Con una fuerte retracción de los niveles exportables, el sector apunta a sostener el acotado mercado interno. Sin embargo, los tarifazos, la devaluación de la moneda y la apertura comercial tornan imposible mantener la producción. Cierre de plantas.
12 de septiembre de 2018
(Gerónimo Molina/SUB.COOP)
El gigante alimentario brasileño BRF confirmó en julio pasado el despido de 200 de los 500 trabajadores de su frigorífico avícola Avex, radicado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, que faenaba alrededor de 32.000 aves por día. El grupo es dueño de las tradicionales alimentarias Paty, Vieníssima, Wilson, Hamond, Tres Cruces y Goodmark, a través de Quickfood, cuya planta de la localidad de Baradero despidió el verano pasado a 180 trabajadores y se encuadró en el Procedimiento Preventivo de Crisis. Por su parte, a fines de agosto, presentó quiebra la empresa Criave, de la ciudad bonaerense de Roque Pérez, y dejó a 500 trabajadores directos y 2.500 indirectos sin empleo. Hace 10 años su producción anual llegaba a 43.800 toneladas de pollos que exportaba a Hong Kong y Rusia, y en su planta de Roque Pérez faenaba 70.000 aves por día. Los propietarios de Criave, la familia Perea, sostuvieron que no pudieron hacer frente ni a la importación de pollos de Brasil, ni al alza de tarifas ni al alto costo de alimentos para las aves. La política económica de los últimos dos años mantiene al sector alimentario contra las cuerdas. En el caso de la industria avícola, se suma al ajuste del mercado interno, la suba de costos, la informalidad y falta de competitividad, que se evidencia en la caída de las exportaciones desde 2013 hasta la actualidad.
La mayor preocupación del productor avícola es el costo de las materias primas, maíz y soja, sumado a la devaluación del peso. Según explica Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), en febrero los productores enfrentaban un costo de maíz de alrededor de 3.200 pesos la tonelada, mientras que en agosto llegó a 4.500, mientras que la soja pasó de 5.800 a 7.700 pesos los mil kilos. Más delicada aún es la situación para los pequeños productores, quienes ni siquiera llegan a acceder a esos valores oficiales. «Están pasando cosas graves en Argentina. Es difícil conseguir alguien que venda granos en blanco. En nuestro sector la competencia es desleal, más del 50% de la producción es informal, y los que tratamos de hacer las cosas bien, somos los más controlados», denunció Prida.
Menos consumo
De la producción total de huevos (16.650 millones de unidades), el 3%, es decir, 500 millones, se envían al exterior, y el producto que más se exporta es el huevo procesado. La caída de las exportaciones no logra ser compensada por un consumo interno que se mantiene a costa de resignación de precios por parte de los productores. No obstante, los precios mayoristas ajustaron al alza. Según cifras de CAPIA, la caja de 30 docenas de huevos había comenzado el año a 500 pesos en granja y llegó hasta 720 pesos, un incremento en lo que va de 2018 de 44%. En marzo-abril, ante la escasez como consecuencia de la muerte de miles de gallinas por la ola de calor veraniega, la caja de 30 docenas llegó a 850 pesos. Sobre la base de los actuales costos del sector, los productores estiman que el precio debería ser de 960 pesos, lo que representaría un 33% de incremento adicional respecto de los valores actuales.
Por otra parte, en los hipermercados, el precio de la docena de huevos al público llega a 73,75 pesos. Según develó Prida, «por cada docena, los supermercados pagan 23 pesos por los huevos, 9 del envase y 4 de la logística: o sea, 36 pesos en la puerta del súper. Así, con una ganancia razonable para un producto masivo como este, creemos que deberían estar ofreciendo la docena a 46 como máximo. Además, ellos los venden enseguida y a nosotros nos pagan a 90 días». Desde el sector supermercadista argumentan que el producto aumentó más que la inflación por cuestiones climáticas y que ellos están absorbiendo parte de ese ajuste con menor margen de ganancia. Pero esto no sucedió en la mayoría de los casos, donde los incrementos se mantuvieron tras el cimbronazo de abril-junio.
