La producción de arroz nacional pasa por uno de sus peores años desde 2001. La baja en los derechos de exportación no alcanza ante un mercado interno paralizado y un alza en los costos de servicios públicos y combustible que se devoran la rentabilidad.
7 de agosto de 2019
Concentración. De un universo de 450 productores, el 86% siembra menos de 1.000 hectáreas. (Gustavo Graf/Archivolatino)
En una de sus últimas jugadas económicas con fines electorales, el Gobierno dispuso la reducción de un peso –de cuatro a tres– en la retención fija que aplicó el año pasado para una canasta de productos regionales. La lista de posiciones arancelarias alcanzadas incluye frutas frescas de pepita, cítricas y de carozo, cerezas, uvas, ciruelas desecadas, hortalizas –como ajos, cebollas, calabazas–, maníes, arándanos, nueces pecán, legumbres, pistachos y miel. Entre otros, se encuentra también el arroz, una actividad duramente castigada por el incremento en los costos –principalmente combustibles y tarifas eléctricas– y la presión tributaria. El tiro del final se corporizó en la aplicación de derechos de exportación.
En los últimos años, buena parte de los arroceros del Litoral salieron definitivamente del mercado, que redundó en un recorte interanual de hasta un 5% en superficie cultivada y en rendimientos por falta de inversión, lo que representa la tercera peor merma desde el ciclo 2000-2001. Para el complejo arrocero, existe un combo que afecta a los productores: la vuelta de las retenciones, la eliminación de reintegros a la exportación, dependencia de mercados regionales, los altos costos logísticos y operativos y la excesiva carga impositiva; lo que se traduce en una reducción en el área para cultivar. Según cifras de la Cámara de Industriales Arroceros de Argentina y de la Federación de Cooperativas Arroceras de la Argentina, producir actualmente una hectárea de arroz requiere del equivalente a 7.800 kilos de producción, mientras que la media productiva alcanza a 7.400 kilos, lo que implica que se cultiva a pérdida. Por su parte, la falta de un adecuado aporte tecnológico para el desarrollo del cultivo también se traduce en los rindes obtenidos: los especialistas constatan una caída del 5% en los rendimientos por hectárea, es decir, un recorte de 380 kilos interanual. Hasta diciembre de 2015, el arroz blanco pagaba un 5% de retenciones y el arroz con cáscara para exportación, un 10%. Con el pago de 4 pesos por dólar exportado, la retención se ubicó entre el 14% y hasta el 20% en ambos casos; sin embargo, pese a la rebaja de un peso de los derechos, se mantendrá por encima de los niveles de cuatro años atrás.
Capacidad ociosa
«El sector arrocero atraviesa una de las peores crisis. Si bien hay una capacidad instalada para elaborar 2,3 millones de toneladas de arroz, se estima que este año la producción será apenas superior a un millón, hecho que provocará un 20% de caída en la superficie sembrada, con el consiguiente impacto en la mano de obra empleada», denunciaron a mediados de año la Cámara y la Federación a través de un comunicado. Esto implica una capacidad instalada ociosa del 57%. El arroz es uno de los cultivos extensivos que más trabajadores demanda –en campo, molinos e industria–, con un gran agregado de valor en origen, a diferencia de otros granos. Las pocas probabilidades de que ingresen nuevos actores a la actividad permiten suponer una superficie cultivada estable en el mediano y corto plazo. En la actualidad, según datos de la Fundación ProArroz, están en actividad 450 productores, el 86% de los cuales siembra menos de 1.000 hectáreas, mientras que el 14% restante genera más de la mitad de la producción total. A la vez, esos productores más grandes están integrados verticalmente con los molinos arroceros requeridos para procesar su producción y la de los pequeños productores a quienes compran el arroz cáscara para acondicionar y exportar, o bien, para transformarlo en arroz integral o arroz blanco, según los casos, además de obtener los subproductos, como el afrecho de arroz y el arroz partido. El mercado externo es el principal destino de este producto, debido al bajo consumo per cápita en el país. El consumo anual aparente en el país es de alrededor de 6 kilos per cápita –900.000 toneladas anuales a nivel país–, muy lejos del promedio mundial que roza los 55 kilos.
