25 de septiembre de 2014
La multinacional intenta imponer una modalidad de negocios que perjudica a pequeños productores y semilleros. Denuncia de entidades agropecuarias por abuso de posición dominante.
La multinacional Monsanto ejerce una posición dominante en determinados rubros de negocios ligados con la producción agrícola. La compañía es líder indiscutida, a escala mundial, en la comercialización de semillas. Las ventas totales derivadas de esas actividades crecieron desde los 3.252 millones de dólares en 2005 a los 14.860 millones de dólares en 2013. El ámbito de actuación de Monsanto está estrechamente ligado con el modelo sojero difundido en la Argentina. En 1991, la firma desarrolló una variedad de semilla de soja genéticamente modificada resistente a herbicidas basados en el glifosato. La semilla transgénica comenzó a comercializarse, un par de años más tarde, en Estados Unidos, Canadá y la Argentina bajo la marca Roundup. A su vez, el herbicida fue comercializado con la denominación Roundup Ready. La penetración de ese paquete tecnológico en el área rural argentina fue arrolladora. La superficie cultivada de soja transgénica creció de 10.000 (campaña 1996/97) a 18.670.937 hectáreas (campaña 2011/2012). Además, el porcentaje de soja transgénica sembrada (respecto al total de soja) aumentó del 0,15% al 100%.
En el mercado argentino, la estrategia comercial de la compañía fue distribuir licencias de comercialización a compañías semilleras a cambio del pago de regalías. Los problemas comenzaron cuando la caída de las ventas de semillas fiscalizadas determinó un descenso de los montos cobrados por Monsanto. La explicación de esa aparente paradoja (cultivos en expansión, regalías en descenso) fue producto de dos factores concurrentes: por un lado, los productores comenzaron a reproducir la semilla para uso propio. La utilización como semilla de una porción de los granos cosechados es una práctica permitida por la Ley de Semillas 20.247. Esa norma establece en su artículo 27 que «no lesiona el derecho de propiedad (…) quien reserva y siembra semilla para su propio uso». Por otro, una parte de la producción era desviada a la comercialización de semillas «en negro». Lo cierto es que la falta de patentamiento del gen Roundup Ready (RR) en la Argentina obstaculizaba las posibilidades de que la compañía iniciara reclamos judiciales tendientes al cobro de regalías. Por lo tanto, Monsanto optó por intentar la incautación de cargamentos de harina de soja provenientes de la Argentina en puertos europeos. La multinacional alegaba, en los tribunales europeos, que el producto incautado había utilizado como materia prima a las semillas RR. La apuesta de máxima de Monsanto era obtener un fallo favorable sustentado en la patente europea que protegía a la semilla transgénica desde 1996. La estrategia corporativa fue explicada por el investigador Carlos Correa en un artículo publicado en Le Monde Diplomatique. Correa desnudó el ilógico planteo de Monsanto trazando la siguiente analogía: «Supongamos que en el país A se produce tomate tratado con un pesticida que no está patentado allí. El tomate se exporta a un país B, donde sí existe patente sobre el pesticida. Naturalmente, si se examinara el tomate, se hallarían moléculas del pesticida. ¿Podría el titular de la patente impedir su importación por este motivo? Sería, obviamente, un absurdo. Una respuesta afirmativa daría un poder ilimitado a los titulares de patentes para restringir el comercio, no ya de sus propios productos, sino de todo aquello que se derive de ellos o lo contenga de alguna forma, aun residual».
La ofensiva judicial de Monsanto fue notoriamente respaldada por la Embajada estadounidense. Los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, difundidos en nuestro país por el periodista Santiago O’Donnell, revelaron las intensas presiones que recibieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El ríspido diálogo sostenido entre delegados estadounidenses y el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, está minuciosamente detallado en uno de ellos. El documento diplomático relata que «la reunión terminó con una discusión sobre la disputa con Monsanto por las regalías por las semillas de soja modificadas genéticamente… Chiaradía cuestionó la intención verdadera detrás de los esfuerzos de Monsanto por cobrar regalías… Dijo que el Gobierno estaba listo para negociar tanto las regalías como la segunda generación de semillas. Pero agregó que no lo haría con una pistola apuntándole, en referencia a las acciones legales que tomó Monsanto en Europa en contra de los cargamentos de soja argentina».
Finalmente, el Tribunal de Justicia europeo desestimó la presentación de Monsanto. Los jueces dictaminaron que la secuencia de ADN patentada no cumplía con su función original en la harina de soja. La sentencia estableció que la patente no regía porque se trataba de «material muerto».
Reglas de juego
El revés judicial obligó a la compañía a reformular su estrategia. Ahora, la ofensiva corporativa está focalizada en la difusión de un modelo de negocios apuntalado en el uso de una nueva semilla. Según la empresa, la tecnología INTACTA RR2 PRO posibilita una mejora del rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo. Los únicos autorizados para vender esta semilla son dos sociedades comerciales (Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A.) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Esas comercializadoras de semillas deberán exigirles a sus clientes la firma de un contrato de adhesión cuya vigencia se extiende hasta noviembre de 2028. El nuevo esquema de negocios puede resumirse de la siguiente manera:
1) La comercialización de la nueva semilla únicamente podrá ser realizada por los operadores autorizados. La siembra quedará restringida a un determinado ámbito geográfico (provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis). La cosecha solamente será vendida a los exportadores y/o acopiadores autorizados.
2) El productor deberá abonar la regalía al momento de la compra de la bolsa de semilla certificada (entre 3 y 4 dólares), de la declaración y siembra de la semilla para uso propio o de la entrega de los granos al acopiador o exportador autorizado. El productor también deberá identificar los lotes sembrados, debiendo permitir el ingreso a los campos del personal fiscalizador de Monsanto (o de quienes la empresa designe para la realización de las inspecciones). Por último, el productor renuncia al derecho de uso propio contemplado por la Ley de Semillas. Eso implica que deberá pagar el canon correspondiente ante una siembra realizada con semillas reservadas de la cosecha anterior.
Los potenciales perjudicados por este modelo de negocios serían los productores (se incrementan los costos del insumo básico, falta de libertad para decidir a quién vender la producción, anulación del derecho al uso propio) y las compañías semilleras (que ven afectada la libre disponibilidad de la semilla para multiplicarla). El esquema impulsado por Monsanto fue denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA). Estas organizaciones acusaron a la compañía estadounidense de abuso de posición dominante: «Resulta evidente que Monsanto, mediante acuerdos con empresas semilleras que dicha firma selecciona, busca reforzar una posición de dominio que dicha empresa ocupa en el mercado nacional seleccionando actores en cada eslabón de la cadena… y desplazando al resto de los competidores». Además, la presentación solicita a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el dictado de medidas cautelares hasta la implementación de la resolución definitiva debido a «la necesidad de evitar que las conductas de la empresa Monsanto que sean restrictivas de la competencia, generen perjuicios y distorsiones que impacten negativamente en todos los actores de la cadena productiva, alterando la normal producción y comercialización de un producto de importancia para la economía nacional».
La denuncia contra Monsanto fue respaldada por científicos, productores agrarios, campesinos, cooperativas, organizaciones de profesionales, trabajadores, empresarios y estudiantes universitarios reunidos en la ciudad de Paraná en el Quinto Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. La declaración final de ese encuentro denunció que «los sistemas contractuales que se imponen a productores, acopiadores, procesadores y exportadores en esta cadena de contratos sustituye la soberanía estatal sobre las políticas públicas en materia agrícola y alimenticia por la imposición soberana y autoritaria de las políticas públicas alimentarias por parte de las corporaciones transnacionales».
—Diego Rubinzal