El Gobierno cerró un acuerdo con los principales grupos de acreedores de deuda bajo legislación extranjera y, en paralelo, se sancionó una ley para darle el mismo tratamiento a los compromisos en dólares bajo jurisdicción local. Ahora, el FMI.
12 de agosto de 2020
Luego de siete meses de negociaciones formales e informales, el Gobierno alcanzó, sobre el filo del vencimiento del período de adhesión, un acuerdo con los grandes grupos de fondos de inversión extranjeros para reestructurar un pasivo de 65.800 millones de dólares. Es un primer paso, necesario pero no suficiente, de la administración de Alberto Fernández y su compromiso de pagar la deuda externa, pero en condiciones sustentables para el país.
El acuerdo con el grupo de acreedores más duro allana el camino para la segunda etapa, el canje con los bonistas locales, que tendrán igual tratamiento que los lobos de Wall Street. Pero todavía queda la jugada más difícil de sortear, la que se viene jugando hace exactamente el mismo tiempo que con los privados, pero que demorará más que un simple asiento contable: el megacrédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que consiguió el macrismo como un aporte de campaña.
El anuncio oficial se conoció de madrugada, tras una negociación que se había prorrogado en varias ocasiones desde abril. «Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los Acreedores que brindan Respaldo) llegaron a un acuerdo», comunicaba el Palacio de Hacienda. En el documento se detallaba, y luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmaba que la modificación que había permitido cerrar la negociación se había realizado «en las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos que serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre». Presentado así, la negociación se destrabó por un «cambio de fecha».
Si bien es un ejemplo de lo fina que pudo ser en términos técnicos la negociación –ese cambio en la fecha de pago desencadena una modificación en el cálculo de los rendimientos y, por ende, en el valor presente de la oferta–, la pelea con los grandes fondos de inversión fue, es y será política. Se pone en evidencia en el rechazo a la oferta oficial por parte del grupo de bonistas cartelizados. La discusión se había estancado por el tamaño de la ventana que se dejaba abierta a futuros litigios de fondos buitre; en última instancia, la presión eterna para la economía del país.
El avance de demandas sobre tenencia de bonos defaulteados, luego de dos canjes y un arreglo judicial por parte del macrismo –que abonó la demanda completa y cash–, solo fue posible por la ausencia total de un marco legal, como las cláusulas de acción colectiva, que lo impida. Estas cláusulas implican que si en una operación de canje se obtiene un piso de aceptación, el resto está obligado a aceptar la reestructuración. Sin ingresar en definiciones técnicas, los acreedores pretendían un piso más elevado de adhesión respecto al definido por Naciones Unidas y que Argentina utilizó desde 2016. De haberse aceptado dicha modificación el país estaría siempre en default mientras haya juzgados permeables a demandas de los fondos buitre.
El objetivo de un acuerdo, sin siquiera discutir la legalidad de la deuda pese a la evidencia de que el macrismo no cumplió cuanto menos con los requisitos legales indispensables para tamaño endeudamiento, pretende sacar al país de la condición de default en que el macrismo lo dejó. Pese a esto, desde la oposición se criticó el tiempo que le insumió al Gobierno llegar al acuerdo, que en total fueron cerca de siete meses.
En junio se cumplieron 15 años del cierre del canje de deuda por un total de 81.800 millones de dólares que realizó el gobierno de Néstor Kirchner. Fue una operación que hoy es estudiada como ejemplo de renegociación de pasivos soberanos, pero que demoró dos años en cerrarse desde la presentación de la primera propuesta. En esa misma senda, Fernández ya había anticipado que siempre era mejor llegar a un acuerdo, pero dejó en claro que no sería a cualquier precio y que el país tampoco tenía apuro en cerrar. De hecho, fue ese «no apuro» el que jugó a favor de Argentina, en un mundo en que la pandemia descapitalizó a la mayoría de los países.
Esto recién empieza
El segundo paso es cerrar un acuerdo similar con los acreedores internos y así, entre privados, iniciar una desdolarización de la deuda soberana. Según señaló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, «al otorgarle trato equitativo a la deuda bajo legislación nacional también se trata de fortalecer el mercado de capitales local, de darle una mayor robustez a nuestra moneda. De hecho, en la ley aprobada se abre la posibilidad de que parte de la deuda en dólares pueda ser canjeada por deuda en pesos».
Ambos acuerdos le permitirán al país un importante ahorro en los próximos años y, con ello, recuperar la senda de crecimiento. De acuerdo con un informe de CEPA, entre 2020 y 2024 vencían 63.664 millones de dólares por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera) y, tras la reestructuración, los compromisos llegarán a 6.116 millones aproximadamente. Esto descomprime la demanda de dólares y el stock de reservas, al tiempo que permite un enorme volumen de recursos para atender la pandemia y recuperar el consumo y la producción, y con ello el crecimiento económico. En concreto, las menores tensiones se verán posiblemente reflejadas en la evolución de los precios del dólar informal. Ganar margen fiscal, que no sea por el lado del ajuste, permite también financiar transferencias a sectores populares (programas de atención al empleo en empresas, bonos a familias en emergencia, jubilaciones y pensiones, entre otros derechos). El eventual acceso al crédito internacional en el mediano plazo podría abaratar la financiación de las empresas en un contexto de pandemia donde el apalancamiento es fundamental.
Pero para todo esto queda pendiente la discusión principal, la más política de todas. El acuerdo stand-by que firmó el macrismo con el FMI representó el préstamo más grande en la historia del organismo hacia un país, del cual desembolsó casi su totalidad, unos 44.000 millones de dólares, en el último año y medio del gobierno de Cambiemos, con un período de repago de tres años. Sin embargo, lo relevante de esta discusión, además del monto adeudado, son las recetas a las que habitualmente somete el Fondo a sus países deudores.
Hasta el momento, los nuevos burócratas del FMI, comandados por la directora Kristalina Georgieva, vienen jugando a favor de Argentina. Emitieron un comunicado en el que realizaron el mismo diagnóstico de insostenibilidad de la deuda pública que había hecho el Gobierno sobre la herencia financiera macrista, dieron a conocer varios comunicados alentando la negociación, adoptaron como propia la idea de «sustentabilidad» y hasta recomendaron un nivel de quita significativo para avanzar en la negociación. Ahora, luego de los saludos y felicitaciones enviados al Gobierno argentino, el Fondo se sienta a negociar con los funcionarios y los roles tal vez no se mantengan ceteris paribus (en igualdad de condiciones). Pero el organismo también tiene mucho que responder sobre las condiciones en las que otorgó el crédito.
