22 de agosto de 2022

Daniel Vilá

Los sucesos del 22 de agosto de 1972 fueron el ensayo general del terrorismo de Estado que las Fuerzas Armadas perpetrarían cuatro años más tarde.

Alejandro Agustín Lanusse, un astuto general que, no obstante, sobrevaloraba su capacidad política, fue designado presidente en 1971 por la Junta Militar que derrocó al Gobierno de Arturo Illia para modificar el rumbo de la llamada Revolución Argentina que había fracasado en su objetivo de eliminar al peronismo e instituir un nuevo régimen autoritario consensuado. Las puebladas que se fueron sucediendo desde 1969 indicaban la urgencia de hallar una salida formalmente democrática que no excluyera a los militares. En consecuencia, Lanusse tenía la concreta misión de neutralizar el creciente accionar de las organizaciones armadas, normalizar la actividad política, levantar las sanciones impuestas a algunos sindicatos, permitir las paritarias libres, idear una alternativa que permitiera la legalización condicionada del peronismo a través de negociaciones con su líder, intentando seducirlo con la devolución del cadáver de Evita y la prescripción de una causa que se le seguía por traición a la patria, entre otras concesiones. Esa propuesta, que pretendía la constitución de un Gobierno formalmente democrático, aceptable para los uniformados y preferentemente encabezado por uno de ellos, se denominó Gran Acuerdo Nacional y fracasó estruendosamente, porque Juan Domingo Perón, que luego regresaría al país tras 17 años de exilio, movió hábilmente sus fichas, fue ganando tiempo y terminó imponiéndose en tan decisiva partida de ajedrez político.
En ese contexto, el 15 de agosto de 1972, las organizaciones armadas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros pusieron en marcha un plan de escape minuciosamente diseñado durante dos meses, destinado a garantizar la fuga de los presos políticos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6) conocido como el Penal de Rawson, una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Chubut. El presidio estaba custodiado por 70 guardiacárceles –la mitad de ellos armados– y una compañía antiguerrillera de 120 hombres que acampaba a tres cuadras del edificio carcelario, pese a lo cual 25 presos lograron evadirse.
Los prisioneros tomaron rápidamente la cárcel pero no contaban con medios para garantizar el traslado masivo de todos ellos, ya que solo disponían de un Ford Falcon que fue ocupado por los seis miembros del Comité de Fuga para dirigirse hacia el aeropuerto. Una vez allí, tres de los integrantes del reducido grupo, tomaron una aeronave de la empresa Austral que cubría el vuelo 811, con destino al Aeropuerto Jorge Newbery con 96 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Los miembros del Comité de Fuga pidieron a los pilotos que demoraran el despegue hasta que los demás evadidos pudiesen arribar. Debido a que carecían de elementos para comunicarse con ellos, a las 7.30 dieron la orden de despegar, sin saber que tres vehículos con 19 compañeros estaban a cinco minutos del aeropuerto.
Seis jefes guerrilleros –Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, del PRT-ERP; Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR; y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros‒ fueron los que lograron subirse al avión secuestrado y refugiarse en Chile, desde donde, merced a la solidaridad del presidente de ese país, Salvador Allende, partirían hacia Cuba.

Rendición y garantías
Quienes no llegaron a tiempo decidieron apoderarse del aeropuerto y convocar a una conferencia de prensa en la que, el 16 de agosto, anunciaron su rendición, no sin antes solicitar garantías públicas sobre sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. A los detenidos se los trasladó a la Base Almirante Zar, de la Armada Nacional. En la madrugada del 22 de agosto fueron obligados a salir de sus celdas y a formarse en dos hileras. Los efectivos, comandados por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, dispararon sus ametralladoras y mataron a dieciséis de los diecinueve detenidos. Según la versión oficial, uno de ellos, Mariano Pujadas, había intentado arrebatarle la pistola a Sosa en un nuevo intento de levantamiento, pero lo cierto es que ninguno de los represores sufrió daño alguno.
Dos semanas después, el capitán de navío Horacio Mayorga reivindicaría lo actuado al afirmar: «No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho, bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos». Los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, Carlos Alberto Camps y Ricardo René Haidar, gravemente heridos, integrarían pocos años después la extensa lista de asesinados y desaparecidos por la dictadura genocida. El velatorio de las víctimas, acribilladas a mansalva, se realizó en el local del Partido Justicialista de la Capital Federal y fue brutalmente reprimido por la Policía Federal.

Según el testimonio de Vaca Narvaja, «Lanusse sacó de jurisdicción al penal de Rawson y al Aeropuerto de Trelew y decretó el estado de sitio en el momento en que se estaba negociando. De esta forma, la máxima autoridad ya no era el juez civil sino el jefe militar de la base. Entonces, en vez de reintegrarlos al penal, se los trasladó a la base militar Almirante Zar». Los responsables de la masacre fueron procesados tras 30 años de producida, pero las investigaciones se archivaron sistemáticamente en los juzgados. La causa reabierta en 2006 recién obtuvo sentencia el 15 de octubre de 2012, cuando el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los oficiales navales Emilio Jorge Del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Amadeo Marandino como «coautores responsables de homicidio por alevosía» y tres tentativas de homicidio. El hecho fue considerado por los magistrados como «crimen de lesa humanidad» y, por lo tanto, imprescriptible. El 19 de marzo de 2014, la Cámara de Casación Penal confirmó la resolución, pero solo Marandino confesó y cumplió prisión efectiva. Durante el juicio se escuchó el testimonio de Miguel Marileo, un carpintero que fabricaba ataúdes en Trelew y que fue convocado a la base después del cruento acontecimiento: él vio los cuerpos apilados, desnudos y atravesados por las balas y contó que, mientras caminaba por el lugar, observó que Camps, Berger y Haidar gemían de dolor en una camilla.
El ex teniente de Marina, Roberto Guillermo Bravo, el fusilador que se ufanaba de haber vaciado el cargador contra los prisioneros, fue protegido por la Armada y enviado como agregado militar a la Embajada argentina en Estados Unidos. En 1979 lo dieron de baja y desde entonces se dedicó a los negocios, pero nunca se presentó ante la Justicia argentina ni se conoció su paradero hasta que fue revelado por un periodista argentino en el matutino Página/12. Ante la imposibilidad de obtener su juzgamiento en el país, cuatro familiares de las víctimas presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la ley de Protección de las Víctimas de la Tortura que no prevé la pena de prisión, sino compensaciones monetarias. Hace pocas semanas, un jurado integrado por siete ciudadanos lo halló culpable de las ejecuciones extrajudiciales de Rubén Bonet, Eduardo Cappello y de Ana Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Camps y lo condenó a indemnizarlos con 27 millones de dólares. El juez federal estadounidense Edwin Torres tiene actualmente a su cargo el pedido para extraditar a Bravo a Argentina. Si eso sucediera –lo que se considera improbable‒ podría exponerse a una pena de prisión perpetua.

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