieren derrotar al Gobierno, los que no liquidan. Los presentan como que son los buenos de la Mesa de Enlace y que se separan para negociar. Mentira. La estrategia de CIARA y los exCEO de Cargill es armar un plan económico con la bendición del Gobierno. Esto no es una estrategia del Gobierno, es una estrategia de la derecha para imponerle a Alberto y Cristina un plan económico que no tiene nada que ver con el programa electoral que se presentó en campaña. Su proyecto es un plan de claro corte agroexportador neoliberal. Le cambian el título, pero siguen con lo mismo. No hubo debate sobre esa presentación con Federación Agraria. Estamos pagando caro no tener un lugar donde opinar sobre otro tipo de agricultura y de ganadería.
– Desde su sector, ¿tienen acceso a interlocutores en el Gobierno?
–Con el Gobierno tenemos las puertas absolutamente abiertas. Desde ese punto de vista, este Gobierno es extraordinario. Necesitás hablar con el ministro Basterra y a los cinco minutos te atiende y tratan de solucionar cosas. En ese sentido estamos muy bien. Nuestro sector parte de la premisa de que la unidad de Alberto y de Cristina es estratégica para el campo nacional y popular. Tenemos que cuidarla como un tesoro del pueblo porque fuera de esa unidad no hay futuro para nadie y vienen por todo. La resolución de los problemas tiene que estar en el marco de este Gobierno y no fuera. Alberto es el presidente y Cristina representa el modelo. No hay modelo sin presidente ni presidente sin modelo. Es una relación que le va a hacer muy bien a la Argentina.
–¿Hubiese ayudado contar con Vicentin como empresa nacional?
–Hay mucha confusión con Vicentin. El proyecto de Anabel Fernández Sagasti era muy bueno y lo descalificaron sin conocerlo. Asociaba Vicentin con YPF Agro. La firma estatal el año pasado vendió un millón de toneladas de granos. ¿Por dónde exportó? Por el puerto de Cargill. Entonces ese millón de toneladas hubiese salido por un puerto nacional y eso es como tener una junta nacional de granos, sin tenerla efectivamente. La derecha se avivó y uno de los que se avivó fue Cargill, porque era un millón de toneladas menos, y pusieron toda la carne en el asador.
–¿Hubo errores del Gobierno en el enfoque de este tema?
–Estuvieron mal en no presentar las cosas y no generar un consenso mayor. Estaba la pandemia de por medio y no se quiso juntar gente. Se respetó la salud y el contexto. Una vez que la cosa retrocedió al retirarse Alberto, habría que haber coordinado para quedarse con el puerto y la aceitera. La plata que hubiesen puesto para nacionalizar la empresa, entre 500 y 700 millones de dólares, utilizarla en una empresa nacional de alimentos, como YPF Agro, y desarrollar la flota mercante argentina. Faltó ese segundo paso. Es importante preservar la unidad, pero eso no significa que no reclamemos.
–¿Qué opina acerca del pedido de devaluación que sostiene una parte del sector agropecuario?
–Las devaluaciones hace mucho tiempo que dejaron de beneficiar a todo el campo. Solo lo hace a aquellos sectores que son mano de obra intensiva. Pero el campo no contrata mano de obra, es familiar. La devaluación baja los salarios y los ingresos fijos, pero nosotros no tenemos trabajadores y no nos beneficia. Todos los costos del campo están dolarizados, con lo cual la devaluación nunca beneficia a los pequeños productores. Solo a las exportadoras y a los grandes productores. Eso hay que sacárselo de la cabeza. No se puede seguir con esos términos tan dogmáticos. La última devaluación que benefició al campo fue en la década del 60, porque en ese momento los costos no estaban dolarizados. Hoy está todo dolarizado, por eso la devaluación en el pequeño productor es neutra.
–¿Es viable virar hacia una industria productora de alimentos?
–Este es el momento y este es el camino. La Argentina tiene que terminar con la lógica primarizante de la economía. Hoy el país no produce alimentos, produce forraje para animales. La aduana argentina es la tercera en producción de graneles. Hay que pasar a producir alimentos para humanos. La producción de alimentos es por abajo, en cada pueblo y en cada campo. Cada tres o cuatro pueblos, tiene que haber una fábrica de alimentos, criadores alrededor de un matadero y un frigorífico. Lo que tiene que evitarse por todos los medios es la integración vertical alimentaria. Ese es el gran peligro. Hay que ir al consumo de cercanía. Ahí es donde se industrializa la ruralidad, donde se genera valor agregado, lo que hace que la gente produzca en su localidad, con un plan de cuatro o cinco años, con participación de los municipios para que lo que se produzca sirva para abastecer dentro de esas localidades.
Fotos: Matías Sarlo
