7 de septiembre de 2021

Daniel Vilá

Acosado por problemas internos, el presidente chileno decretó un trazado de límites que viola acuerdos preexistentes. Fuerte rechazo del Gobierno nacional.

En medio de una campaña electoral anodina, plena de golpes bajos, noticias falsas, operaciones mediáticas y convocatorias destituyentes, la controversia instalada por el derechista presidente chileno, Sebastián Piñera, que pretende apoderarse de una parte significativa de la plataforma marítima argentina, cayó como un balde de agua fría en la Casa Rosada. Es que la reivindicación carece de todo fundamento ya que intenta desconocer un laudo que se produjo hace casi cuatro décadas. Como sostiene la periodista chilena Cecilia Vergara Mattei, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE): «Lo que intenta Piñera es desviar la atención del pueblo chileno, que tomó las calles desde el estallido de octubre de 2019, hoy en pleno proceso de Convención Constituyente y elecciones nacionales, en las cuales se le hace difícil lograr un candidato único de la derecha», lo que a su juicio constituye «una típica provocación orquestada, en la que los medios hegemónicos no son inocentes sino cómplices».
A partir de la restauración democrática en la Argentina se encaró la dura tarea de dialogar intensamente en busca de apaciguar las disputas territoriales con Chile que en 1978, cuando ambos países estaban gobernados por dictaduras, estuvieron a punto de culminar en un enfrentamiento bélico. El 25 de noviembre de 1984 el Gobierno de Raúl Alfonsín convocó a un plebiscito no vinculante para que la ciudadanía se expidiera sobre la firma de un tratado de Paz y Amistad. El «Sí» se impuso ampliamente con el 81% de los sufragios. La intervención del Vaticano, que laudó en la controversia, puso fin al conflicto.
Lo que Piñera pretende ahora, a través de un decreto presidencial, en una decisión unilateral e inconsulta, es anexar a su plataforma alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados del mar austral, que según los acuerdos internacionales corresponden a la Argentina, un espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar y es geopolíticamente estratégico por tratarse de un corredor bioceánico.
El canciller Felipe Solá fue terminante al fundamentar la posición argentina a través de un informe técnico en el cual se rechaza la extensión de la plataforma chilena que, dijo, incumple el Tratado de Paz y Amistad de 1984. «La conducta de Chile durante 36 años resulta plenamente concordante con la interpretación que la Argentina ha formulado de ese tratado, Chile dispuso de ocasiones para expresar su desacuerdo y optó por no hacerlo. En ningún momento realizó planteos que se parezcan al actual», enfatizó el funcionario argentino.
A raíz de un tibio comunicado de Juntos por el Cambio en el que llama a «negociar de forma pacífica», Solá sostuvo: «Lo que les pido a los que no comparten esta posición no es que me aconsejen, porque nosotros ya sabemos que tenemos que negociar. Les pido que digan quién tiene razón» y señaló que la oposición actúa como quien mira desde un balcón y dice «conversen, muchachos».

Misión secreta
No resulta extraña la actitud de la dirigencia de JxC, si se considera que la presidenta del principal partido de la coalición es Patricia Bullrich –recientemente repudiada en su gira proselitista por el sur del país– y tanto ella como varios candidatos de esa fuerza han manifestado públicamente que los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas no son consistentes ni necesarios. Con respecto a este tema, un artículo firmado por Andrew Fisman y Glen Greenwald, publicado por el periódico The Intercept y parcialmente reproducido por el diario La Nación, revela que una unidad especializada de la agencia de espionaje británica Governement Communications Headquarters (Cuartel General de Comunicaciones) preparó un plan encubierto denominado «Operación Quito», desde antes de 2009.
Los documentos proporcionados por quien denunció a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, se refieren a una operación «de larga duración y a gran escala» con el objetivo de evitar que la Argentina recupere las islas. El grupo de tareas JTRIG, encargado de la misión, cuya existencia fue revelada el año pasado por NBC News y The Intercept, ha desarrollado técnicas como la implantación de virus informáticos para recopilar inteligencia, sembrar propaganda, disminuir o desacreditar a los oponentes, diseminar información falsa en internet, manipular encuestas, entre otras tareas.
El Cuartel General de Comunicaciones del Reino Unido advirtió en 2011, basándose en sus informantes brasileños, el apoyo que estaba recibiendo la Argentina por parte de los Gobiernos sudamericanos en su reclamo soberano por Malvinas. Consecuentemente, comenzó a organizar una visita oficial a Chile con el fin de contrarrestar esa tendencia. En noviembre de 2012, el secretario de Relaciones Exteriores británico, William Hague, concretó la iniciativa.

Gran encuesta
En otro orden de cosas, al cierre de esta edición no se habían realizado aún las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una suerte de gigantesca encuesta que permite obtener una aproximación a los resultados de los comicios legislativos de noviembre, aunque no una orientación certera, ya que el contraste de las versiones anteriores con los resultados finales de los comicios sorprendió a los encuestadores y analistas. En las PASO de 2015, el candidato del sector mayoritario del peronismo, Daniel Scioli, se impuso por más de 14 puntos de diferencia a Mauricio Macri, de Cambiemos, pero este último finalmente ganó el balotaje y se consagró presidente. En 2017, en la provincia de Buenos Aires, la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner, aventajó por 0,21% a Esteban Bullrich, de Cambiemos, quien terminó imponiéndose por cuatro puntos en la elección final. En las PASO de 2019 con el peronismo unificado, la diferencia nacional a favor del Frente de Todos fue de 17 puntos, pero se redujo a 8 en la primera vuelta electoral.
Con todo, el vuelco más asombroso se produjo en la provincia de San Luis en las PASO de 2017, cuando el Frente Avanzar y Cambiemos, liderado por el exgobernador Claudio Poggi, se adjudicó el 57,5% de los votos ante el actual senador Adolfo Rodríguez Saá, que logró el 38,37%. Dos meses después la tortilla se dio vuelta de una manera contundente: el Frente de Unidad Justicialista de los hermanos Rodríguez Saá superó a Cambiemos por diez puntos de diferencia.

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