Tres meses después de la firma del primer acuerdo con el organismo multilateral de crédito, el gobierno pidió el segundo, donde al programa financiero se le suma ahora uno monetario. Megaajuste en marcha y costos sociales del modelo económico.
10 de octubre de 2018
A la par. Lagarde y Dujovne anuncian desde Washington metas económicas para Argentina. (NA)
La realidad argentina es muy vertiginosa. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en junio pasado, ya fue reformulado debido a dos razones principales: en primer lugar, la mayoría de las metas prometidas (por ejemplo, inflación del 29% al 32% e incremento de las reservas netas) fueron incumplidas. Y en segundo lugar, el gobierno solicitó adelantar los desembolsos previstos para 2020 y 2021 para calmar el frente financiero. Los términos del nuevo convenio (que aún requiere la aprobación formal del Directorio Ejecutivo del Fondo) fueron anunciados por la dupla Christine Lagarde-Nicolás Dujovne, desde el consulado argentino en Nueva York. En Argentina, la jornada previa al anuncio había sido intensa, ya que el gobierno tuvo que desprenderse del «Messi de las finanzas» –Luis Caputo– mientras la CGT concretaba su cuarto paro general en la era Macri.
La salida de Caputo del Banco Central (BCRA) fue una ofrenda más al FMI, plasmada en un reportaje del Financial Times a Lagarde, donde la titular del Fondo había reclamado una «regla monetaria clara y bien comunicada». En concreto, la directora gerente del FMI estaba disgustada por las intervenciones del BCRA en el mercado cambiario. Aunque el nuevo presidente de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, es el tercer funcionario que ocupa ese cargo en apenas tres meses y medio, como es previsible, el oficialismo minimizó el recambio afirmando que estaba acordado y programado.
Los medios financieros internacionales tuvieron otra mirada. En su portada, el Financial Times tituló: «La crisis argentina se profundiza con la salida del jefe del Banco Central tras solo tres meses en el puesto», mientras que para la revista Forbes, Caputo saltó a tiempo del Titanic.
En menos de tres años de gobierno, el listado de funcionarios de áreas económicas eyectados/renunciados es cuantiosa: Alfonso Prat Gay, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Juan José Aranguren, Francisco Cabrera, Carlos Melconian y Alberto Abad, entre otros. En ese marco, el discurso del «mejor equipo de los últimos 50 años» ya resulta poco creíble, y anoticiado de esto, el presidente ahora confiesa que «este es un equipo que no es perfecto, pero tenemos buenas intenciones».
No tan distinto
El ministro de Hacienda sostuvo, a fines de mayo, que este era «un FMI muy distinto al que conocimos hace 20 años. El Fondo ha aprendido de las lecciones del pasado». Lo cierto es que las recetas continúan siendo las mismas, mientras que las nuevas cláusulas son aún más duras que las originales. Los puntos salientes del acuerdo son:
1) Adelanto de los desembolsos previstos para 2020 y 2021 (ver cuadro), mientras que el monto total del crédito stand by se amplía a 57.100 millones de dólares
2) Ratificación del «déficit fiscal primario cero» para 2019. Esto implica fuertes recortes en subsidios, obra pública, aportes financieros a empresas públicas, transferencias a las provincias, disminución del presupuesto educativo, entre otras cuestiones. Sin dudas, el ajuste fiscal será destructivo para la economía interna. El exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, sostiene que «ninguna política es tan contraproducente en épocas de recesión como tratar de obtener superávit fiscal con el objetivo de contener la deuda pública, es decir, las políticas de austeridad. Cuando en respuesta a la caída de la recaudación tributaria un gobierno recorta el gasto público, deprime sin darse cuenta el producto nacional (que es la suma del gasto privado y público) e inevitablemente sus propios ingresos».
3) Reducción a cero de la emisión monetaria hasta junio de 2019. La base monetaria (circulante más depósitos de los bancos en el BCRA) se mantendría en torno de los 1,2 billones de pesos. El «torniquete» monetario será apuntalado con tasas de interés incompatibles con la actividad productiva. El último comunicado del BCRA expresa que «se compromete a no permitir que la tasa de política diaria se ubique por debajo del 60% anual hasta diciembre de 2018, respetando lo asumido bajo el esquema monetario previo». La apuesta oficial es que la caída de la demanda disminuya el ritmo inflacionario. ¿Esa estrategia puede arrojar resultados positivos? El economista Andrés Asiain es bastante escéptico al respecto. «La idea de controlar la inflación por la vía de congelar los agregados monetarios no parece demasiado feliz», sostiene Asiain. «La suba de los precios de los últimos años tiene componentes inerciales que no cederán ante una restricción monetaria. Mucho menos cuando el actual programa económico garantiza seguir fogoneando impulsos inflacionarios por la vía de bruscos aumentos de tarifas y una devaluación de, por lo menos, el 3% mensual de acá a fin de año». Lo cierto es que la escasez de pesos se va a sentir en la calle, y si bien la moderación de los incrementos de precios es una hipótesis posible, aun en ese escenario «optimista», la reducción de la inflación coexistiría con fuertes caídas del consumo, de la actividad y mayor desempleo. En otras palabras, los costos sociales serán inmensos y se asemejan a la paz de los cementerios.
4) Definición de una «banda de no intervención» en el mercado cambiario. El BCRA no intervendrá mientras la cotización del dólar mayorista fluctúe entre 34 y 44 pesos, y los valores de esa «banda» serán actualizados al 3% mensual, y su cota superior llegará a ubicarse en 48 pesos a fin de año. A su vez, el BCRA podría vender hasta 150 millones de dólares diarios cuando se supere ese techo. La estrategia despierta dudas porque esa capacidad de intervención es muy limitada ante una corrida cambiaria. Para el economista Arnaldo Bocco, «un solo banco puede demandar ese monto en una tarde». Por ejemplo, el BCRA vendió 3.706 millones de dólares en los últimos tres días hábiles de abril. Esta «banda de no intervención» intenta disminuir el riesgo cambiario a los «inversores» internacionales (capitales especulativos), mientras que la apuesta oficial es frenar la salida de divisas reiniciando el carry trade (inversiones financieras en pesos a tasas altísimas), mejor conocido por los argentinos como bicicleta financiera.
