29 de enero de 2020
Además de padecer la pobreza o peor aún, la indigencia, aquellos sectores de la sociedad que se encuentran privados de un ingreso digno, sufrieron también la decadencia en la calidad de los servicios públicos durante los últimos años. En materia laboral, no solo se registró una pérdida neta de puestos de trabajo, sino que hubo una mutación hacia empleos de baja calidad e informales, con escasa o nula protección social. Entre noviembre 2015 y diciembre 2019, se perdieron casi 220.000 puestos de trabajo del sector privado asalariado. Al mismo tiempo, los fuertes incrementos en las cuotas de medicina prepaga llevaron a muchas familias a abandonar este servicio. Así las cosas, una gran cantidad de personas se sumó al servicio público de salud, el que a su vez no fue ajeno a los ajustes imperantes en esa gestión.
Un caso paradigmático fue la decisión de discontinuar la financiación al programa «Remediar» por parte de la gestión de Gobierno anterior. Una iniciativa que garantiza el acceso gratuito a medicamentos a aquellos ciudadanos que no tienen cobertura social privada, cerca de 15 millones de personas. Bajo el pretexto de la imperiosa «necesidad» de ajustar el gasto público, se lo dejó librado a la capacidad presupuestaria de las provincias y municipios. En los hechos: desapareció. En la primera ley presentada por el actual Gobierno, se restablece «el objetivo de universalizar el acceso a los medicamentos esenciales» y por lo tanto, se pone nuevamente en vigencia el Remediar. Dada la situación de emergencia sanitaria y el escaso presupuesto con el que cuenta el sector de la salud luego de los sucesivos recortes de la administración anterior, este programa es considerado prioritario por las autoridades. Un buen comienzo en un largo camino que involucra distintos frentes de emergencia que no pueden esperar.
