El Gobierno apuesta a una activa participación estatal, incluso con la creación de un ministerio, para intentar resolver una problemática de larga data: el déficit habitacional y el acceso a la vivienda. Moratoria impositiva y previsional para pymes.
12 de febrero de 2020
El presidente Alberto Fernández comenzó su gestión reformando la ley de ministerios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el 11 de diciembre del año pasado en el Boletín Oficial. Dicho DNU definió un nuevo esquema organizativo conformado por veinte ministerios producto de la creación de dos nuevas carteras, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y la elevación de rango de las áreas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sostenible. La persona elegida para encabezar el área de Desarrollo Territorial y Hábitat fue la arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa, quien tendrá como principal desafío facilitar el acceso a una vivienda digna.
Las estimaciones disponibles indican que el déficit habitacional actual alcanza los 3,2 millones de hogares. El problema es de larga data, pero se agudizó cuando se aplicaron políticas económicas neoliberales, ya que el repliegue estatal siempre profundiza las brechas habitacionales.
Allá lejos
El Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), creado en 1972, fue una poderosa herramienta de intervención estatal en el mercado hipotecario. El organismo contaba con un abultado presupuesto financiado con una contribución patronal del 5% sobre las remuneraciones. A comienzos de los años 80, el Fonavi llegó a construir el 90% de las superficies totales edificadas en el país. En su trabajo «Descentralización de la política habitacional: consideraciones sobre las reconfiguraciones de las relaciones Estado-mercado en el nivel local a partir de dos estudios de caso», María Carla Rodríguez señala que «esa estrategia se agota a finales de los 80, conforme se imponen las tendencias macroeconómicas aperturistas. Este esquema financiero, sustentado en largos períodos de amortización, muy bajas tasas de interés y ausencia de sistemas de ajuste de capital, generó situaciones de desequilibrio entre los ingresos y las erogaciones».
Con el menemismo, las funciones del Fonavi se transfirieron a las provincias sin el presupuesto correspondiente. Los investigadores Alejandro Banzas y Lorena Fernández en el documento de trabajo para el Cefid-Ar «El financiamiento a la vivienda en Argentina. Historia reciente, situación actual y desafíos» sostienen que «el origen de los recursos y el desempeño del Fonavi estuvo sustancialmente ligado a la coyuntura macroeconómica y los vaivenes de los cambios institucionales de la política nacional. En ese sentido, los recursos destinados al Fonavi pasaron de 1.400 millones en 1990 a 700 millones en 1999. Además, muchas provincias comenzaron a utilizar esos fondos para cubrir baches presupuestarios».
El activismo estatal se retomó en la etapa kirchnerista con los planes oficiales de vivienda, en cuyos años –de acuerdo con datos del Ministerio de Planificación a diciembre de 2015– se construyeron 1.150.083 soluciones habitacionales (incluido el programa de crédito para la vivienda Procrear Bicentenario). Dicha cifra incluyó desde la edificación de nuevas viviendas hasta mejoras, modificaciones o ampliaciones en inmuebles preexistentes. Sin embargo, el acceso al hogar propio continuó siendo un problema irresuelto para millones de familias.
Las economistas Delfina Rossi y Ana Paula Di Giovambattista plantean en «El déficit habitacional en Argentina: análisis a partir del índice compuesto de vivienda precaria (2003-2015)» que «las mejoras que experimentaron los grupos poblacionales históricamente rezagados no resultaron suficientes para paliar un aspecto estructural y determinante de la marginalidad socioeconómica, aun cuando el acceso a los servicios públicos se ha extendido –por caso, avances en las condiciones sanitarias de vivienda– y se ha reducido el grado de hacinamiento en las viviendas, persiste aún la tendencia al encierro territorial de los sectores populares y al autoaislamiento territorial, cuestiones ambas que contribuyen a la configuración de clusters de pobreza».
El macrismo prometió revolucionar el mercado hipotecario. En su plataforma electoral, la alianza Cambiemos sostenía que iba a lanzar un millón de créditos hipotecarios a 30 años con fondos de la Anses, donde la cuota mensual sería parecida a la de un alquiler. «Y lo vamos a lanzar el 10 de diciembre, porque creemos que es urgente y no hay razón para esperar ningún día más», sostenían. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a las promesas de campaña. La cantidad de préstamos hipotecarios, otorgados en los últimos cuatro años, superó levemente los 100.000 y en condiciones no muy favorables. Lo cierto es que el acceso a la vivienda digna continúa siendo un mandato constitucional incumplido.
La experiencia internacional demuestra que este problema es de imposible resolución sin una activa participación estatal. El rol del Estado resulta insustituible en al menos tres planos: construcción de viviendas sociales; fomento a los préstamos hipotecarios; y regulación del mercado de acceso al suelo para minimizar las prácticas especulativas asociadas con la compraventa de tierras urbanas.
