El presidente de APYME y el abogado que confeccionó el amparo judicial contra el aumento de las tarifas de gas explican los fundamentos de la presentación que pone en cuestión la validez de las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería.
14 de octubre de 2016
El amparo judicial colectivo presentado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) para frenar el incremento tarifario en las facturas de gas para el sector fue el único que la Justicia federal aceptó por considerar a Apyme representativa del colectivo integrado por pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines. Así, el Juez Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, hizo lugar a la medida cautelar y suspendió, con alcance nacional, el aumento del 500% en la tarifa decidida por el Ministerio de Energía para las pequeñas y medianas empresas. Como era de esperar, el gobierno nacional apeló la medida «con efecto suspensivo». El Juez Vaca Narvaja aceptó la apelación y remitió el recurso a la Cámara Federal de Apelaciones, que debe expedirse a la brevedad.
Sin embargo, para Eduardo Fernández, presidente de APYME, y Miguel Rodríguez Villafañe, el abogado que confeccionó y llevó adelante el amparo colectivo, la medida cautelar encierra no solo la razonabilidad del pedido de la Asamblea y la seriedad de sus planteos, sino que pone en escena el eje de la presentación judicial: la Ley 25.188 de Ética Pública. Según Fernández, «otras organizaciones habían argumentado en sus presentaciones con la misma ley, pero lo habían encarado mal, pidiendo la destitución del ministro, no la invalidez de los hechos administrativos». Por su parte, Rodríguez Villafañe aclara: «Desde este abordaje, todo lo que firmó el ministro es nulo. Nadie lo había tomado desde el punto de vista administrativo, siendo que tanto las audiencias públicas como la determinación son actos administrativos.
–¿Cuáles son los ejes principales del amparo presentado por APYME?
–Rodríguez Villafañe: Tiene varios ejes. En un estado de derecho, lo que se resuelve tiene que ser fundado en ley y la Ley 25.188 establece en su artículo 15 que los funcionarios que tengan facultades de tomar resoluciones sobre determinados temas tienen que haberse desvinculado por lo menos tres años antes de las empresas involucradas y además, no tener intereses. En el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, representó a la Cámara de Petroleros para América del Sur, ha sido 37 años empleado de la Shell y los últimos 12, gerente. Uso la palabra gerente y no CEO porque es alguien que cumple órdenes de quien representa. Por lo tanto, el artículo 17 de la ley de Ética Pública establece que esas decisiones tomadas por estos funcionarios en temas de este tipo son nulas y de nulidad absoluta, no son convalidables. Por ejemplo, no podría venir el presidente Mauricio Macri y decir: convalido todo lo hecho por mi ministro. No, porque es nula de nulidad absoluta. Por lo tanto, si estamos en un estado de derecho, es nulo todo lo firmado por Aranguren, desde el tarifazo de abril hasta todas las medidas dictadas después, incluida la decisión de llevar adelante las audiencias públicas. Otro punto del amparo hace eje en que es un absurdo que el Estado se asocie a la monstruosidad. Porque como el Estado en las tarifas de gas cobra un porcentaje en impuestos, termina multiplicando la ignominia. Fijate que el gas tiene 27% de IVA, y el IVA es Estado nacional y provincial, por eso hay muchos gobernadores interesados en que no baje. El propio Estado, que se supone que tiene que defender la industria nacional, en el caso de las pymes multiplica por cinco su ingreso. Y el otro punto es que, además, el gobierno ha decidido imponer aumentos implícitos.
–¿Aumento de tarifas implícitos?
–RV: Claro. Como fijan el valor del gas en boca de pozo en dólares, a 6,80, desde el gobierno dirán más adelante: no aumenté, ya está fijada la tarifa. Pero hoy el dólar está a 15 pesos y el año que viene puede estar a 18.
–Fernández: Es lo mismo que en los 90. Como dice Miguel, este gobierno volvió a usar las resoluciones de la década del 90.
–Incluso en el proyecto de Presupuesto presentado en el Congreso Nacional, se estima para 2017 un dólar a casi 18 pesos.
–RV: Y no es una sutileza. No van a volver a hacer audiencias públicas ni nada porque dirán que la tarifa no la tocaron. Es algo terrible. A lo que se suma que este neoliberalismo está violando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. Porque allí dice que el Estado protege el progreso económico con justicia social. No cualquier progreso económico, es con justicia social y aquí hay un progreso económico que evidentemente es para un sector en detrimento de otro. Eso es tremendamente inconstitucional. Mientras que al capital nacional, que está en manos de las pymes, entre las cuales hay organizaciones de la sociedad civil, mutuales, cooperativas, el Estado le está haciendo un juego doble y cruel. Por un lado, asociado a los macrointereses de multinacionales va a porcentaje con los tarifazos, pero cuando se trata de pagar impuestos resulta que tiene valores del año 2000 en las escalas del Mínimo No Imponible y en el Impuesto a las Ganancias. Todo esto, como si fuera poco, en un contexto de recesión. Y me pregunto: esta política, ¿a qué lleva? No solo por las tarifas y los impuestos, sino también por la apertura de importaciones, además de la compra irrestricta por Internet. Entonces estás haciendo todo lo posible para reventarnos a nosotros, nosotros entendido como el capital genuino argentino, la clase media y las pymes. Este es un paquete, donde es descaradamente claro el objetivo. Está hecho todo para que la pequeña y mediana empresa no pueda sobrevivir. O sea, te aprieto con el tarifazo, con una política fiscal tremenda, te abro la importación irrestrictamente, y a su vez permito la compra por Internet, en un contexto de recesión y con alta inflación. El tsunami perfecto.
