9 de octubre de 2019
Vencimientos. En los próximos 2 años Argentina debe devolver u$s 7.250 millones del stand-by. (AFP/Dachary)
El cronograma original del acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía trece desembolsos por un total de 57.000 millones de dólares. La quinta y (por ahora) última transferencia, de 5.180 millones de dólares, fue efectivizada el 17 de julio de este año. Con ese aporte, el FMI ya giró el 78% del total acordado. El día que ingresaron esos dólares, las reservas del Banco Central treparon a 68.732 millones. A partir de allí, la caída no se detuvo. El retroceso de agosto fue particularmente dramático (-13.799 millones de dólares, el 20,3% del stock) constituyéndose «en la variación mensual negativa más importante desde enero de 2006, cuando las reservas cayeron 8.388 millones de dólares (-29,9% del stock en ese momento) producto de la cancelación del préstamo con el FMI», explica un informe de la Consultora PpQ.
La gravedad de la situación empujó al Gobierno nacional a reinstalar los controles cambiarios que tanto había criticado cuando los hacía la gestión anterior y a defaultear la deuda de corto plazo (Letes, Lecap, Lelink, Lecer). A partir de allí, la concreción del sexto desembolso del FMI, por 5.400 millones de dólares (previsto para mediados de septiembre), fue puesto en duda. El Gobierno descontaba el pago, ya que había cumplido las metas monetarias y fiscales. Como compensación, el Fondo autorizó al país a utilizar los 7.100 millones del crédito hasta fin de año, cuyo destino era apuntalar las reservas.
Los mensajes que llegaban desde Washington no eran tan tranquilizadores. Por caso, la decisión del Banco Central de abandonar el programa de emisión cero de base monetaria fue recibida con frialdad por el FMI. A través de un comunicado, el organismo sostuvo que esperaba «que las reuniones con las autoridades argentinas sean una oportunidad para dialogar sobre este y otros temas».
Por otro lado, se agitaron las discusiones en el Fondo. Los directores de Italia, Suecia y Holanda (que representan a 29 países y el 12,85% de los votos) reclamaron postergar cualquier decisión hasta el recambio presidencial. Ellos no serían los únicos disconformes con el tratamiento preferencial otorgado a la Argentina bajo la presidencia de Christine Lagarde. A su vez, la administración de Donald Trump ya no se muestra tan dispuesta a continuar apoyando a un gobierno que dan por perdido.
En ese contexto, un informe de la consultora Moody’s advirtió que «si el FMI retuviera el próximo desembolso de 5.400 millones de dólares, anticipamos que probablemente se produciría una reacción severa del mercado. Cancelar ese desembolso podría desencadenar una reacción negativa, generar una inestabilidad macro y financiera significativa y comprometer aún más la débil posición crediticia de Argentina».
El Gobierno argentino intentó infructuosamente destrabar el préstamo. El martes 24 de septiembre, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, junto con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunió con las autoridades del FMI en Nueva York. El dato sorpresivo de la jornada fue que el propio presidente Macri se sumó al encuentro. La participación del mandatario argentino hizo que crecieran las especulaciones de que se liberarían los fondos.
El estadounidense David Lipton confirmó que Argentina tendrá que continuar esperando. El entonces director interino sostuvo que el Fondo «trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo». El único anuncio concreto tras la reunión fue que una misión técnica argentina viajaría a Washington, a mediados de este mes para continuar con las negociaciones. Nadie espera que haya ninguna definición hasta después de las elecciones presidenciales. El vocero del FMI (Gerry Rice) adelantó que «será difícil encontrar una solución rápida».
Lo que viene
El exministro Nicolás Dujovne decía, a mediados de 2016, que «la administración anterior nos dejó una bendición: un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo». Ahora ese activo ya no existe. La deuda pública representa alrededor del 100% del PIB. La reestructuración de la deuda será tarea del nuevo gobierno. Del otro lado del mostrador estará la flamante titular del Fondo: la búlgara Kristalina Georgieva. Los trascendidos indican que el organismo ofertaría transformar el stand-by en un acuerdo de «facilidades extendidas». Eso implicaría una extensión de los plazos (se habla de ocho años) para despejar el horizonte de los vencimientos concentrados en 2022 y 2023. La «prueba de amor» que exigiría son las consabidas reformas estructurales (previsional y laboral).
Reunión. Lacunza y Sandleris con Lipton. (NA)
La estrategia del candidato presidencial Alberto Fernández, en el caso de resultar electo, sería negociar sin apuro. El año que viene la Argentina tiene que abonar apenas 1.500 millones de dólares al FMI en concepto de intereses. En 2021, las obligaciones son un poco más importantes: 5.750 millones de dólares (1.500 de intereses y 3.250 millones de capital). Como se dijo, la mayoría de los vencimientos están concentrados en 2022 y 2023.
A grandes rasgos, los tenedores de deuda argentina están divididos entre acreedores privados (43%), intra-sector público (35%) y organismos internacionales (22%).
La negociación más urgente es con los acreedores privados. Los vencimientos de deuda externa privada, emitida bajo legislación extranjera, alcanzarían los 24.000 millones de dólares en 2020 (15.000 millones de dólares capital y 9.000 millones de intereses).
Las tratativas serán complejas si se considera «el grado de atomización de estos y las diferencias entre sus activos: bonos bajo legislación local o internacional, con o sin cláusulas de acción colectiva, etcétera», sostiene un informe de Ecolatina. La consultora agrega que «deberán alinearse varios planetas para que nuestro país pueda honrar sus deudas en tiempo y forma. De lo contrario, una nueva reestructuración será inevitable, esta vez probablemente con quita de capital e intereses».
Según el vicepresidente de Moody’s Investors Service, Gabriel Torres, el «default de Argentina ya está, lo que falta ver ahora es en qué condiciones lo quiere hacer el próximo gobierno. No pagar el dinero acordado en los términos y plazos establecidos es default, ese es el escenario base que tenemos y a lo que algunos también llaman reperfilamiento de la deuda». En esa línea, el director senior de la calificadora de riesgo Fitch (Charles Seville) pronosticó que el país se encamina hacia una nueva reestructuración agresiva de la deuda (con quita de capital).
Por lo pronto, el ministro Lacunza (acompañado por Sandleris) se reunió con banqueros e inversores en su última visita a Nueva York para conversar sobre la «reperfilación» de la deuda. A su vez, los representantes de los principales fondos y bancos de inversión (BlackRock, Pimco, Templeton) visitaron a Alberto Fernández en Buenos Aires.
El candidato Alberto Fernández sugiere, como mínimo, una salida a la «uruguaya». En 2003, el país charrúa «pateó la pelota para adelante» reprogramando los pagos a largo plazo. La zanahoria para los acreedores privados es que este «sinceramiento» revalorizaría la cotización de bonos que se comercializan a precios de default. En efecto, el rendimiento de algunos bonos argentinos está por encima del 20% anual en dólares, cuatro veces más del valor promedio del resto de los países vecinos.
