22 de junio de 2023
La violenta respuesta del gobernador Gerardo Morales a las manifestaciones y cortes de ruta dejó cientos de heridos y detenidos. Una Constitución que restringe derechos.
San Salvador. El operativo incluyó disparos en el rostro de los manifestantes, agentes infiltrados y vehículos sin identificación.
Foto: Télam
Centenares de presos y un número impreciso de heridos producto de la brutal represión encarada por la policía local, que incluyó disparos en el rostro de los manifestantes al mejor estilo de los carabineros chilenos –práctica que provocó la pérdida de un ojo a un joven de 17 años– es el saldo provisorio de la pueblada que estalló en Jujuy y de la que participaron decenas de miles de personas movilizadas en manifestaciones y cortes de ruta en la capital provincial, Purmamarca, La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, San Pedro, Abra Pampa, entre otras localidades.
La consigna unificadora, «Arriba los salarios, abajo la reforma», aludía al extendido conflicto con los docentes y a las modificaciones a la Carta Magna jujeña que el gobernador Gerardo Morales elevó a una Convención Constituyente pactada entre las dos fuerzas mayoritarias –Frente Cambia Jujuy y Frente Justicialista (FJ)– cuyos miembros surgieron de una elección a la que concurrió poco más del 60% del padrón.
Los docentes jujeños que desarrollan desde hace semanas una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial y el blanqueo de sumas percibidas en negro reunieron a una muchedumbre en la marcha de antorchas que se derramó por las calles principales de San Salvador. Paulatinamente, se fueron sumando los municipales, los azucareros de Ledesma, los mineros y organizaciones de los pueblos originarios, particularmente afectados por las disposiciones de la reforma que atentan contra su derecho a la tierra.
Prohibido luchar
Las modificaciones constitucionales se concretaron en apenas dos jornadas tras la renuncia de ocho convencionales, dos del FJ y seis del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FITU), que enfatizaron su absoluto desacuerdo con el texto. En lo que atañe a la «convivencia democrática y pacífica» pregonada, se prohíben los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos. También las manifestaciones al aire libre que «limiten o puedan limitar la libre circulación». A través del decreto 8464, Morales ya había dispuesto «cesantear e inhabilitar» a los empleados públicos que participaran de esas acciones.
El martes último, el gobernador dio otra muestra de autoritarismo al ordenar la modificación de dos artículos, como si el texto fuera de su propiedad y los constituyentes, sus peones. La jura de esta amañada «ley suprema» revitalizó la protesta, que fue reprimida de un modo salvaje e ilegal y en la que participaron agentes infiltrados y vehículos sin identificación. Esa sangrienta jornada culminó con 70 detenidos y 170 heridos, entre ellos varios de gravedad y uno que lucha por su vida tras haber recibido un cartucho de gas lacrimógeno que le destrozó el cráneo.
Entre las medidas que se pretenden imponer se cuenta la de que los indígenas deben acreditar su derecho a las tierras que ocupan, una condición de imposible cumplimiento que apunta contra la propiedad comunitaria dado que de las 400 comunidades existentes, solamente el 12% posee los títulos pertinentes. En repudio a esa política, pobladores provenientes de los cuatro puntos cardinales de la provincia realizaron una marcha denominada «Malón de la paz», que arribó a San Salvador para sumarse a la protesta.
Aunque Morales remarcó que «el ejercicio del derecho a la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz», debió retroceder en lo que hace a las iniciativas que disponían elecciones cada cuatro años y que el partido que las ganara tuviese mayoría absoluta en la Legislatura.
Acción y reacción
Las reacciones ante el carácter autoritario que impregna las reformas anunciadas fueron múltiples. La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, emitió un comunicado en el que señala: «El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos». También el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, la CTA de los Trabajadores, la CTERA, la CGT y otras organizaciones y dirigentes expresaron su repudio a través de las redes sociales o comunicados de prensa.
En tanto, los organismos de derechos humanos se solidarizaron con los docentes y se expresaron contra «la reforma constitucional autoritaria y antidemocrática», a la que caracterizaron como «una muestra de lo que está preparando la derecha argentina». Así lo demostró la conferencia de prensa a la que convocó el PRO, en la cual «halcones y palomas» acusaron al Gobierno nacional, a la izquierda, a los «turistas piqueteros» y al expresidente boliviano Evo Morales de haber promovido y financiado los enfrentamientos.
Los objetores a la reforma coinciden en que la estrategia de Morales consiste en favorecer a las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, la apropiación privada de los recursos naturales y el sometimiento absoluto a las directivas del FMI. Jujuy sería así un laboratorio para perfeccionar las políticas neoliberales y represivas. También acuerdan en que, considerando que subsisten los cortes de ruta en numerosas localidades y se prevé una huelga general y otra masiva concentración en San Salvador, la resistencia recién empieza.
