Con la firma del preacuerdo entre el bloque latinoamericano y su par europeo, el Gobierno festejó junto con sectores vinculados a actividades primario-extractivas, mientras que organizaciones empresariales y sindicales expresaron su preocupación.
12 de julio de 2019
El anuncio del preacuerdo comercial Mercosur-Unión Europea (UE) generó distintas reacciones. Por un lado, el Gobierno argentino festejó este «acontecimiento histórico» que «nos inserta en el mundo». Por el otro, sectores políticos, empresariales y sindicales denunciaron sus implicancias negativas.
Las negociaciones comerciales entre ambos bloques comenzaron en 1995. Los vaivenes de las reuniones estuvieron relacionados con el entramado de intereses subyacentes a cada posición. Mientras que el Mercosur planteaba liberalizar el mercado agropecuario europeo, la UE presionaba por la supresión de trabas al ingreso de sus bienes industriales.
Los escasos avances registrados en los últimos años tuvieron que ver con dos cuestiones centrales: En primer lugar, los Gobiernos encabezados por Cristina Fernández y Dilma Rousseff pujaban por un convenio equilibrado que respetara las asimetrías económicas entre ambos bloques y luego, la negativa de varios países europeos (encabezados por Francia, Irlanda y Polonia) a otorgar beneficios en materia alimentaria. Mientras que el triunfo electoral de dos mandatarios librecambistas como Mauricio Macri y Jair Bolsonaro abrió otro escenario.
Si bien la letra chica del preacuerdo todavía se desconoce, en un documento oficial la UE precisó que «el Mercosur va a remover restricciones arancelarias completamente en el 91% de sus importaciones desde la Unión Europea en una transición de 10 años para la mayoría de los productos. Por su parte, la UE se compromete a liberar el 92% de sus importaciones desde el Mercosur en un período de transición de 10 años».
A su vez, la información disponible revela que el Mercosur habría cedido a los reclamos europeos referidos a un amplio abanico de temas, entre ellos: igualdad de trato con empresas nacionales en las compras gubernamentales, libre transitabilidad de buques navieros, flexibilidad de las reglas de origen, exigencias en materia de derechos de propiedad intelectual –como la extensión de la duración de patentes de remedios y agroquímicos–, exclusividad en el uso de nombres asociados a indicaciones geográficas europeas para 355 productos –esto implica la prohibición de comercializar productos con denominaciones como parmesano, roquefort, mozzarella o reggianito, etcétera–, entre otras cuestiones.
Esas concesiones sudamericanas habrían vencido las resistencias de los países europeos más beligerantes. Sin embargo, la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, aclaró que «por el momento, Francia no está lista para ratificar el tratado». Así, la funcionaria intentó aplacar las quejas de agricultores y militantes ecologistas que rechazan el ingreso de alimentos producidos con químicos prohibidos en Francia, como, por ejemplo, el glifosato.
Las noticias disruptivas que llegan desde tierras francesas son apenas una muestra de que este partido recién comenzó. El discurso triunfalista del Gobierno argentino es una pieza de marketing político porque invisibiliza dos ítems centrales: en primer lugar, que el camino a transitar para ratificar el tratado es muy arduo; acto seguido, las consecuencias negativas para vastas porciones del entramado industrial local.
Con respecto al primer punto, el preacuerdo recién estaría operativo luego de cumplir múltiples pasos previos, como la revisión de los textos con su correspondiente traducción a los 23 idiomas legales de la UE (proceso que lleva entre 6 y 12 meses), la firma de los presidentes o cancilleres de las naciones involucradas, la aprobación parlamentaria en los 4 países del Mercosur, el Parlamento Europeo y los 28 de la UE. Una vez cumplidos todos estos requisitos habría rebajas y/o supresiones de aranceles (en algunos casos graduales) y cuotas progresivas para determinados bienes y servicios, como por ejemplo, vinos, arroz, carne.
Euforia oficial
El secretario de Agricultura, Luis Etchevehere, fue uno de los integrantes de la comitiva argentina participantes de la última ronda ministerial realizada en Bruselas. Allí, el canciller Jorge Faurie, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el mismo Etchevehere anunciaron este preacuerdo de asociación estratégica.
El expresidente de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que «la integración inteligente en el mundo es el camino. Se abre un futuro de oportunidades para la agroindustria argentina. Orgulloso de ser parte del equipo que lidera Mauricio Macri».
La euforia oficial es coherente con el impulso a una inserción económica internacional basada en las «ventajas comparativas», ya que el Gobierno defiende una estrategia de especialización productiva centrada en actividades primario-extractivas, como la agroganadería, la minería y la energía.
Un informe de la consultora Abeceb sostiene que «los sectores que más chances tienen de aprovechar el acuerdo son aquellos en los que Argentina se muestra competitiva actualmente, como pesca y carne bovina, frutas, miel y algunas variedades de vino». En esa línea, el agronegocio también sería uno de los potenciales ganadores del acuerdo tal como lo revelan las entusiastas declaraciones del empresario Gustavo Grobocopatel. El titular del grupo Los Grobo destacó los beneficios de la apertura comercial y la competencia. El «rey de la soja» también expresó su anhelo de «tratar de ser cada vez más Europa».
Sin perjuicio de esto, las concesiones de la UE para con el Mercosur serían bastante «amarretas» en múltiples ítems. Por ejemplo, los cuatro socios del Mercado Común pretendían la asignación de un cupo de 300.000 toneladas de carne vacuna (apenas el 3% del mercado cárnico europeo). La oferta fue muy inferior: 99.000 toneladas.
Asimetrías
La Unión Industrial Argentina (UIA) reaccionó con prudencia ante el anuncio. El titular de la central fabril se manifestó a favor pero sostuvo que «el país tiene que acompañar con una política de otro tipo para poder competir. No podemos seguir con estas tasas. Necesitamos tasas más bajas, impuestos más bajos y una inflación menor». «Primero hay que ver cómo se mejora el clima de inversión y luego cómo nos insertamos», agregó Miguel Acevedo. El vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, fue mucho más duro: «la UIA no fue parte del proceso de negociación… los primeros datos del acuerdo no son alentadores para nada. Hay una asimetría muy grande en la competencia».
Lo cierto es que campea un clima de preocupación en los industriales locales. El informe de la consultora Abeceb plantea que los sectores productivos que afrontarían los mayores retos serían aquellos «relacionados a la metalmecánica, como ser la industria automotriz, los autopartistas, las empresas productoras de bienes de capital y los productos metálicos». En ese sentido, la comunicación oficial de la UE resalta que «el Mercosur removerá aranceles en sectores ofensivos clave como autopartes, maquinarias, químicos y medicamentos. Para cada uno de esos sectores, la liberalización abarca más del 90% de las exportaciones de la UE». Mientras que el acuerdo también prohíbe la utilización de herramientas clave de administración comercial como, por ejemplo, las licencias no automáticas de importación.
