Economía

El fondo del pozo

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Las primeras medidas del ministro de Energía y la fuerte caída del precio del petróleo plantean un escenario de cambios en el reparto de la renta sectorial y nuevos desafíos para YPF.

 

Vaca Muerta. El yacimiento tiene una extensión de 30.000 km2, uno de los mayores reservorios de crudo no convencional del mundo. (AFP Photo/YPF/Scilipoti/HO)

El drástico giro en la política energética nacional, sumado a la estabilización del precio del petróleo en apenas una quinta parte del nivel promedio del último decenio, abrieron serios interrogantes en cuanto a los planes de YPF. La empresa estatal debe desarrollar ahora en un contexto interno y externo más desfavorable sus planes de exploración y explotación, especialmente en los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Mientras, quedaron desplazados los objetivos de «soberanía y autoabastecimiento» propuestos por el anterior gobierno.
Si bien a mediados de enero la petrolera logró un nuevo acuerdo para continuar los trabajos en Vaca Muerta –esta vez con la estadounidense American Energy Partners LP (AELP), por 500 millones de dólares en tres años– el déficit local continúa. Lo cual dará lugar a una operación impensada: la importación de gas desde Chile, país al que se exportó el fluido en condiciones ruinosas durante más de un lustro, hasta 2004.
Los analistas toman nota de la factura reducida que debe pagar el Estado para importar un insumo hoy abaratado. Pero al margen de la situación coyuntural, no pocos dudan del freno (o la directa reversión) de los esfuerzos realizados desde abril de 2012, con la recuperación de YPF, para paliar los daños provocados por los programas de privatización y desregulación del sector desde comienzos de la década del 90 del siglo pasado.
Una de las primeras medidas del ministro de Energía (el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren) fue la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, creada al retomarse el control estatal de YPF. La decisión «carece de toda lógica que no sea la del cartel petrolero privado que ahora dirige al sector», dice Federico Bernal, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).
El especialista explica que «en el último trienio, gracias a la activa participación de YPF, se lograron frenar las tendencias declinantes en la producción petrolera nacional, que se venía manifestando sin interrupciones desde 1999, y en gas natural desde 2005. En el mismo lapso no solo se frenó la caída de las reservas comprobadas de hidrocarburos, sino que hasta se consiguió aumentarlas».
De acuerdo con el Informe económico mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) de enero de 2016, «la extracción de gas en pozos aumentó en noviembre último 5% en relación al mismo mes de 2014, donde se destaca la mayor producción de gas de YPF (+6,1%). Para los primeros once meses del año, la extracción de gas en pozos subió un 3,7% respecto a los primeros once meses del año 2014, impulsado por la extracción de YPF, que creció un 10,6% para el mismo período». En tanto, «la extracción de petróleo en pozos disminuyó en noviembre de 2015 un 0,3% respecto a noviembre de 2014, a pesar de la mayor producción de YPF del 0,8%, para el mismo periodo. Para los primeros once meses del año la extracción de petróleo total disminuyó un 1,4% respecto a los primeros once meses del año anterior, mientras que la extracción de YPF creció un 2,4%».
La desregulación, según Bernal, se debe «a la presencia de las empresas petroleras al frente de Energía, en una suerte de inédito cartel con rango ministerial». Lo cierto, agrega, es que el fin de la comisión eliminó el control ejercido por el Estado y suprimió el rol de empresa testigo de YPF.
«Hoy –advierte Bernal– se permite a las empresas privadas fijar los precios de los hidrocarburos y sus derivados, así como las tarifas de luz y gas (todos tendientes a la dolarización); se habilita una baja de inversiones y la maximización de ganancias».

