Ante la situación económica, el nuevo Gobierno apuesta a una reactivación impulsada por el consumo popular mejorando los ingresos de los sectores más vulnerables, con control de precios y beneficios a las pymes para encarrilar así la puja distributiva.
15 de enero de 2020
El PIB per cápita retrocedió un 9% durante la presidencia de Mauricio Macri, mientras que la actividad económica acumula catorce meses en caída libre. A su vez, las ventas minoristas cayeron en 45 de los últimos 48 meses. Frente a este panorama, el objetivo de cortísimo plazo del nuevo Gobierno es frenar ese retroceso, apostando a una reactivación económica impulsada por el consumo popular. La idea central es mejorar el ingreso disponible de los sectores más vulnerables por diversas vías: tarjeta alimentaria (4.000 o 6.000 pesos dependiendo de la cantidad de hijos), bono a jubilados/pensionados y beneficiarios de la AUH (10.000 y 2.000, respectivamente) y reintegro del IVA (hasta 700 mensuales) en la compra de productos de la canasta alimentaria para jubilados (de la mínima) y beneficiarios de la Asignación Universal.
El aumento salarial por decreto dispuesto para trabajadores públicos (con salarios de hasta 60.000 pesos) y privados forma parte de esa misma estrategia. El incremento otorgado de 4.000 pesos (3.000 en enero y 1.000 en febrero) opera como un «piso» a cuenta de las paritarias 2020.
La mayoría de las entidades empresarias señalaron que el aumento era «razonable» pero reclamaron financiamiento para pagarlo. En ese rumbo, el equipo económico coincide en que hay que darles un desahogo financiero a las pymes, y los instrumentos utilizados serán la moratoria impositiva sancionada en la Ley de Emergencia e implementada a través de la AFIP, y la reducción del costo del financiamiento. En ese sentido, la tasa de referencia del Banco Central ya se redujo del 63% al 52%. Cabe recordar que el rendimiento de las Leliq había alcanzado un pico del 86% anual el 12 de septiembre de 2019.
El Gobierno previó dos herramientas adicionales para facilitar el pago del aumento salarial: en primer lugar, las pymes no abonarán (por tres meses) las contribuciones patronales sobre ese monto y, además, dispuso el lanzamiento de líneas de crédito más accesibles. El Banco Central informó, incluso, que flexibilizará los encajes a los bancos que financien a pymes con una tasa del 40% anual. «Es para que las empresas puedan hacer frente a sus necesidades de inversión y capital de trabajo», explicó un comunicado emitido por la autoridad monetaria. La política de ingresos implementada (bonos a jubilados y beneficiarios de las asignaciones familiares, tarjeta de alimentos, aumento por decreto para trabajadores registrados públicos y privados) inyectará alrededor de 102.000 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Además, el Gobierno nacional apeló a un conjunto de medidas adicionales para frenar la caída del ingreso disponible y/o incentivar el consumo de la población: extensión del programa Ahora 12 hasta marzo; prórroga por un mes del congelamiento de la cuota UVA para deudores hipotecarios (quienes continuarán abonando idéntico monto que en agosto 2019, a la vez, la diferencia será cubierta con un subsidio estatal mientras se constituye una comisión encargada de estudiar esta problemática); congelamiento de las tarifas de los servicios públicos (gas, electricidad) por seis meses y de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires por 120 días; suspensión del incremento en los combustibles que tenía previsto aplicar YPF, y un freno a los aumentos de peajes previstos en las autopistas de la nación y provincia de Buenos Aires.
Inflación
El Gobierno enfrenta un desafío adicional en el marco de la emergencia económica y social: el aumento de precios no debe licuar los mayores ingresos populares (bono, aumentos salariales, tarjeta alimentaria). Como se sabe, 2019 terminó con la inflación más elevada en los últimos 28 años.
La estrategia oficial es intervenir en la definición de los principales precios relativos de la economía (tarifas, tipo de cambio, salarios) para reducir la inercia inflacionaria. El objetivo es coordinar las expectativas para moderar las subas nominales. El presidente envió mensajes a todos los sectores. Les sugirió a los sindicatos «que tengan en cuenta la situación y no hagan pedidos desmedidos porque eso repercute en el resultado de la economía», y a los empresarios que «no vuelvan a abusarse de los que trabajan». «No puede ser que los tengamos que llevar a los latigazos», enfatizó.
El Consejo Económico y Social es uno de los ámbitos elegidos para encarrillar la puja distributiva. La firma del Compromiso Argentino por el Desarrollo con sectores empresarios, sindicatos y movimientos sociales fue el primer paso para ir dándole forma al Acuerdo Social. Una de las pocas entidades empresariales que no lo suscribió fue la Mesa de Enlace, sin embargo, lo firmaron dos de sus integrantes, la Federación Agraria Argentina y Coninagro.
El próximo paso será la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social. La constitución de ese ámbito es muy importante aunque no sea una panacea. El politólogo Sebastián Etchemendy explica que «el problema es que los pactos sociales son, por naturaleza, de corto plazo, motorizados decisivamente por actores políticos más que socioeconómicos: esa suerte de “suspensión de la política” y la puja distributiva no puede durar mucho, especialmente en sociedades democráticas. Sirven más para una estabilización inicial que para un manejo sostenido de un crecimiento con inflación razonable».
Por otro lado, el Gobierno relanzó el programa Precios Cuidados, que venció el 7 de enero. El nuevo listado tiene menos productos (310, en lugar de 550) pero más representativos del consumo popular (alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal). Otra diferencia importante es que, en su mayoría, son de marcas reconocidas, permitiendo que funcione como un sistema de precios de referencia.
El Gobierno también deberá monitorear cómo impacta la finalización del IVA «cero» en 13 categorías de alimentos, implementado por el Gobierno anterior tras la derrota en las PASO, hasta el 31 de diciembre del año pasado. En ese contexto, el ministro de Producción, Matías Kulfas, negoció con supermercados/productores limitar el impacto de la suba del IVA. Así, el aumento promedio comprometido rondará el 7%.
