1 de junio de 2021
En un contexto atípico, la inflación de 2020 se redujo cerca de 18 puntos con relación a 2019. Sin embargo, los incrementos registrados en los últimos meses, en particular en el rubro alimentos, encienden luces de alerta. Alzas de commodities.
Precios cuidados. El programa amplió la lista de productos, de 400 a 660. (Guido Piotrkowski)
L a inflación minorista de 2020 fue de 36,1%, lo que en una primera lectura pone en evidencia una importante reducción de la inflación interanual respecto al año anterior, cuando trepó al 53,8%.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda explica que «el Gobierno actual asumió con un piso inflacionario alto, una crisis producto de la deuda externa y consecuente default, un acuerdo con el FMI gigantesco que se encuentra en pleno proceso de renegociación y a los tres meses apareció un shock sin precedentes en la historia global como lo es la pandemia del COVID-19. Aun así, en este contexto complejo, la administración actual logró reducir la inflación con relación a 2019 y 2018».
Sin perjuicio de eso, un análisis más detallado de la dinámica inflacionaria enciende algunas luces de alerta por tres cuestiones centrales: la menor inflación de 2020 fue acompañada de un contexto muy particular (recesión económica pandémica, cuasicongelamiento de precios regulados); el ritmo de incremento de los precios en el último trimestre del año fue muy elevado (la inflación anualizada del período octubre-diciembre supera el 50%), y el estratégico rubro alimentos y bebidas registró una suba superior (42,1%) al promedio general. En particular, la carne tuvo un incremento interanual del 75%, incluido el fuerte aumento registrado en diciembre (20%).
En ese contexto, la proyección oficial de inflación en el Presupuesto 2021 (29%) es una meta bastante ambiciosa, cuando las consultoras privadas –que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)–, estiman una inflación del 49,8%. El tiempo dirá cuál fue la proyección más certera, pero mientras tanto, el Gobierno apunta todos los cañones a lograr el menor índice de inflación posible.
Medidas y quejas
A tal fin, las autoridades económicas anunciaron un set de medidas que incluye, en primer lugar, la renovación y ampliación del Programa Precios Cuidados: la Secretaria de Comercio Interior autorizó un incremento promedio del 5,6% en su revisión trimestral. Además, el Programa amplió el listado de productos (de 400 a 660), incluyendo nuevos ítems y variedades de primeras marcas sobre categorías ya vigentes. También prorrogó Precios Máximos, que finalizaba el 31 de enero. Esta medida es muy resistida por el establishment económico porque mantiene virtualmente congelados 2.300 categorías desde el 6 de marzo del año pasado (solamente se autorizaron algunos aumentos marginales de entre 2% y 4,5% en julio y del 3% en octubre). Un informe de la consultora MacroView, cercana al mundo empresario, puntualiza que «desde que se decretaron los precios máximos, los alimentos con precios máximos aumentaron menos de la mitad que los alimentos sin precios máximos». La queja corporativa quedó reflejada, además, en un reciente documento de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), donde advierte que, sin reacomodamientos de precios, pueden producirse desabastecimientos de productos de la canasta básica. El Gobierno desoyó esos reclamos, pero dejó afuera del Programa a 600 productos que, en palabras de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, «son marginales y no hacen a la canasta de alimentos». La tercera medida tiene como eje el freno a la suba de la medicina prepaga, cuyas cuotas aumentaron un 60,7% en 2019, luego de 8 incrementos autorizados por la administración macrista. En 2020, el Gobierno solo habilitó una suba del 10% en diciembre y del 7% para febrero de 2021.
Sin embargo, el Ministerio de Salud comunicó el último día del año pasado que «por expresa decisión del Sr. presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud» para febrero. Las entidades representativas del sector expresaron su preocupación por esa medida, pero la respuesta oficial fue que las empresas de medicina prepaga recibieron una cuantiosa ayuda estatal por diversos conceptos en 2020, como el pago de los ATP, la eximición en el pago de las contribuciones patronales y la reducción de la alícuota del impuesto a los débitos y créditos bancarios. En lo referido a los precios del aceite y maíz, la Secretaría de Comercio Interior negocia un acuerdo para garantizar la comercialización interna del aceite a precios accesibles. El mecanismo ideado sería la constitución de un fideicomiso privado administrado por la cámara del sector. En resumidas cuentas, los exportadores aportarían un porcentaje de sus ventas para subsidiar a las empresas que abastecen el mercado interno. El mecanismo es similar al implementado en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A su vez, el Ministerio de Agricultura propuso un mecanismo similar (fideicomiso privado con subsidios cruzados) a los actores de la cadena del maíz nucleados en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). A estas políticas se suman la prórroga del congelamiento de tarifas de servicios públicos hasta fines de marzo, y «Precios Cuidados» para telefonía, internet y televisión por cable, declarados «servicio público» y que habilitó al Gobierno a fijar un aumento de precios para enero muy inferior (5 %) al previsto por las compañías de telecomunicaciones, que pedían 20%.
