18 de octubre de 2022
Luego de detectarse operaciones de narcotráfico en las terminales privadas, organizaciones políticas, sindicales y sociales reclaman rescindir las concesiones.
Terminal. Desde diversos sectores reclaman mayor control de la operatoria.
Foto: Matías Baglietto
Tras conocerse las informaciones periodísticas que dieron cuenta de hechos que involucran al puerto de Rosario con importantes operaciones de narcotráfico y dada la escasa información existente sobre su funcionamiento y control, un conjunto de organizaciones políticas, sindicales y sociales, convocadas por el Foro por la Recuperación del Paraná, acordaron reclamar que el Estado provincial rescinda el contrato de concesión que beneficia a TPR, la empresa que integran Vicentin y el grupo chileno Ultramar, así como la revisión de todas las concesiones vigentes, pero sin que ello afecte de modo alguno las fuentes de trabajo.
Hace pocas semanas, en dos depósitos de la ciudad se hallaron 1.658 kilos de cocaína de máxima pureza que se habían escondido en bolsones con expeller de maíz para luego ser cargados en buques de ultramar con destino final al Emirato Árabe de Dubai. Pocos días después la Justicia Federal, tras una ardua investigación, constató que en junio pasado partieron desde los muelles de la terminal 1.434 kilos de la misma droga ocultos en contenedores, que supuestamente contenían maní. Las cargas fueron detectadas en el puerto brasileño de Santos y en la terminal holandesa de Rotterdam. Cuatro individuos fueron detenidos a disposición del juez federal Carlos Vera Barros, aunque se supone con fundamento que estas personas no serían las dueñas de la mercadería, sino quienes facilitaron su salida del país.
El diputado provincial y miembro del Foro, Carlos del Frade, quien ha realizado numerosas denuncias ante la Justicia sobre esta situación, puntualizó que el primer cargamento de 200 kilos de cocaína que arribó al puerto de Rosario, data de hace 44 años y fue parte de un negocio entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y su par boliviano, Hugo Banzer. En una entrevista con la publicación santafesina Reconquista Hoy, el legislador señaló que al ser Vicentin la concesionaria del puerto de donde sale la droga, sus responsables deberían dar explicaciones, tanto de lo que sale como de lo que entra, y destacó que el Ente Administrador de esa terminal había admitido que no había papeles desde 2012 sobre la actividad de Vicentin y su socia Ultramar. En alusión al cargamento oculto en «pallets» de maíz en una exfábrica de aluminio en Empalme Graneros, Del Frade aseguró: «Las sobras de estos cargamentos son las que terminan haciendo matar a estos chicos entre sí en los barrios de Rosario». El doloroso drama del microtráfico.
Privatizaciones
A partir de 1943 y hasta principios de 1991, la administración de todos los puertos argentinos, su control y operación estaban a cargo del Estado Nacional a través de la Administración General de Puertos (AGP) y la Capitanía General de Puertos. Todos los servicios adicionales –practicaje, remolque, dragado y balizamiento‒ eran servicios sometidos a los poderes públicos y al poder de policía de la Prefectura Naval Argentina. Pero en 1969 se reconoció por primera vez a la empresa privada Propulsora Siderúrgica S.A. el derecho de propiedad y operación exclusiva del puerto industrial Ingeniero Roca en Ensenada, construido en terrenos propios.
Dos leyes de 1970 profundizaron las prácticas privatistas y en 1990, durante el menemismo, se dispuso la provincialización, concesión y privatización de todos los puertos pertenecientes al Estado, se disolvió la Capitanía General de Puertos y se declaró en liquidación la AGP. El golpe de gracia lo constituyó la ley 24.093 de 1992, que concedió las terminales portuarias a las multinacionales cerealeras, lo que implica que las mismas empresas que administran los puertos son las que monopolizan la exportación de cereales y oleaginosas, facilitándose así las triangulaciones, las sub o sobrefacturaciones y el contrabando. Si lo antedicho no bastara, personal de las concesionarias es el que realiza el pesaje de las mercaderías que salen de los puertos, sin control alguno por parte de los poderes públicos. Ahora, un nuevo negocio se agregó a los tradicionales: la exportación de cocaína.
