Los recientes preacuerdos alcanzados entre el Mercosur y la Unión Europea y el EFTA despiertan interrogantes acerca de la reglamentación sobre evasión y elusión tributaria y fuga de capitales en ambas orillas del Atlántico.
11 de septiembre de 2019
Bruselas. El canciller Jorge Faurie durante las negociaciones del bloque con la UE. (Thierry Monasse/Getty Images)
El Mercosur, a través de las cancillerías de los países que lo integran, anunció a fines de agosto el principio de acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), una organización integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtesntein, un mercado de 14 millones de habitantes que, sumado al de la Unión Europea, supera los 500 millones. Ambos se publicitan como un tratado de libre comercio, que traerá beneficios directos a tres sectores: bienes industriales, inversiones y servicios, pero nada anuncia acerca de un tema álgido no solo para los países del Mercosur sino también para los europeos: el control de los flujos financieros ilícitos en los bloques.
Las investigadoras del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) Magdalena Rua y Verónica Grondona, junto con el coordinador del Departamento de Economía Política del CCC, Martin Burgos, elaboraron este año un trabajo para los eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea sobre fiscalidad en la UE, y el potencial para la evasión y elusión tributaria y otros flujos financieros ilícitos en el marco del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE. Tomando como base el acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina (ya que no se conocen detalles del tratado Mercosur-UE), los analistas concluyeron que el borrador «parece favorecer débiles regulaciones en materia fiscal, financiera y comercial; se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados. Al mismo tiempo podría limitar la posibilidad de listar las guaridas fiscales, y tomar medidas contra ellas en materia fiscal y prevención del lavado de dinero, si éstas se encuentran en alguno de los dos bloques que firman el acuerdo». Dato alarmante si se tiene en cuenta que «los países del Mercosur a 2017 tienen un stock de riqueza financiera offshore superior a los 853.700 millones de dólares, y de manera similar, el stock de algunos países de la Unión Europea supera los billones de dólares (Luxemburgo, 12,6 billones y Países Bajos, 10,1 billones)». Tanto para Grondona como para Burgos, la trasnacionalización de las firmas brasileñas y argentinas debe alertar a los Gobiernos sobre los flujos de capitales con sus sedes, «porque son maneras de fugar divisas a través de los precios de transferencia, y estos acuerdos pueden hacer mucho más simple la movida financiera».
