Educación en crisis

En una coyuntura marcada por el ajuste y el conflicto en torno a los salarios docentes, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires analiza los diversos aspectos de este complejo panorama en el ámbito académico. El legado de la Reforma de 1918.

27 de agosto de 2018

Decana desde hace cuatro años de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Graciela Morgade reconoce que el actual es un panorama preocupante para la universidad. En una coyuntura marcada por la inflación, los aumentos tarifarios, los altos niveles de desempleo y las dificultades para llegar a acuerdos salariales, considera que todavía hay muchas incógnitas en relación con las formas en que esta crisis puede afectar el funcionamiento de las universidades en nuestro país.
Con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito atado en su muñeca, se entusiasma por los debates que se están dando en el país por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Morgade es doctora en Ciencias de la Educación por la UBA e investigadora en temas relacionados con educación sexual. Fue una de las expertas convocadas por el Ministerio de Educación hace poco más de una década para redactar los lineamientos curriculares de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006 y cuyos contenidos fueron aprobados en 2008. Además, es autora de Mujeres que dirigen poniendo el cuerpo. Poder, autoridad y género en la escuela primaria; Aprender a ser mujer, aprender a ser varón; y también, en carácter de coordinadora y compiladora, publicó las investigaciones Toda educación es sexual; Mujeres en la educación; y Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la “normalidad” a la disidencia, entre otros.
A 100 años de la Reforma Universitaria que propiciaba, entre otras cuestiones, una educación laica y la libertad de cátedra para enseñar (ver recuadro), Morgade afirma que hoy la universidad en la Argentina se enfrenta a un punto de vista estigmatizante que se destila desde el poder. «Parece haber un caldo de cultivo para que la población se pregunte si tiene que seguir siendo gratuita, si el ingreso debe seguir siendo irrestricto. Me da la impresión de que hay un discurso que va en contra de la educación pública en general, la ponen bajo sospecha», cuestiona Morgade en diálogo con Acción. «Frente a esto, proponen la idea del mérito, lo que llamamos en la jerga educativa la meritocracia, que es pensar que solamente el esfuerzo individual garantiza resultados, como por ejemplo, terminar la universidad».
–¿Qué opinión le merece la postura que han adoptado los dirigentes del gobierno de Cambiemos en relación con la universidad pública, cuando afirman que son muchas, como ha hecho el presidente Mauricio Macri, o cuando dicen que no tiene sentido financiar las universidades del Conurbano porque a esa instancia solo llegarían sectores acomodados, como expresó la gobernadora María Eugenia Vidal?
–Las declaraciones de la gobernadora Vidal son una expresión muy clara de la perspectiva del gobierno nacional sobre las universidades. Podemos recordar las palabras del presidente, que decía «hay universidades por todos lados», es decir hay demasiadas universidades. Hay una especie de serie histórica que se puede ver, por ejemplo, en los diarios de circulación masiva por donde transitan las ideas de este bloque de gobierno. Decir en el Rotary que «los pobres no llegan a la universidad» es una evidencia de un pensamiento estigmatizante y con escaso conocimiento de los procesos reales que se dan en las universidades públicas por parte de ese auditorio, pero también por parte de la gobernadora. Además, implica quitarle responsabilidad al Estado respecto de acercar las ofertas universitarias a los territorios donde las personas residen, que es un importante factor de ingreso y retención. Y no es otra cosa que la recomendación histórica del Banco Mundial que siempre dijo que no hay que invertir en universidades, sino en educación básica, induciendo a los Estados a renunciar a la soberanía y compromiso social en la producción de conocimiento y la formación profesional.
–¿Cómo ve a la universidad hoy en Argentina, en un contexto de inflación, de aumento en las tarifas de servicios, de creciente desocupación?
–Primero, habría que aclarar que cuando se utiliza la categoría «universidad» se está englobando situaciones muy diversas. En algún sentido, las universidades más antiguas, las primeras universidades que tuvo nuestro país, tienen un prestigio y una imagen pública muy fuerte, obviamente sustentada en su producción, que es una marca que las habilita a conseguir recursos. En el capitalismo, los que tienen más, consiguen más. Entonces, en términos de financiamiento, de presupuesto, de recursos, creo que efectivamente las universidades más grandes están en una mejor situación que las universidades nuevas, las universidades más chicas, que no solamente tienen que garantizar el crecimiento vegetativo de su población, sino que además tienen que consolidar sus equipos en términos de personal, de equipamiento, de infraestructura. Por lo que es evidente que cuando las universidades son más nuevas necesitan un esfuerzo presupuestario mayor, para lograr su institucionalización, su crecimiento y sus proyectos. Por eso, la perspectiva en este momento es muy preocupante en general, porque están estancadas las negociaciones salariales, porque el presupuesto de Ciencia y Técnica se redujo, se redujeron los ingresos al Conicet, se redujo el número de becas y en el presupuesto universitario fue anunciado un recorte.

