3 de marzo de 2022
La inflación no cede pese a las políticas públicas que apuntan a contener los aumentos y con el agravante de un contexto internacional desfavorable.
Compras. Según las encuestas, el incremento en el valor de los productos de consumo masivo está al frente de los problemas argentinos.
NA
Los sondeos de opinión revelan que la inflación es una de las principales preocupaciones ciudadanas. Es uno de los pocos tópicos en donde la «grieta» queda diluida. La suba de precios inquieta por igual a oficialistas y opositores. El Gobierno del Frente de Todos heredó una creciente dinámica inflacionaria, signada por la tendencia alcista operada en los últimos dos años de Gobierno macrista (2018: 47,6%; 2019: 53,8%), que reflejó el fracaso de la política de «emisión cero».
En el primer año del mandato de Alberto Fernández, la inflación descendió un escalón (36,1%) ayudada por la recesión pandémica. La fuerte recuperación económica de 2021 fue acompañada por un aumento del Índice de Precios al Consumidor (50,9%). El último relevamiento de expectativas de mercado, publicado por el Banco Central en base a los pronósticos de consultoras privadas, proyecta una inflación del 55% para este año. Por su parte, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, dijo que «2022 no va a ser peor que 2021, por ahí puede ser mejor». Por lo pronto, el comienzo del año fue poco promisorio porque el IPC aumentó un 3,9%. Ese valor promedio fue superado (4,9%) en el rubro de alimentos y bebidas. Los mayores saltos de precios se dieron en los productos (frescos, verduras, frutas) que están fuera del Programa de Precios Cuidados.
El contexto internacional tampoco ayuda. Las presiones inflacionarias se intensificaron a nivel global. En la última reunión del G-20 en Yakarta, los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales advirtieron que «las interrupciones en los canales de suministros, los desajustes entre oferta y demanda y los altos precios de los commodities, incluido el precio de la energía, han contribuido a aumentar las presiones inflacionarias en varios países y presentan un riesgo potencial para la perspectiva económica mundial».
Alimentos en la mira
El rally alcista incluyó al sensible rubro alimentario. La FAO informó que el índice de precios de alimentos llegó a 135,7 puntos, una marca que no se registraba desde 2011. Este índice es una medida de la variación de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios (cereales, aceites vegetales, lácteos, carne, azúcar). El indicador aumentó casi un 20% en el último año.
El banco de inversión Goldman Sachs pronosticó que el mundo está ingresando en un superciclo de las commodities que podría extenderse diez años. «Mirando la década de 2020, creemos que podrían estar en juego fuerzas estructurales similares a las que impulsaron las materias primas en la década de 2000», sostiene Goldman Sachs. De confirmarse ese diagnóstico, la economía argentina podría verse beneficiada por el perfil de su canasta exportadora. El costado negativo del aumento de las cotizaciones internacionales es el impacto inflacionario doméstico. De allí la necesidad de buscar mecanismos que desacoplen la evolución de los precios internos de los internacionales. Los derechos de exportación (conocidos como retenciones) siempre fueron la mejor herramienta para cumplir con ese objetivo. Sin perjuicio de eso, la elevación de las alícuotas vigentes no tiene chances de prosperar en el escenario político actual. Ese estado de situación obliga al diseño de otros instrumentos. Por ejemplo, la implementación de subsidios cruzados (de la exportación al mercado interno) financiados mediante fideicomisos específicos.
Hace un año, el Gobierno nacional acordó con la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) la creación del Fondo Fiduciario Aceitero financiado por los exportadores de soja y girasol. Esos fondos son aplicados a mantener bajo control los precios de los aceites refinados destinados al consumo familiar. Los diferentes actores en juego (exportadores, mercadointernistas, Gobierno) coinciden en que esa iniciativa funcionó bastante bien. En la actualidad, el Gobierno explora la alternativa de implementar un fideicomiso para el maíz y el trigo. La idea sería que los exportadores subsidien el costo de adquisición de la materia prima para los molinos, los productores de carne bovina, porcina y de pollo. En particular, el secretario de Comercio intenta moderar la suba de cuatro productos sensibles para el presupuesto familiar: la bolsa de harina de 25 kilogramos que compran las panaderías, la de un kilo de venta directa al público, el paquete de 500 gramos de fideos secos y el pollo entero refrigerado.
La Mesa de Enlace salió con los tapones de punta a rechazar esa iniciativa. «Creemos que esta propuesta de fideicomiso sería una retención encubierta, una alternativa que quieren imponer desde el Gobierno al aumento de los derechos de exportación que quedó descartado tras la no aprobación del Presupuesto 2022», afirma un comunicado de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
Inquilinos bajo asedio
El costo de renovación de los alquileres es otro motivo de preocupación familiar. Según la nueva Ley de Alquileres, los contratos se actualizan de manera anual con el índice para contratación de locación (ICL). El ICL contempla por partes iguales la variación de la inflación (IPC-INDEC) y de los salarios según la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Eso implicó un aumento, en el último año, cercano al 52%. Lo cierto es que los resultados de la nueva ley, que rige desde julio de 2020, no conformaron ni a propietarios ni a inquilinos. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que buscarán introducir modificaciones al texto legal. Sin perjuicio de eso, la Federación de Inquilinos reclama por una mayor registración de los contratos ante la AFIP. Según sus datos, solo hay registrados 170.000 contratos de los 3 millones celebrados el año pasado.
En ese marco, la Secretaría de Comercio convocó a una mesa de discusión a representantes de cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos. En esa reunión, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) propuso contratos más cortos, beneficios tributarios para incentivar una mayor oferta de viviendas en el mercado locativo y aplicación de índices de actualización alternativos cada seis meses. Por su parte, los representantes de los inquilinos propusieron un impuesto a la vivienda ociosa. Esta iniciativa, implementada en varios países del mundo, pretende desalentar el uso de las viviendas como reserva especulativa de valor.
