28 de mayo de 2021
Situaciones de violencia contra pueblos originarios y conflictos por la tierra son las principales preocupaciones de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que da cuenta de un cambio de paradigma que deja de lado la represión como respuesta ante reclamos ancestrales.
Es de esas funcionarias que recorren el país. Se contagió coronavirus y sobrevivió. Tuvo problemas de corazón y respiratorios, le quedaron secuelas, se agita al hablar. «Llevar adelante la cuestión indígena en tiempos de pandemia y a distancia no fue sencillo, pero luego pude volver a viajar», dice Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para resumir el duro año que transcurrió en ese cargo. Apenas comenzó la pandemia, Odarda estuvo en Chaco acompañando dos camiones de alimentos para la comunidad del barrio Gran Toba, y también en Fontana, donde visitó en su casa a la familia Fernández Saravia, de las jóvenes golpeadas por la policía a fines de mayo al grito de «indios infectados, hay que matarlos a todos», tras lo cual esos uniformados fueron detenidos. Al volver comenzó a sentir los síntomas, y fue así que no pudo regresar a su casa de Viedma desde entonces. «Extraño a mi familia, mi perro, mi gato, mi casa a la que no vuelvo desde hace meses», comenta.
En Chaco hubo funcionarios provinciales que la acusaron de haberlos contagiado a ellos. Odarda califica el hecho como una operación política de Cambiemos por una mala información dada por el Ministerio de Salud. Esos legisladores intentaron hacerle una denuncia que finalmente no prosperó porque nada de lo que dijeron se podía probar. «El aprovechamiento de sacar tajada de una enfermedad es algo doloroso», dice la funcionaria, oriunda de Córdoba, pero que vive en Río Negro.
Las tres familias de Fontana que fueron víctimas de violencia institucional están recibiendo ayuda, luego de la intrusión de una patota policial en sus casas. La Secretaría de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura lograron que esos uniformados no volvieran al servicio activo, lo cual produjo la renuncia de la cúpula policial. «Para nosotras fue un hecho emblemático, un claro ejemplo de violencia institucional y de género contra indígenas, jóvenes y niñas que fueron agredidas dentro de la comisaría de esa localidad», recuerda Odarda. La presidenta del INAI destaca que hubo un incremento de violencia policial durante la pandemia contra mujeres y niños de comunidades indígenas. «No habrá un INAI inactivo o que haga formalidades, queremos que se aborden los conflictos a través del diálogo, en momentos en que vuelve el discurso del odio contra los pueblos indígenas, con una estrategia de confundir a la opinión pública para que piense que son casi terroristas, y no es así, en general son pacíficos, pero hay un renacer del racismo y la xenofobia de sectores que invitan a enfrentarse con otros vecinos», expresó sobre la convocatoria en Bariloche de un grupo para armarse contra la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.
–¿Qué pasa con los desalojos? ¿Siguen suspendidos por ley?
–La ley que los suspende ya tuvo tres prórrogas, está vigente hasta noviembre de 2021, pero se cumple en un 50% por la falta de relevamientos. En el anterior Gobierno no se avanzó, tenemos como meta realizar 300 relevamientos de tierras, sobre todo en el norte. Con la jefatura de Gabinete y el Gabinete de Ciudadanía, integrado por varios ministerios, se definió la problemática indígena como política de Estado. Se resolvió el cumplimiento de una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), que establece la obligación de garantizar el derecho al acceso al agua, la alimentación, la justicia, tener un título comunitario único para los pueblos del norte de Salta, y el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación, frenar las talas indiscriminadas. Implica obras de reparación histórica que nunca se habían hecho.
–¿Se podría hablar de un cambio de paradigma en estas situaciones?
