Verónica Heredia, abogada de la familia en el juicio que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, explica la situación actual del expediente judicial y la compleja lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia.

12 de julio de 2018

El 1 de agosto se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Una trama de intereses políticos y económicos, encarnada en funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo Nacional, que incluye a comunicadores de los medios hegemónicos, obstaculiza el avance de la investigación y tiene como objetivo la impunidad. La familia de Santiago, movimientos sociales y de derechos humanos, y medios alternativos configuran la trama opuesta. En esta se inscribe Verónica Heredia, penalista especializada en detenciones arbitrarias y, desde un primer momento, abogada de la familia Maldonado.
–¿Cuál es la hipótesis principal que maneja la familia sobre los responsables de la muerte de Santiago?
–La hipótesis que tenemos, a partir de las constancias de los expedientes y de la conducta desplegada por el Estado, es una hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte.
–Entonces el responsable es el Estado. Pero, ¿tienen una hipótesis sobre las personas involucradas?
–El tipo penal de la desaparición forzada requiere, como sujeto activo, a funcionarios del Estado. El recorrido del artículo 142 ter del Código Penal comienza con la privación ilegal de la libertad de una persona, en este caso de Santiago, por parte de funcionarios del Estado, en este caso Gendarmería, seguida de la negativa a reconocer la privación de la libertad, del ocultamiento de información, hasta los hechos del 17 de octubre de 2017, con la aparición del cadáver. La investigación debe recaer en los funcionarios del Estado, desde los gendarmes que ingresaron a la comunidad mapuche Pu Lof el 1 de agosto, hasta los funcionarios del Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
–El Poder Ejecutivo Nacional y la fiscal Silvina Ávila, con eco en una fortísima campaña mediática, sostuvieron que la aparición del cadáver desbarata la hipótesis de la desaparición forzada.
–La figura del Código Penal, artículo 142 ter, prevé una pena de entre 10 y 25 años al funcionario responsable de la desaparición forzada y se agrava la pena si se encuentra a la persona sin vida. Esto quiere decir, por el contrario, que la desaparición forzada no se diluye cuando aparece el cuerpo, sino que se agrava.
–Sin embargo, la fiscal se opuso a que la causa siguiera tipificada como desaparición forzada.
–Lo que sostuvo es que, como se había encontrado el cuerpo y se había informado que no había signos de lesiones, se había desvirtuado la figura de la desaparición forzada. Tiene que ver no solamente con una postura ideológica de la fiscal, sino su desconocimiento del derecho en relación con este punto.
–¿Por qué ideológica?
–Porque la fiscal subrogante desplegó en esta causa una fuerte discriminación hacia la comunidad mapuche, un maltrato, un desconocimiento en relación con lo que significa el respeto a los derechos humanos. Ella, por el contrario, desplegó todo su accionar contra la ley, atacando, espiando a las víctimas de este proceso, en especial al hermano de Santiago, Sergio.
–¿Y esos fueron los argumentos con los que recusaron a la fiscal?
–Recusamos a la fiscal cuando supimos que fue ella la que había pedido la intervención telefónica de Sergio. En ese momento ya se había hecho muy grosera la postura del Ministerio Público Fiscal, representado por la doctora Ávila.
–Sin embargo, el juez Gustavo Lleral rechazó la recusación.
–En efecto. Lleral la rechazó. Nosotros apelamos y estamos a la espera de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la acepte. Puede ser que no. Entonces iremos en queja a la Corte y así sucesivamente.
–¿Qué falta investigar?
–Desde nuestro punto de vista, hay que empezar con la causa que comienza el 31 de julio. Ese día, a las 12:30, aproximadamente, llama por teléfono, según las constancias de autos, Emmanuel Echazú al juzgado Federal de Esquel. Habla con la secretaria y le dice que un grupo de personas están cortando la ruta 40 e impidiendo el tránsito. Y a partir de este llamado, el juez Guido Otranto libra el oficio 972/17 que ordena despejar la ruta. Esta es la orden que yo quiero que se comience a investigar.

–¿Por qué?
–Porque esto deriva en que el 1 de agosto ingresaran más de 100 gendarmes a la Pu Lof, que fue el último momento en que se lo vio con vida a Santiago. El viernes 4 de agosto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, va a la audiencia por el hábeas corpus, que como todo hábeas corpus tiene como principal sospechoso a una fuerza del Estado. Allí estaban Fabián Méndez, el comandante de gendarmería, el juez Otranto y la secretaria del juzgado que había recibido el llamado de Echazú. Es la causa 8144/17. Y en esta causa conocemos que están procesados los principales testigos que estuvieron acá. Esta causa, además, es el origen de la desaparición de Santiago, que sigue su curso como si todo esto fuera legal y terminan procesados los testigos, que son los que pueden decir qué pasó el 1 de agosto. Este es el fundamento de la recusación a Otranto. Cuando interpongo la recusación de Otranto empiezo diciendo que tengo que incorporar esta causa, que hay que investigarla. Porque en la audiencia del hábeas corpus del 4 de agosto, Méndez dice, más o menos: «Mire, señor juez, nosotros todo lo que hicimos fue en cumplimiento de su oficio». Es decir, Gendarmería le dice al juez: «Mire que nosotros hicimos lo que usted nos ordenó». Y 10 días después la ministra Patricia Bullrich dice algo así como: «Mirá que todo lo que hicieron ellos me lo banco yo». Entonces, ¿qué hipótesis vamos a tener sobre los responsables de la desaparición? Y después aparece el cadáver de Santiago, el 17 de octubre.