–¿Cómo afecta esta coyuntura económica al sector estudiantil?
–Esa es una pregunta que desde nuestra Facultad estamos intentando responder, buscando datos. Queremos saber cómo impacta en el estudiantado universitario el aumento de tarifas, la inflación en general, el achicamiento en las posibilidades de trabajo. Porque en realidad veníamos de una serie de políticas pensadas desde la perspectiva de la ampliación de derechos y de la incorporación de cada vez más jóvenes a las universidades; y los sectores más golpeados por la inflación, por la falta de trabajo y por el aumento de tarifas son los que también tienen menos tradición universitaria en sus familias y es más peligroso todo esto para su situación educativa. A partir de esto nos preguntamos si va a cambiar el perfil del estudiantado.
–Usted forma parte de Otra UBA es Posible, un espacio político de distinto signo al de Alberto Barbieri, actual rector de la UBA. ¿Cómo evalúa la gestión actual?
–Creo que la UBA tiene una manera de construcción del poder en la que como Facultad de Filosofía y Letras no nos involucramos. Desde nuestra perspectiva, la universidad tiene que ser fuertemente participativa en la toma de decisiones y lo más democrática posible. Nosotros venimos pidiendo, por ejemplo, que el presupuesto se reparta de una manera más desagregada. Otra de las cuestiones que plantea nuestro espacio político es que sean los concursos y la valoración de la actividad académica y científica uno de los ejes fuertes de la universidad. La universidad es una unidad de docencia, investigación y extensión, no obstante, las tres patas tienen pesos diferentes en las distintas unidades académicas. Y eso, creo que es un fuerte desbalance que tiene la UBA, y que está relacionado con formas de entender a la universidad políticamente. Hay facultades que tienen montones de docentes con dedicaciones simples, porque viven de otra cosa, pero esos profesores y profesoras que tienen una dedicación simple no hacen investigación. No ha habido presupuestos generalizados para aumentos de dedicaciones exclusivas. Sí los hubo durante los gobiernos kirchneristas, en algunos programas para incremento de dedicaciones en algunas áreas, pero ahora no están esos programas. Entonces, en algunas facultades, en lugar de luchar por más presupuesto se acomodan a este mix entre algún cargo docente y el trabajo por fuera, y cuando se miran los campos es evidente que en algunas facultades hay un peso de la docencia muy alto, una priorización del dar clase y no de la investigación y la extensión.
–¿Qué consecuencias tiene esta disminución de dedicaciones exclusivas en los cargos docentes?
–Lo que nos encontramos es un fuerte antagonismo, una fuerte tensión entre facultades que están más centradas en la formación profesional, que estimulan mucho menos la investigación; y facultades más académicas. Nosotros pensamos que la formación profesional que debería dar la universidad no puede estar escindida de políticas científicas que hagan que los docentes investiguen. Y otra cuestión importante desde nuestra perspectiva tiene que ver con los proyectos de extensión universitaria, que consideramos que tienen que estar mucho más centrados en el trabajo territorial, en la construcción de conocimiento en los territorios, que es diferente de la idea más clásica de extensión como transferencia, como devolución a la sociedad de ciertos conocimientos. Esa idea más antigua de transferencia, que supone que la universidad es la que tiene el conocimiento y lo distribuye a la comunidad, nos parece que es una idea que está vetusta porque no reconoce que en las sociedades hay muchos otros lugares donde se construye conocimiento y que, finalmente, el aporte de la universidad es poder dar inteligibilidad o coherencia, una teorización, a diferentes formas de conocimiento que, en general, están en los territorios.
–¿Cómo ve la autonomía universitaria hoy?
–En la historia de la forma en la que se entendió la autonomía, en particular la autonomía en la UBA, creo que a veces se confundió con la construcción de una especie de fortaleza, de una burbuja, o de una embajada, y no es ese el concepto de autonomía que me parece más potente para que las universidades sean un actor político y un factor del desarrollo social. Creo que la autonomía tiene que ver con un vínculo con los gobiernos de turno, es una autonomía de pensamiento crítico, una autonomía que hace a la calidad de lo que se investiga, pero la autonomía no necesariamente es ignorar leyes nacionales o problemas, prioridades, requisitos sociales. Porque la educación universitaria es gratuita, pero no es gratis, y esa es una idea con la que hay que machacar, porque nosotros seguimos viviendo en tanto tengamos sentido social, y el sentido social hay que revalidarlo, y en ese camino me parece que se tiene que dar la incorporación plena de las universidades a los debates de la educación, de todas las leyes y de todas las cuestiones que hacen a la sociedad. Algunas universidades de la provincia de Buenos Aires buscaron eso de una manera muy activa. En ese sentido, creo que la UBA debería tener asentamientos en la zona sur de la Ciudad, en la Villa 31 y en Villa Lugano, por ejemplo, para ver cómo hacemos para colaborar, para intervenir activa y participativamente en el desarrollo de esas áreas.