11 de junio de 2023
Una resolución aprobada por la Cámara de Diputados de Mendoza refrenda la constante campaña discriminatoria contra los mapuches. La opinión de especialistas.
Sesión. Legisladores mendocinos de la UCR negaron la argentinidad de los mapuches.
Foto: HCDMDZA
La reciente resolución aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, originada en un dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías, en la cual se determina que los mapuches no son un pueblo originario ni de Mendoza ni de la Argentina, constituye el punto más alto de una campaña discriminatoria y racista que recrudeció a partir de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y en la que se reiteran añejas e inconsistentes teorías conspirativas sobre las tierras que ocupan y sobre la soberanía nacional de la Patagonia.
El referido dictamen se basa en tres ejes: la supuesta incompetencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para emitir resoluciones sin la participación de otros actores involucrados, la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que prorrogó la vigencia de la ley de Emergencia Territorial y la determinación de la «extranjería» del pueblo mapuche.
Silvina Ramírez, especialista en Derechos Indígenas, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), dice en una nota publicada por la agencia Tierra Viva que el texto «revela una ignorancia conceptual relevante, un desconocimiento de la normativa vigente (y, por ende, de los derechos indígenas que ya existen y tienen fuerza legal en nuestro país), contraviniendo el propio texto constitucional que cuenta con innumerables consensos, frente a la persistente negación identitaria de algunos sectores».
La especialista subraya que llama la atención que se soslaye una vasta literatura especializada sobre la presencia de ese pueblo originario en un espacio territorial cuya organización como Estado fue muy posterior. Al respecto, en un comunicado emitido por el CONICET, investigadores expertos en etnología confirman que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches como algunos afirman, sino pueblos preexistentes que vivían en esos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es la Argentina, así como tehuelches en lo que hoy es Chile.
En el citado documento se añade que los tehuelches «no se extinguieron» sino que desde hace años luchan por demostrar que siguen existiendo, ya que los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización. Es absolutamente comprobable que antes de la conquista los pueblos originarios habitaban y se desplazaban de un lado a otro de la cordillera sin atenerse a los límites convencionales que surgirían a partir de la creación de los Estados modernos en el siglo XIX.
A partir de entonces se inició el genocidio tanto en Chile –donde se lo denominó Operación Araucanía–, como en la Argentina –Conquista del Desierto–. Aquí, tropas al mando del general Julio A. Roca concretaron en Choele Choel la primera ocupación militar del territorio mapuche un 25 de mayo de 1878. También se establecieron verdaderos campos de concentración. En la localidad de Valcheta, ubicada en la actual provincia de Río Negro, se construyó un gran corral con alambre donde se mantenía prisioneros a los hombres que podían dar batalla al Ejército Argentino condenándolos a la muerte por inanición. Muchos otros eran trasladados a la isla Martín García donde fallecían de enfermedades por entonces incurables. A las pérdidas humanas se sumaban las de sus territorios, ya que fueron desplazados hacia predios de menor extensión llamados «reducciones» o «reservaciones». El resto de las tierras se declaró fiscal y fueron subastadas para beneficio de unas pocas familias blancas y ricas.
Radicación forzosa
Así, los mapuches fueron pasando de un sistema económico tradicional basado en la caza y la horticultura a una economía agrícola-ganadera, luego de la radicación forzosa en los terrenos asignados, lo que dio lugar a la subdivisión de la propiedad, la fragmentación cultural y la migración de los jóvenes a las grandes ciudades. La discriminación racial y social que hoy pretenden legitimar los legisladores mendocinos se manifiesta tanto en Chile como en la Argentina en menores índices de educación, ingresos y ocupación, tal como lo reconocen las propias estadísticas oficiales de ambos países, y los intentos de recuperación de las tierras usurpadas fueron reprimidos con violencia de ambos lados de la cordillera.
Ramírez concluye: «Los legisladores no construyen –ni pueden, ni deben hacerlo– la realidad, ni pueden ni deben decidir sobre materias que están fuera de su ámbito de competencia. Esta clase de resoluciones, enmarcada en actos del Poder Legislativo, se vuelve peligrosa para las propias democracias, porque atentan contra reglas básicas de convivencia: el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos –dice la especialista–. Esta resolución, si bien tiene un valor jurídico relativo, simbólicamente es muy negativa. Se utiliza una de las instancias medulares del sistema democrático, la Cámara de Diputados, para desconocer la historia. La tergiversación y falsedad de los hechos que se afirman solo pueden explicarse por lo que está en juego: los bienes comunes naturales que se encuentran en los territorios reivindicados. De allí que se utiliza el disfraz de un acto democrático para encubrir el horizonte de la explotación de esos bienes naturales».
