11 de septiembre de 2019
La moratoria previsional iniciada en 2007 permitió que más de 3 millones de personas con aportes incompletos obtuvieran una jubilación. El impacto de la reforma fue superior entre las mujeres, considerando que tras décadas de menor inserción laboral y mayor informalidad presentaban un acceso limitado a la cobertura. De esta manera, en solo dos años de funcionamiento, se elevó de 57% (2005) a 92% (2009) el porcentaje de mujeres mayores con protección jubilatoria. Alcance que se ha incrementado en años posteriores, ubicándose entre los más extendidos de América Latina. No obstante, lo que a simple vista parece solo una política de ingresos derivó en algo más que un aumento del consumo. Recientemente, un reconocido centro de estudios sociales (CEDLAS) utilizó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) para proponer dos efectos adicionales de esta medida. Por un lado, entre las mujeres jubiladas con título secundario y/o terciario, se incrementó del 16% al 22% la proporción de divorciadas o separadas. Los investigadores explican que, al contar con un ingreso estable (jubilación) un número significativo de parejas que quería separarse y no podía por falta de recursos, ha logrado hacerlo. En segundo orden, entre la población femenina sin educación secundaria completa, los cambios más notorios se observaron en el reparto de las tareas domésticas. En estos hogares han disminuido perceptiblemente los casos donde solo la mujer se ocupa de dichas responsabilidades, asociando la existencia de un ingreso monetario a su nombre con un reparto más equitativo del trabajo doméstico. Los resultados mencionados dan idea de las múltiples dimensiones en las que una política pública puede compensar inequidades previas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