–Sí, porque ningún Gobierno se ocupó salvo en el período de Cristina Fernández, que se dio la ley de restitución de restos que están en museos públicos o colecciones privadas a sus comunidades, ahora estamos concretando la restitución del cráneo del Toki Juan Calfucurá que está en el Museo de La Plata, hay restos en Europa que queremos también traer, es una reparación histórica y espiritual. El Estado aún no reconoce que la Conquista del Desierto fue un genocidio cuya responsabilidad fue del Estado, donde hubo despojo, separación de familias, campos de concentración, sustitución de identidad de niños, prostitución de mujeres, una triste historia de la que nace el Estado argentino.
–Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir denuncian la práctica del chineo, la violación de niñas y niños indígenas por parte de terratenientes. ¿Cómo es posible que sigan existiendo estas prácticas?
–Existe y está naturalizado y culturalmente aceptado. Es lamentable, parte de la cultura patriarcal que golpea a la mujer indígena, hay lugares donde la mujer solo habla su lengua original. Cuando estudiaba Derecho fuimos al Impenetrable, a una escuelita rural, y esa realidad me marcó para siempre, el abandono de aquellos años es igual ahora. La mujer sigue silenciada, pero en otros sitios se empiezan a plantar frente a las autoridades a reclamar por su tierra, sus familias y sus derechos. La violencia doméstica y la violencia del Estado con la policía que no le toma la denuncia, o considera de cuarta categoría un delito de violencia de género. Hay mucho por hacer, pero a los grandes dueños de este país no les gusta nada una ley como la 26.160 que prohíbe los desalojos de las comunidades mientras dure su vigencia, porque toca intereses de poderosos a los que nadie los molestaba antes en sus posesiones.
–¿A su juicio, ese es el motivo por el cual le hicieron tantas denuncias?
–Cuando hay un organismo que hace cumplir la ley, hay resistencia. Es la ignorancia sobre el derecho indígena, el desconocimiento adrede que se hace. Sabiendo que hay prohibición de desalojar, algunos jueces igual ordenan desalojar, en plena pandemia, con niños y mujeres embarazadas, con sus casas en el barro.
–En Jujuy directamente hubo represión.
–Sí. En Salta y Chaco también, hemos intervenido con la dirección de asuntos jurídicos; si tenemos que denunciar o hacer pedidos de informes, lo hacemos. Por supuesto eso genera reacciones, pero lo importante para nosotros es generar confianza en las comunidades, que entiendan que este Gobierno no vino para atropellar derechos sino a reivindicar derechos, y a poner sobre la mesa de las decisiones políticas la agenda indígena, que tantos años estuvo escondida. Por más embates que recibamos, vamos a seguir adelante haciendo cumplir los tratados internacionales, como la consulta libre, previa e informada prevista para que las comunidades sean consultadas cuando hay un emprendimiento privado que puede afectar su vida y su cosmovisión. Sin embargo, no se las consulta. La tierra no es un bien de mercado, el territorio es identidad, cultura y espiritualidad, hay mucho para aprender de esa concepción, no ser dueño sino parte de la tierra. Nuestra visión occidental desconoce su medicina, en la pandemia nos encontramos con el pedido para ir a ver a un sanador o a una machi, y nadie comprendía. O poder pasar hierbas medicinales desde Chile. Son barreras que desconocen la interculturalidad, estamos dando una batalla por la interculturalidad en todos los aspectos, la salud, la medicina, la mujer.
–Teniendo en cuenta el regreso de operaciones mediáticas que vuelven a criminalizar luchas como la mapuche, ¿hasta qué punto no alcanza ni siquiera con que sea política de Estado?
–Las normas constitucionales que contemplan sus derechos no nacieron ayer, existen desde 1994. Mi prédica es buscar soluciones pacíficas, no caigo en provocaciones o en responder porque sé que detrás de cada fake news o de cada troll que ataca hay intereses económicos e inmobiliarios. En el caso Ranquehue (N.d.R.: el Ejército destruyó un invernadero de esa comunidad), una periodista dijo que los mapuche eran usurpadores y criminales, nosotros entregamos enseguida a la Justicia la documentación que muestra que están reconocidos desde 2012 con 43 familias que cultivan verdura en su territorio. La propiedad privada parece que no vale para ellos, que no existe la propiedad indígena de la tierra, según algunos. Hace diez años hay una sentencia que obliga a Joe Lewis y al Gobierno de Río Negro a abrir la tranquera para acceder al Lago Escondido, que es de todos. Solo la abrieron para dejar pasar a la unidad antimotines COER rionegrina que reprimió a una comunidad indígena. Soy abogada y querellante en esa causa, y le ganamos, pasó por 24 jueces y aún no podemos disfrutar de ese lago. Un sector de la Justicia actúa con premura en un caso y con tremenda lentitud en otros, como en este. Hay gente armada que custodia esas tranqueras para que no lleguemos al lago, algo que está prohibido por la Constitución.