–¿Cómo analizan esta aparición?
–La aparición del cadáver refuerza la hipótesis de la desaparición forzada. Porque se lo encuentra allí donde ya se había rastrillado antes y no había nada. Son las constancias del expediente, que dan cuenta de que el 5 de agosto ingresaron a ese lugar cuatro buzos con un perro, que había olido la boina blanca de Santiago. Ese lugar había sido indicado por la comunidad mapuche como el sitio por donde había ingresado Santiago. Por la zona estuvieron otras veces. Y el 18 de agosto, cuando Otranto desplegó 400 personas, con helicópteros y drones, volvieron a ingresar buzos, pasaron por ese mismo lugar y no encontraron nada.
–Esto deja muchas dudas sobre la actuación del Poder Judicial.
–Nosotros hemos pedido que se forme un grupo de expertos independiente, como se constituyó, por ejemplo, para investigar a los 43 normalistas que desaparecieron en México. Queremos que ese grupo inicie la investigación, que tiene que empezar como mínimo en la orden de Otranto. Digo como mínimo porque también se podría remontar más atrás en el tiempo. Por ejemplo, a una causa anterior a la de Santiago, la causa 996 de 2016 referida al corte de la Trochita, a raíz del cual ocurren hechos que anticipan lo que iba a pasar. A partir de esta causa comienzan reuniones en las que participa Otranto, gente de la provincia de Chubut, organismos de derechos humanos y el Estado. Se reúne para analizar el conflicto con la comunidad mapuche. Las reuniones se prolongan durante todo 2016. En diciembre de ese año, la fiscal Ávila dice que se pasó el tiempo dialogando pero no hay ningún resultado, y hay que continuar investigando si se va a cortar la Trochita o no. Otranto, entonces, libra una orden a Gendarmería para que vaya y constate, y Gendarmería lo hace con un despliegue impresionante en el cual no murió o desapareció gente de casualidad.

–Es decir que vos inscribís la desaparición de Santiago directamente en el conflicto por el acceso a la tierra de la comunidad mapuche y en la consecuente criminalización de la protesta.
–Claro. Y de la militarización de la zona. Que es otra de las cuestiones que nosotros expusimos cuando recusamos a Otranto. Es una cuestión que él viene haciendo desde 2015. Se dirige directamente a la ministra Bullrich para que mande más Gendarmería a la zona porque, según él, hay un grupo incontrolable de personas. Entonces, hay una zona militarizada donde hay riqueza en agua, en tierras, en oro…
–Intereses económicos muy poderosos.
–En realidad hay que ver el mapa de las desapariciones forzadas y los asesinatos en la Patagonia. Imaginate, Chubut, Río Negro y Neuquén. Ahí tenés: Comodoro Rivadavia, 2014, Iván Torres; Trelew, 2013, César Monsalve; Choele Choel, 2011, Daniel Solano; Neuquén, 2003, Sergio Ávalos; 2017, Santiago Maldonado. Zonas donde hay conflictos por diversos intereses: minería, petróleo, agua, tierras, ganado, territorio extranjerizado. Ponés el mapa, señalás las riquezas y encontrás las desapariciones forzadas.
–Retomando lo del grupo de expertos. ¿Este reclamo indica que la familia no tiene ninguna confianza en el sistema judicial actual?
–Efectivamente. Pero no es porque seamos desconfiados. Es porque, como he contado, así se ha manejado el Estado. Por ejemplo: nos enteramos el 11 de mayo de que el 22 de septiembre del año pasado le estaban interviniendo el teléfono a Sergio. ¿En quién vas a confiar? La fiscal en la audiencia de recusación dijo que lo había atendido a Sergio y a mí recién cuando había puesto cámaras de seguridad. Por lo menos podría haber puesto un cartelito: «Sonríe que te estamos filmando». ¿Confiar en quién? ¿En el juez Otranto que te pincha el teléfono? ¿En esta fiscal que te filma?
–¿Cuál es el papel del juez actual, Lleral, en relación con las escuchas?
–El 22 de septiembre la Cámara Federal aparta a Otranto y destina a Lleral. Él asume el 27 y el 30 de septiembre se encuentra con que le están llegando unos CD con las escuchas. Dice que eso no se puede hacer y decreta el levantamiento de la intervención telefónica. Pero nunca nos notificó de esa medida ni de que había habido escuchas. Nos enteramos recién el 11 de mayo de 2018 porque el juez Otranto le pide a Lleral que le mande las escuchas y Lleral dice que no se las va a dar porque todo eso es nulo, y ordena destruirlas.