 

Rumbos
A medida que pasen los días, anticipan los analistas, se verá con claridad el contraste entre el rumbo elegido y el que se truncó en diciembre. Otro especialista de Oetec, Lucas Schneider, reseña las características de la actividad
Desde la recuperación de YPF, la Ley 26.741 (de mayo de 2012) contempló la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. Luego, el decreto 1.277 (de julio de ese año) creó la hoy disuelta comisión; entre sus objetivos figuraba: asegurar y promover las inversiones necesarias para mantener, aumentar y recuperar reservas que garanticen la sustentabilidad de corto, mediano y largo plazo de la actividad hidrocarburífera, y para garantizar el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos.
Se alentaba además la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales, a la vez que se procuraba «asegurar el abastecimiento de combustibles a precios razonables, compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía local, la rentabilidad de todas las ramas de la producción y los derechos de usuarios y consumidores».

Reclamo. Trabajadores petroleros
protestan en Comodoro Rivadavia.
(Sindicato Petróleo Chubut)

A partir de entonces se pusieron en marcha un conjunto de acciones: el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, lanzado en enero de 2013; el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida (Plan Gas) ejecutado en noviembre de 2013; y el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo, implementado en febrero de 2015.
El plan Gas específicamente –evalúa Schneider– permitió a las empresas petroleras contar con un estímulo de precios, atado a la concreción de inversiones, para incrementar la producción. Las compañías que adhirieron a este plan representaron más del 80% del total de la producción de gas natural del país, entre ellas YPF, Pan American Energy, Total Austral, Wintershall, Sinopec, ENAP, Pampa Energía, Roch y Petroquímica Comodoro Rivadavia.
Las metas de inversión del Plan Gas fijadas para el período 2013-2017 contemplaron una inyección adicional de 20 millones de metros cúbicos diarios, con 10.600 millones de dólares de inversión y 16.000 millones de ahorro de divisas. No obstante, la indefinición del gobierno nacional en esta materia y la probable discontinuidad de los planes hace prever que los compromisos productivos se transformen en decisiones autónomas de las empresas, pronto traducidas en una mayor captación de la renta sectorial.
Un menor movimiento de equipos en los pozos provinciales, y una baja en el nivel de inversiones de Chevron, con todo, se compensaría con otros proyectos, sustentados en los nuevos precios en boca de pozo. Son inminentes, además, definiciones de la malaya Petronas y de la rusa Gazprom, tras los acuerdos arribados con YPF.

 

Despidos
Los buenos negocios de las compañías podrían contraponerse con una más que probable crisis laboral en las zonas productoras. En la cuenca del golfo San Jorge, en Neuquén, ya advirtieron sobre el alto riesgo de despido de 4.500 trabajadores. Si bien las autoridades esperan que se mantenga el nivel de perforación e inversiones del año pasado, todo depende de los planes de YPF, que eventualmente se ralentizarían ante el crítico panorama internacional.
Más apremiante es la situación en Chubut, donde empresas y sindicatos rubricaron un acuerdo de siete puntos con reclamos al gobierno nacional, para que tome las medidas necesarias para evitar un conflicto de gran magnitud. Frente a la abrupta baja del precio del crudo a nivel internacional se respaldó el esquema transitorio de valores internos. Sin embargo –advirtieron los trabajadores y ejecutivos chubutenses– el esquema definido no alcanza al precio del barril de exportación de petróleo, «lo cual generará una caída significativa de la actividad, con las consecuencias sociales que esto implica».
La mecha la encendió Tecpetrol, del grupo Techint, al anunciar que reducirá sus actividades en un 40%. De este modo puso en riesgo directo más de 400 empleos, cifra que puede elevarse a los 3.450 con las decisiones adoptadas por otras operadoras, que producirán además un efecto cascada sobre las empresas de servicio (pymes), de no modificarse el panorama.
El gobernador chubutense, Mario das Neves, insiste en que el Estado nacional debe subsidiar a las petroleras para que sigan exportando. De este modo, sindicatos y gobierno provincial respaldan a las empresas, pese al beneficio que ya reciben tras la devaluación cercana al 40% y venden combustibles al mercado interno a valores que duplican las cotizaciones internacionales.
El argumento de la baja de precio internacional se suma así al cambio en las reglas de juego con un mismo objetivo: reforzar la rentabilidad empresaria a pasos acelerados.

Daniel Víctor Sosa