–¿Cuál es el efecto concreto de las audiencias públicas?
–RV: En Córdoba 300 oradores se anotaron para las audiencias públicas del gas y hablaron solo 20. Algunos legisladores dijeron que no había problema, que presentaran un escrito, pero eso es inconstitucional.
–¿Por qué es inconstitucional?
–RV: Cuando la audiencia es pública se debe garantizar que vos te enteres de lo que yo digo, por eso es público, y también que yo escuche lo que vos decís. Esto hace a la libertad de expresión. Las audiencias no son un placebo cívico.
–F: Mirá su importancia que en el voto de algunos de los integrantes de la Corte Suprema dice que en la resolución final deben ser tenidas en cuenta las opiniones vertidas en las audiencias públicas.
–Pero, por ejemplo, para fines de este mes están programadas las audiencias públicas de la energía eléctrica, sin embargo, las facturas ya están llegando con aumentos tarifarios en todo el país…
–F: Lo que sucede es que hay una sorpresa detrás de la energía eléctrica. Por eso eran tan importantes las audiencias del gas y que en ellas se escucharan las opiniones de los técnicos y los especialistas. El 75% de la generación de energía eléctrica en nuestro país es a partir de usinas termoeléctricas –la mayoría de ellas son a gas–. La hídrica y la atómica en total contabilizan cerca de un 22% y un 2% eólica y otras energías. El combustible es el elemento esencial. Y lo van a dolarizar, como dijo Miguel, porque según la Resolución Nº 6 de los años 90, es el mercado eléctrico mayorista el que determina el precio, y les deja solo, por ejemplo a las empresas provinciales o a las cooperativas, la posibilidad de determinar en audiencia pública el VAD, que es el valor agregado de distribución. Por eso está relacionada la audiencia del gas con la electricidad. Es por esta razón que tiene mucha importancia el recurso que hemos presentado, porque si la Corte Suprema estableció que no va a haber ajuste desde abril hasta ahora en el cuadro tarifario residencial, y el uso que hacen las pymes es un porcentaje chico, queda en claro que el mayor consumo energético es el utilizado para generación de electricidad. Ese es el punto.
–¿En consecuencia, se dolariza la generación de energía eléctrica también?
–F: Así es. Intentan imponer una matriz distinta. La matriz de que ya no es más un servicio público, Miguel lo ha desarrollado muy bien con las cooperativas. Es el mercado el que empieza a determinar el precio. Lo están convirtiendo en un commodity y no es un commodity en ningún lugar del mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque nos someten aparentemente a una ley de mercado que no es tal porque no se han cumplido los preceptos legales y constitucionales. Entonces, ¿qué modo tenés de defenderte cuando la prestación es monopólica, y está protegida por un Estado manejado por los propios dueños de los monopolios?
–RV: Donde además el Estado usufructúa del beneficio de la tarifa.
–F: En ese marco, afecta el criterio social de cómo gran parte de la producción, la industria, los servicios, la energía quedan sometidos a esas reglas de juego monopólicas. A un funcionario se le escapó en sus dichos que las empresas, a diferencia del usuario residencial, tenemos la posibilidad de trasladar a precios el costo de la energía. Pero el resultado lo paga el mismo: lo paga Juan Pueblo. Pero con una restricción. Si Juan Pueblo gasta 10 pesos para el gas, y antes gastaba 1, ahora hay 9 pesos que no destina a consumo. Y las pymes vivimos del mercado interno. Por eso lo que explicaba del marco de la crisis. Ratificar esta resolución potencia todas las dificultades que tenemos, porque no es solo el problema financiero de caja, condiciona todo el resto. El periodismo atado a los intereses monopólicos nos ataca diciendo cómo las pymes no vamos a poder pagar una factura que pasó de 10 pesos a 600 pesos. Lo que sucede es que tiene efecto macroeconómico. Por eso nosotros queremos representar al conjunto del sector, las pymes con todas sus formas jurídicas, cooperativas, empresas recuperadas, productores agropecuarios. Y hemos presentado un amparo en el que tratamos de englobar ese universo, que no es el usuario residencial pero tampoco es un gran consumidor, ni una gran empresa, es la mortadela que queda en el medio.
–¿Cómo prevén que siga el proceso, tras la apelación y el paso a la Cámara?
–F: APYME ha sido la última en presentar un amparo en la Justicia y cuando hablamos con Miguel le dijimos que la presentación tenía que tener una orientación y una consolidación plena para el debate posterior, porque sabíamos que la iban a apelar, pero nuestro objetivo es mantener en el debate qué va a hacer el gobierno con las pymes, con el trabajo argentino, qué van a hacer con el 32,2% de pobres e indigentes. ¿Lo va a solucionar destruyendo el aparato productivo? Por eso nuestra presentación tiene fundamentos y la cuestión de fondo del recurso de amparo de APYME está basada en las ilegalidades e irracionalidades. Y más allá del futuro que tenga este recurso, los que queremos la producción nacional, los que queremos el trabajo teníamos la obligación de tratar de llevar esto al plano legal y desnudar tanta falsedad. Pensamos que esto lo tiene que tomar el movimiento obrero, porque no es solo en defensa de las pymes, sino también del trabajo. Nos asiste la razón, por eso vamos a continuar, pero más allá de los vericuetos jurídicos, esta lucha tiene que tener apoyo social para visibilizarse.