–¿Cómo analiza la actitud de la gobernadora de Río Negro?
–Es difícil, pero vamos a seguir adelante con una posición firme. No nos van a amedrentar con denuncias penales o giras mediáticas y programas que hacen en Buenos Aires. Es momento de pasar de la teoría que estudiamos en la universidad a hacer cumplir las leyes. Hay un programa de capacitación en derecho indígena y en la Ley Micaela para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado en todas las provincias, sobre todo en las fuerzas de seguridad. En Mascardi hay una mesa de diálogo trabajando desde enero, y cualquier medida judicial puede ser peligrosa para la integridad de las personas, así lo dijimos en el expediente. No vamos a volver a la nostálgica represión de Patricia Bullrich, el desafío en un estado de derecho es anteponer el diálogo. En esa mesa el INAI está de la mano del Ministerio de Justicia tal como lo indicó Alberto Fernández, es el actor primario en este caso. La gobernadora se comprometió a dialogar, de ninguna manera puede haber un acto de represión. Creemos que en esa mesa ampliada debe estar el obispo de San Carlos de Bariloche, que es una persona maravillosa y de paz. En estos momentos difíciles es cuando se mide el temple de las personas, no nos van a correr de nuestro eje. No negamos que sea difícil la solución, pero estamos seguros de que no pasa por el atajo que tomó Bullrich, no queremos más sangre de ningún argentino por reclamos sociales. Llevamos firmadas 50 resoluciones de reconocimiento territorial, en todo el país. La del caso Buenuleo trajo mucha felicidad al pueblo mapuche, esa es nuestra impronta.
–La Confederación Mapuche envió una carta al papa Francisco para que intervenga en el conflicto de Mascardi, porque la denuncia contra los mapuche la hizo el obispado de San Isidro. ¿Cree que podría aportar algún acercamiento?
–Precisamente le están pidiendo que apoye la mesa de diálogo, entiendo que es una persona que valora el diálogo. Algunos programas de televisión y los servicios de inteligencia del macrismo estigmatizaron a ese pueblo, había una voluminosa carpeta, infiltrados, provocadores, gente que cobró del Estado para perseguirlos. Duele que sean tratados de usurpadores de su propia tierra, como pasó en Ranquehue. Ahí todavía estamos esperando que pidan perdón.
–¿El Ejército va a enmendar lo que destruyó?
–Dijeron que había sido un malentendido, pero nadie replicó eso en los medios nacionales, ni borró ese agravio a la comunidad de haberlos llamado criminales que habían usurpado tierras del Ejército cuando estaban trabajando su propia tierra. Si alguien esperaba de mí que escondiera las resoluciones del INAI donde ellos tenían el reconocimiento desde hace tantos años, se equivocaron. Pero ya habían sido agredidos, y todavía estoy esperando. Seguramente hay algún interés en ese sitio. Por eso más que nunca el Estado tiene que estar presente. Por supuesto condenamos los actos de violencia y vandalismo, pero para eso está la Justicia, tenemos que llegar a la resolución de la cuestión territorial. Aún no tenemos una ley de títulos de propiedad comunitaria, que es un mandato de la Constitución de 1994 no cumplido.
–¿Cree que las nuevas generaciones tienen una mirada más empática con los pueblos originarios?
–Sin duda. Los chicos vienen con una mentalidad de mayor tolerancia y amor al prójimo.