–¿Y el gobierno nacional?
–Hace operaciones. Eso de que una periodista nos informe que hay escuchas telefónicas y sus contenidos, tiene que ver con eso. Es la misma que nos iba contando lo que iba a pasar la semana siguiente en el juicio. Es una persona que tiene íntima relación con el Poder Ejecutivo. Que estas escuchas telefónicas, todavía, no se hayan descartado habilita que se siga diciendo que esto fue una confabulación en contra de este gobierno, cuando en realidad, el gobierno se vio beneficiado en muchos momentos por las operaciones mediáticas, tal el caso de lo que ocurre el 12 de agosto de 2017, previo a las PASO, donde allanan la casa de Santiago en El Bolsón. El 20 de octubre a última hora el juez Lleral sale diciendo que el cuerpo de Maldonado no tenía lesiones. El 22 se hicieron las elecciones legislativas. ¿Quién se instaló con mayor facilidad en la grieta y la aprovechó a su favor? El gobierno. Eso fue deliberado.
–Desde la desaparición de Santiago, la movilización popular fue creciendo. Pero decayó con la aparición del cadáver.
–Sí, evidentemente. Pero también forma parte de lo mediático, de la respuesta de la gente a lo que se instala en la televisión. La movilización genuina, en cambio, tiene más poder que el impacto mediático. La plaza de los jueves de las Madres desde hace 41 años es una movilización genuina y eso no decae. La del 24 de marzo, también. La del 2 por 1. Son momentos donde se expresa una conciencia profunda sobre estos temas. Existe un amplio movimiento de chicas y chicos que ven en Santiago ese compañero detenido-desaparecido con el que se identifican.
–¿Pensás que hubo un efecto contagio de la reacción en el caso Maldonado hacia otros que no tuvieron la misma visibilidad?
–Sí. Hay un efecto favorable. Daniel Solano tuvo más visibilidad. También por la actitud de Sergio y Andrea que se sumaron a ese reclamo. Hablar de Rafael Nahuel, por ejemplo. Lo que le pasa a Rafael Nahuel, esa ejecución extrajudicial, le ha pasado a cientos de chicos. A Nahuel lo matan el 25 de noviembre, cuando estábamos en el velorio de Santiago.
–¿Cómo evaluás el papel de los medios de comunicación?
–Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros denunciamos cómo se habían manejado los trolls de las redes sociales y los medios en general: no como la voz plural necesaria en una democracia, sino como la voz del Estado a través de los medios de comunicación. Se hizo un estudio de los trolls en esos días y la mayoría de las cuentas eran de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional o del Legislativo o eran cuentas que el único movimiento que tenían era para apoyar a Marcos Peña o a la ministra Bullrich y decir barbaridades en relación con Maldonado. Ningún otro tema. Los medios reprodujeron la política del Estado.
–Ese caso se devora a sus protagonistas. Acabó con Otranto y casi se lleva puesta a Bullrich. Pero también a testigos y abogados que bregan a favor de la justicia. ¿Vos estás en riesgo?
–En el caso de Maldonado, los testigos están procesados, pero en el caso de Iván Torres, mataron a ocho testigos. La Comisión Interamericana dictó medidas provisionales a favor de una de las abogadas del caso de Iván, entendiendo que el rol de abogadas de un caso de desaparición forzada donde han matado a testigos es un lugar de riesgo, como parte de lo que significa estar denunciando al Estado. En ese sentido, sé en lo que estoy metida. Lo menos que me han hecho es que han tratado de sacarme la matrícula. En el caso de Maldonado se ha querido instalar que yo quería o había inducido a la familia a que sostuvieran la desaparición forzada. Existe ese riesgo, pero forma parte de la elección que hice.
–¿Tenés confianza en el resultado de esta investigación? ¿Creés que se va a hacer justicia en el caso Maldonado?
–Siempre digo que, como no soy cínica, creo en lo que hago. Soy abogada y soy militante en la abogacía. Mi arma en la militancia es el derecho. Entonces cuando les pido algo a los jueces o reclamo que convoquen a un grupo de expertos independientes para que investiguen, creo en eso. Creo incluso cuando me dicen que no, y entonces apelo a la Cámara para que me diga que sí, y si me dice que no, voy a la Corte, y después a la Corte Interamericana. No soy cínica. No recorro todo este camino en vano. Más allá de cierta realidad y sus contradicciones, creo en lo que hago, y estudio y veo qué dice la Corte Suprema y entonces argumento de cierta manera y así. Es mi trabajo y lo hago convencida. Pero creo, sinceramente, que el resultado lo vamos a obtener con la movilización y el derecho. En eso creo. Y con eso ando y trabajo.